La Junta de Andalucía pide al Estado unas reglas claras de la inversión por comunidades

Los dineros de las comunidades autónomas siguen estando en el centro de la polémica política. Una vez pasado el primer escollo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró a finales de febrero con el plante de los consejeros del PP y la aprobación de la propuesta de María Jesús Montero para la condonación de la deuda, el Ministerio de Hacienda quiere dar el siguiente paso.

Y ese paso es la reforma del sistema de financiación autonómica que Montero insiste en que está sobre la mesa a la espera de las alegaciones de las comunidades que tienen de plazo hasta este 14 de marzo. También aquí hay una batalla por el relato entre el Gobierno central y los autonómicos. Desde el ministerio defienden que han enviado un primer documento que se centra en los criterios para establecer la población ajustada, que es el parámetro principal para calcular el reparto de los fondos del Estado en el territorio, mientras que desde el Gobierno andaluz sostienen que es la misma propuesta que recibieron en 2021 y que las alegaciones las presentaron en enero de 2022.

Así, la Junta se remite a esa mismas alegaciones porque consideran que no ha cambiado nada del fondo del asunto y, por lo tanto, mantienen su misma postura. Cuando el Ministerio de Hacienda reciba todas las propuestas de las comunidades, se volverá a reunir el comité técnico para analizarlas.

“Por una financiación justa y suficiente”

En un documento titulado “Por una financiación justa y suficiente” Andalucía desarrolla sus demandas para modificar el actual sistema de reparto de los fondos del Estado para que las autonomías puedan financiar los servicios públicos que prestan a sus ciudadanos.

Es conocido que la principal demanda de la Junta de Andalucía, que repite el presidente andaluz Juanma Moreno y todos sus portavoces, pasa por un fondo transitorio de nivelación para las autonomías que están en las peores condiciones hasta que se apruebe otro modelo de reparto del dinero común a los territorios.

Las reclamaciones del Gobierno andaluz incluyen otros parámetros que también están encima de la mesa tras las negociaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los socios independentistas. Así, la Junta defiende que aunque no está directamente relacionado con el Sistema de Financiación de las Autonomías, “sería aconsejable establecer unos mecanismos objetivos y transparentes de distribución de las inversiones entre las distintas comunidades autonónomas”. Desde la Junta consideran que estas inversiones tienen un impacto importante y directo en el PIB de las comunidades. Esta transparencia también la reclaman para la distribución de los fondos europeos.

Hay que tener en cuenta que esta demanda del Gobierno andaluz casa directamente con la que plantean desde los grupos independentistas catalanes, que afirman que Cataluña aporta más fondos a las arcas estatales que las inversiones que recibe. Desde la Junta consideran que con esta propuesta de transparencia, se acabarían estas tensiones. Claro que una cosa es lo que se plantea sobre el papel y otra muy distinta las inversiones reales ejecutadas, que sería la segunda parte de esta demanda.

Esta misma semana, el portavoz de Junts exigía al Gobierno central la inversión de 50.000 millones en concepto de “deuda de infraestructuras” para negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Reglas fiscales

Andalucía también plantea que se establezcan mecanismos de penalización y/o de premios para las comunidades dependiendo del cumplimiento o no de las reglas fiscales establecidas, para aplicar criterios de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Se pretende con esto controlar el nivel de deuda de las autonomías, que es uno de los problemas del sistema de financiación actual.

En Andalucía hay dudas sobre el papel que va a tener la población ajustada en el nuevo modelo de financiación autonómica y así se explica en el texto presentado ante el ministerio: “En el documento aportado por el ministerio, se genera incertidumbre ante el papel que va a desempeñar la población ajustada, de manera que sea uno más de los criterios de reparto que el actual Sistema de Financiación Autonómica contempla, dentro de una compleja estructura de fondos, o si, por el contrario, la población ajustada que se acuerde va a constituir el único criterio de reparto en el nuevo modelo, atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente”.

Por eso, la Junta plantea que el Gobierno central se pronuncie sobre la suficiencia financiera de las comunidades, la equidad vertical y también horizontal, los recursos adicionales que se van a aportar al sistema, el mantenimiento o no del status quo, los mecanismos de financiación de las necesidades de gasto, los recursos tributario y la estructura de fondos que va a contener, además de las propuestas sobre suficiencia dinámica, es decir, la evolución del modelo a lo largo de los años para evitar, como ha sucedido con el actual que se pactó en 2009, que el paso de los años perjudique más a las comunidades que menos recursos recibían.