La juez que investiga contratos del SAS cita como investigado al director Económico de Compras en Cádiz el 28 de abril

La juez de Instrucción de Cádiz que mantiene abiertas unas diligencias previas por supuesto delito de malversación en relación a los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por el procedimiento de emergencia, tras una denuncia de Podemos, ha citado a declarar como investigado a Demetrio González, que es director Económico Central de Compras del SAS en la provincia gaditana. En concreto, Demetrio González ha sido citado para declarar el próximo día 28 de abril a las 9,30 horas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, según se recoge en una providencia de la jueza con fecha del pasado 4 de abril. La providencia deja "sin efecto" una citación ya prevista de dicho responsable del SAS "en calidad de testigo", y la sustituye por esta nueva "en calidad de investigado" para el próximo 28 de abril.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla mantiene abierta otra causa al hilo de una denuncia de los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz también por supuestas irregularidades en contratos del SAS entre los años 2021 y 2024 por presunto uso indebido del procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19. Dicho juzgado mantiene como investigados en dicha causa a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Ratificación

La semana pasada dos interventores de la Junta de Andalucía ratificaron en el juzgado los informes que detectaron un fraccionamiento indebido de contratos menores del SAS en la provincia de Cádiz por valor de 235 millones de euros, según fuentes próximas al caso. Los dos interventores, José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, declararon el pasado miércoles como testigos ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García, que investiga estos hechos a raíz de una denuncia de Podemos.

Dicha formación política basó su denuncia en informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, según relató al juzgado, habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistema 91,9 millones de euros (el 46,49% del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros (el 33,2% del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2% del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9% del total de contrataciones. En esta provincia se firmaron, por ejemplo, 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.

Ademas la denuncia señalaba que los informes apuntaban a irregularidades en las prórrogas de contratos de servicios concertados. Los juzgados de Sevilla que recibieron esta denuncia las remitieron a los de las distintas provincias.

La juez dejó sin efecto la personación de la Junta en el caso como perjudicada, por lo que queda como responsable civil subsidiaria, atendiendo a la última solicitud de la administración andaluza.

En la sesión de la semana pasada, según las mismas fuentes, la defensa de la Junta ha puesto en cuestión los informes de Intervención en los que se ha basado la denuncia y ha pedido que la causa investigue el fraccionamiento de contratos y no las prórrogas forzosas de contratos de servicios.

Además, ha pedido que Podemos, denunciante de los hechos, quede fuera del proceso como acusación popular, petición que no ha sido admitida, según las mismas fuentes.