La Junta critica las faltas del Gobierno en la ayuda a la dependencia
La consejera de Inclusión Social estima un "agujero" de la financiación estatal de 205 millones
Loles López avisa de la "insostenibilidad" del sistema y plantea un cambio de modelo en consonancia con la realidad demográfica
El retraso en la prestación para la dependencia sube al año y ocho meses
La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha advertido del "agujero" de más de 205 millones en la dependencia andaluza después de una modificación normativa aprobada en julio de 2023 por el Ministerio de Derechos Sociales que dio curso al incremento de las prestaciones y las horas de ayuda a domicilio. La mejora de estas prestaciones, critica López, no ha estado acompañada de la correspondiente partida de dinero por parte del Gobierno central.
"Están creando un deseo que se va a ver frustrado", sostiene López en una entrevista a Europa Press, en la que destaca la inconveniencia de "ir a golpe de resultado electoral". La consejera se remite al texto de la ley de dependencia, que obliga a las administraciones autonómica y central a sufragar al 50% el gasto en material de dependencia, lamenta que "ningún gobierno" haya cumplido". "No se puede ir a golpe de ocurrencia electoral ni creando derechos sin tener financiación, porque está creando frustraciones", ha advertido.
Sobre el 50% de la financiación en dependencia por parte del Gobierno, ha añadido que es una medida firmada con el País Vasco y Cataluña, "pero no con Andalucía", al tiempo que ha preguntado al líder del Ejecutivo si "considera a las personas dependientes vascas o catalanas de primera y a las andaluzas de segunda" y ha hecho referencia a "los partidos políticos de los que depende su sillón".
La Junta aportó en 2019 en medidas relacionadas con la dependencia un 80,8%, haciéndolo el Gobierno central en el 19,2% restante, según ha recopilado la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Año tras año, la distribución ha ido equilibrándose pese a estar aún lejos del 50% que establece la normativa. En 2020, la Junta aportó el 80,25% y el Gobierno lo hizo con el 19,75%; en 2021 la proporción fue del 75,3% y el 24,7%; en 2022 fue del 66,9% y el 33,1% y en 2023, la aportación resultó del 62,9%, la Junta, y el 37,1%, el Gobierno central.
La demora de la concesión de la ayuda a la dependencia va camino en Andalucía de los dos años, según los datos del Imserso del mes de julio. López apunta en la entrevista con Europa Press a la "infrafinanciación" que sufre el sistema de dependencia andaluz, "el más grande de España", y resalta que la administración andaluza "deja de recibir cada año en torno a 1.500 millones por parte del Gobierno central", un dinero, estima López, "que podrían dedicarse a la dependencia, la sanidad o la educación". López ha aludido a la infrafinanciación de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, que padecen "diferencias abismales" con otras comunidades autónomas..
López reconoce que "queda mucho camino por recorrer y mejorar" en materia de dependencia en Andalucía, aunque ha avisado que "si el Gobierno nos sigue castigando y vamos a pulmón es complicado". López explica que su departamento ha cambiado el modelo después de 13 años de vigencia con objeto de simplificarlo: "La persona dependiente sólo recibirá una visita en su casa, a partir de la cual se hace la valoración y la resolución" del expediente. López considera que el nuevo sistema está en una "etapa de implantación" y que "requiere tiempo".
Los cambios demográficos y los cambios del sistema
López sugiere un posible cambio en el sistema de la dependencia como reto al que se enfrentan las administraciones a nivel regional y nacional. "La pirámide de población está invertida: cada vez nacen menos niños, hay más personas mayores y vivimos más". Ante esta nueva situación demográfica, la consejera insta a los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos autonómicos y central a "sentarnos y replantear el modelo", puesto que "llegará un momento en el que sea insostenible".
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