La Junta acaba con 1.581 millones de euros de más, pero sólo los puede destinar a pagar deuda

No es que le sobren, pero la Junta de Andalucía ha cerrado el año 2024 con 1.581 millones de euros de superávit, una cantidad nada despreciable, el 0,74% del PIB andaluz. Sin embargo, el Gobierno de Juanma Moreno no podrá destinar ese sobrante a servicios públicos o a infraestructuras, sino que está obligado a gastarlo en rebajar su endeudamiento, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este texto, aprobado durante uno de los mandatos de Mariano Rajoy, embrida el gasto de las administraciones públicas en tiempos de bonanza para evitar los excesos de la burbuja financiera de principios de este siglo. Los Fondos Europeos y la explosión de compra-venta de viviendas están detrás de este resultado que muestran un tiempo excepcional de la economía andaluza y española.

A la consejera de Hacienda, Carolina España, le han salido las cuentas muy por encima de lo esperado. Debía cerrar 2024 con un déficit cero, pero ha acabado con esos 1.581 millones de euros de más. No se trata de inejecución presupuestaria, buena parte de ello se debe a una actualización de los Fondos Europeos, a un ajuste contable si se prefiere ahora que se cerraba el plazo de ejecución, pero una porción proviene del incremento del negocio inmobiliario, que se traduce en un aumento de la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Si 2023 fue algo peor de lo esperado, debido a un efecto contrario de los Fondos Europeos, 2024 ha sido excepcional, pero todo se deberá gastar en la deuda.

El superávit de la Junta indica una buena gestión, pero también que su situación es menos mala de la que Juanma Moreno ha descrito en algunas ocasiones para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que acabe con el déficit de financiación de Andalucía. El conjunto de las comunidades autónomas ha acabado con menos déficit, pero muchas siguen en números rojos y, en especial, las peor financiadas: la Comunidad Valenciana y Murcia. Al cierre de ejercicio, Valencia registró un déficit del 1,68% del PIB. Murcia, otra de las autonomías maltratadas, terminó con un desajuste del 1,11%. Andalucía se salva.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el déficit de los servicios públicos que Juanma Moreno viene denunciando se mantiene, porque el dinero del superávit no se puede destinar a la sanidad, a la educación o a las infraestructuras. El sentido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que el aumento de este tipo de gasto debe venir respaldado por ingresos más continuos que los de la mera bonanza económica, bien por una subida de los impuestos, bien por un incremento del dinero que las comunidades reciben del Estado a través del sistema de financiación autonómica.

Relacionado con la Ley de Estabilidad también está la llamada regla de gasto, que impone que los aumentos de gastos de las administraciones públicas no pueden ser superior al crecimiento del PIB a medio plazo. El Gobierno andaluz sostiene que en 2024 ha cumplido con esta regla, que se calculó en el 2,6%.

Esta regla de gasto es la que se encuentra también detrás de las dificultades que tendría la Junta para gastar en servicios públicos el dinero resultante de la quita de la deuda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido la comunidad autónoma una condonación de 18.791 millones de euros, el 47% del total contraído con el Estado y los bancos, y que reportaría un ahorro de 1.400 millones de euros a lo largo de los años.

Carolina España mantiene su oposición a aceptar esa condonación porque la entiende como un facilitador para que María Jesús Montero no acometa la reforma pendiente del sistema de financiación autonómico. Uno de los argumentos del rechazo es que esos 1.400 millones de euros no se podrán gastar en servicios públicos, tal como ha sostenido la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) en un comunicado que, sin embargo, se presta a distintas interpretaciones.

Es cierto, tal como explica la Airef, que los intereses de la deuda no computan a la hora de calcular uno de los factores de la regla de gasto, pero los 1.400 millones de euros suponen un ahorro acumulado, una cantidad que ya no necesitará de ingresos para ser saldada. Será el presupuesto de la Junta de cada año y de cómo se calcule la regla de gasto los que decidan si ese ahorro se transformará o no en servicios públicos. En cualquier caso, esto no soluciona la infrafinanciación de la Junta. Hay otro factor, la regla de gasto está suspendida como obligación comunitaria desde la invasión de Ucrania, figura sólo como recomendación y aún se desconoce cómo se retomará.

En lo que sí se traduce tanto el superávit fiscal como la condonación, si la Junta la llegase a aceptar, es una mejora de la solvencia económica de la administración autonómica y en las ventajas para los nuevos endeudamientos. Andalucía ya ha comenzado a financiarse en los mercados privados, y ha dejado atrás los tiempos en los que sólo podía hacerlo a través del Fondo de Liquidez Autonómica, ideado por el Gobierno central para salvar a las comunidades de la quiebra financiera que hubiera supuesto la Gran Recesión. La deuda total de la Junta se calcula ahora en 40.629 millones de euros.

El compromiso de España con Bruselas es que los presupuestos públicos deben tender al equilibrio entre ingresos y gastos y, de hecho, este factor se introdujo en la Constitución como consecuencia de la Gran Recesión. Sin embargo, la crisis posterior a la pandemia del Covid llevó a una relajación de la norma que se acaba en los próximos ejercicios. La Junta sólo había presupuestado el déficit cero en 2018, cuando se vivía en plena burbuja inmobiliaria y los ingresos se tradujeron en un superávit de las operaciones corrientes de 1.900 millones de euros. Posteriormente, en 2020, antes del estallido del Covid (los Presupuestos se elaboran en octubre), se volvió a anotar un equilibrio de las cuentas.