La Junta alerta de que la falta de cuentas del Estado merma las políticas sociales

La polémica por la decisión del Gobierno central de no presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año 2025 por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados para poder aprobarlo va más allá del intercambio de descalificaciones políticas entre los principales responsables de las administraciones. Porque todos los implicados están calculando el impacto real que tendrá la prórroga de las cuentas del año 2023, las que están vigentes ahora, en la prestación de los servicios públicos.

El Gobierno andaluz pone el foco en las políticas sociales y la principal merma la sitúa en la atención a la Dependencia. Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, la no aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado supone una reducción de 400 millones de euros para Andalucía que están comprometidos en el Pacto de Estado por la Dependencia.

A esto se suma el que los indicadores públicos no se revalorizan como sucede con el IPREM, un valor que sirve de referencia para el cálculo de algunas prestaciones sociales. Hay también varias medidas de corte social que necesitan de financiación para poder desarrollarse como sucede, por ejemplo, con la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas, la Ley de atención a los enfermos de ELA o la puesta en marcha de viviendas en alquiler social.

El Ministerio de Hacienda pone cifras encima de la mesa. Según sus datos, Andalucía ha duplicado el dinero que ha recibido en las conferencias sectoriales, que son las que toman las decisiones de las políticas sociales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, como la inmigración, la dependencia o la educación. Sólo en 2024, Andalucía ha recibido 1.124 millones de euros como resultado de esas conferencias sectoriales, mientras que en el último año de Mariano Rajoy, el Gobierno de España transfirió a Andalucía a través de las distintas conferencias sectoriales 580 millones.

Las inversiones

La Junta defiende que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado anula la posibilidad de nuevas inversiones estatales, incluidas las territorializadas. Sólo se podrán completar las que ya estuviesen iniciadas y apareciesen recogidas en las cuentas de 2023, que son las que están en vigor. Hay que tener en cuenta que las principales inversiones del Estado se programan para varias anualidades por lo que los proyectos ya en marcha no se frenan.

El Ministerio de Hacienda argumenta que desde que Pedro Sánchez está en el poder, las inversiones del Estado han aumentado en Andalucía hasta 2.261 millones de euros al año, lo que supone un crecimiento del 36,2% con respecto al último Gobierno de Mariano Rajoy. Las cuentas vigentes cumplen además con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge que el Estado debe invertir en Andalucía un porcentaje acorde con la población de la comunidad autónoma, una premisa que siempre ha sido una reivindicación de los gobiernos andaluces.

Uno de los principales frentes políticos entre ambas administraciones se refiere a las entregas a cuenta que el Estado envía a las comunidades autónomas dentro del actual sistema de financiación y que sirve para sufragar los servicios públicos autonómicos. El Gobierno de Pedro Sánchez planteó aumentar estas entregas en 1.800 millones para la comunidad autónoma andaluza y en 200 millones de euros para los ayuntamientos de la comunidad, pero lo incluyó en el decreto ómnibus que también incluía la cesión del palacete de París sede del Instituto Cervantes al PNV, la revalorización de las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional y también el impuesto a las energéticas. El Congreso, con el voto del PP, votó en contra de dicha norma por lo que no se actualizó el dinero para las autonomías.

El Gobierno modificó ese decreto para poder aprobar la subida de las pensiones pero dejó fuera el incremento de las entregas a cuenta por lo que no ha entrado en vigor. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha cifrado en 836 millones de euros el dinero que Andalucía ha dejado de percibir en los tres primeros meses del año. Según defiende, el Gobierno deberá aprobar un real decreto para actualizar estas entregas a cuenta. En el año 2019 lo hizo en noviembre por lo que las comunidades recibieron los fondos con once meses de retraso. En el año 2024, el real decreto para estos pagos se aprobó en elmes de julio y el dinero no llegó hasta septiembre.

El déficit

Hay otro dato más. El Gobierno de Pedro Sánchez planteó al Congreso de los Diputados aumentar el objetivo de déficit lo que se traduciría directamente en 800 millones de euros más de capacidad de gasto para Andalucía, por la vía del endeudamiento.

Una propuesta que también rechazó el Congreso de los Diputados y que se produjo en plena polémica por la quita de la deuda autonómica que ha ofrecido el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas. Sobre todo porque ese aumento del déficit sólo se podría hacer aumentando los créditos que piden las comunidades autónomas.