La Junta dará más facilidades para las promociones de viviendas con más de 200 VPO

La Junta de Andalucía va a incluir las promociones de viviendas protegidas en la Unidad Aceleradora de Proyectos, un programa de la administración que tiene como objetivo agilizar y reducir los trámites de los proyectos empresariales que se consideran estratégicos y que funciona como una suerte de ventanilla única para los empresarios privados. Y para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno la construcción de nuevos pisos de protección oficial es lo suficientemente importante como para que la administración haga un esfuerzo extra.

Desde el Gobierno andaluz se argumenta que el problema de acceso a la vivienda en Andalucía (y en toda España) se puede paliar con la construcción de más viviendas, de manera que el mercado baje el precio y los jóvenes y colectivos más vulnerables tengan acceso a los mismos.

Estas facilidades burocráticas y administrativas estarán destinadas a las promociones de al menos 250 viviendas de protección oficial, VPO; y también a aquellas promociones de más de 500 viviendas de renta libre que cumplan con la reserva legal de VPO que está establecida en el 40%. Es decir, aquellas promociones de viviendas que incluyan más de 200 pisos de protección oficial. Además, para acogerse a esta reducción burocrática de la Junta deberán considerarse medioambientalmente sostenibles según las directivas europeas.

Según ha podido saber este diario, estos beneficios en la tramitación administrativa se aplicarán a aquellas constructoras que destinen las VPO bien al alquiler o bien a la venta.

El objetivo es, claro está, reducir los plazos de construcción de las promociones de viviendas protegidas que ahora no suelen ser menores de dos años.

Ley de Vivienda

El Gobierno andaluz está redactando una Ley de Vivienda para Andalucía que pretende recoger estas novedades además de otras tantas en la tramitación de los proyectos inmobiliarios. El objetivo de esta norma, como ha explicado en varias ocasiones la Consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, es dinamizar el mercado inmobiliario andaluz y garantizar seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas sobre todo de cara al alquiler de las mismas. Pero la normativa está todavía en elaboración por lo que el Ejecutivo autonómico va a aprobar un decreto ley en las próximas semanas en el que se incluirá la simplificación burocrática para los proyectos estratégicos.

El pasado 12 de enero, Alberto Núñez Feijóo aprobó junto a los barones de su partido un programa político común para todas las comunidades en las que gobierna el PP. En el punto 11 de esa Declaración de Asturias, se recoge como objetivo “disponer de más suelo para la construcción de vivienda asequible, fomentar la vivienda protegida y la vivienda en alquiler y agilizar las tramitaciones para la construcción y rehabilitación”.

En ese marco, Juanma Moreno anunció que se podrá construir vivienda protegida en suelos destinados a uso terciario (equipamiento) o turístico, una autorización que deberán dar los ayuntamientos que son los que tienen las competencias urbanísticas pero que tendrán el soporte legal de la Junta de Andalucía. Se excluyen aquellas parcelas destinadas a uso sanitario o educativo.

Está previsto que estas excepciones se incluyan en el decreto ley que llegará al Parlamento de Andalucía en este próximo febrero.

La Junta sentó las bases de su política de vivienda con la Ley de Impulso de la Sostenibilidad Territorial de Andalucía, ley Lista, que permite la construcción de viviendas en suelo rústico siempre y cuando se trata de casas diseminadas y en parcelas de más de 2,5 hectáreas. También está propiciando la legalización de numerosas edificaciones alegales que están repartidas por toda Andalucía y que suponen un problema para los ayuntamientos y para los vecinos por falta de suministros básicos y de un registro de la propiedad adecuado con el uso que tienen. Son viviendas con más de diez años de antigüedad.