La Junta defiende la "reorganización" de la Intervención que toda la oposición considera una "caza de brujas"

Las explicaciones que la consejera de Hacienda, Carolina España, ha dado este miércoles en el Parlamento sobre la crisis de los interventores no han convencido a ningún grupo de la oposición que defiende, en bloque, que el cese de la interventora general y el de otros cinco altos cargos de la Intervención de la Junta, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de la administración pública, se debe a una "reorganización interna". Utilizando el mismo argumento que la ex consejera María Jesús Montero defendió en la misma tribuna y también tras un cese del Interventor General, Carolina España ha explicado que se trata de puestos de libre designación y que su relevo entra dentro de la "normalidad", desvinculándolos de los informes sobre los contratos de emergencia del SAS.

En una comparecencia a petición de los cinco grupos políticos sobre los cambios que se han producido en la Intervención General, la consejera ha querido dejar claro que "nunca antes" la administración andaluza había estado sometida, por iniciativa propia, "a tantos filtros de control ni a tantos procesos de supervisión interna". Carolina España ha detallado que el cese de María Antonia González Pavón como interventora general de la Junta que se produjo el 8 de enero fue "a petición propia y por motivos personales".

Respecto a los posteriores cambios producidos en la Intervención General de la Junta de Andalucía, con cuatro ceses, ha señalado que todos ellos ocupaban "puestos organizativos de máximo nivel, son puestos de libre designación". "Estos cambios, hay que entenderlos dentro del proceso normal de reorganización de los equipos, es decir, hay un nuevo interventor general y tiene derecho a hacer su equipo", ha indicado España, respecto a la llegada de Miguel Ángel Figueroa Teva al frente de la Intervención General.

"Reestructuración" para el Gobierno

"En ningún caso se han producido por motivos disciplinarios", sino que "todos los cambios obedecen a una reestructuración organizativa de la Intervención y a una necesidad de renovar los equipos", ha dicho Carolina España quien ha insistido en que no se ha producido ningún cambio en la Intervención del Servicio Andaluz de Salud que es quien fiscaliza los contratos de emergencia que están bajo la lupa judicial. Eso además de detallar que el Gobierno andaluz está negociando la retribución del nuevo cuerpo de interventores.

"Caza de brujas" para la oposición

Pero los grupos de la oposición en bloque lo ven de otra manera. Todos, desde el PSOE hasta Adelante Andalucía pasando por Vox consideran que se trata de una "caza de brujas" por los informes "molestos" sobre los contratos de SAS que tienen imputados en los tribunales a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud y a sus dos antecesores. La portavoz adjunta del PSOE, María Márquez, ha dicho que la consejera "es experta en medias verdades", y ha considerado que el cese "es una persecución modélica" a quienes están denunciando "irregularidades del Gobierno". "Se les acabó la impunidad. Decente su Gobierno no es", ha dicho.

Un tono similar ha sido el de la diputada de Vox Cristina Alejandra Jiménez, "cuando uno cesa al que le controla es que tiene miedo. Y tiene miedo porque saben que han hecho las cosas mal y temen un castigo", le ha dicho antes de recordarle que la ex interventora general hizo un informe de actuación del año 2022 sobre "un fraccionamiento masivo para sortear la Ley de Contratos, y usted hizo caso omiso".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha afirmado que los ceses en la intervención obedecen a "funcionarios que se niegan a firmar que los burros vuelan y, si no, te enseñan la puerta". "Quieren una Intervención afin, que tengan tragaderas de decir que hacen las cosas bien", mientras que desde Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado que los ceses son "un mensaje a todos los trabajadores: el que habla, cae". Ha alertado de una "ley del silencio, una omertá", y de la "siniestra habilidad" del actual Ejecutivo "de unir sanidad y corrupción".

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha considerado que estamos ante un ejercicio de "revanchismo político, de sacar a Andalucía del carril de la moderación", para plantear que "no hay contenido injusto" tras la investigación del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde el PSOE-A ha planteado la denuncia sobre contratos de emergencia. Ha criticado la ausencia de "propuestas" de la oposición sobre "mejorar la fiscalización previa o el control financiero permanente, o las auditorías de cumplimiento".