La Junta hará por ley un inventario público de todos los bienes de su propiedad

Los andaluces no tienen ahora manera de conocer cuáles son todas las propiedades de la Junta de Andalucía. No existe si quiera un inventario actualizado con todas las propiedades públicas. Por eso el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Patrimonio que pretende poner orden y también mejorar la gestión del patrimonio público en lo que se refiere a edificios, solares, dependencias... pero también bienes fungibles como vehículos o equipamiento informático, que no podían reutilizarse. Con esta norma se les podrá dar otro uso cediéndolo a instituciones con fines educativos como los talleres de formación.

Esa falta de organización provocaba también la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas. Ahora, los ayuntamientos y las entidades sociales van a conocer los inmuebles de la Junta que están en su territorio y cuya cesión van a poder solicitar.

Respecto al articulado del texto, la norma establece la definición del Patrimonio de la Comunidad Autónoma en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea el título de adquisición. Se contemplan además mecanismos para garantizar la conservación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad autónoma andaluza. Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, eliminando gasto superfluo y en el del parque móvil de la comunidad.

De la misma manera, al incorporar herramientas digitales y simplificar determinados procedimientos, pretende optimizar los recursos públicos y privados disponibles, al eliminar duplicidades y asegurar una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes en la actualidad que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.

La ley prevé la la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, integrada dentro de su portal web, que centraliza toda la información sobre las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la Junta de Andalucía, de modo que los ciudadanos e interesados sólo tengan que acudir a un único lugar para acceder a toda la información. También se detallan los procedimientos de publicidad y concurrencia facilitando los concursos públicos e introduciendo el procedimiento negociado. Asimismo se incluye como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.

La Consejería de Economía subraya además que la nueva norma es pionera en implantar los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles que pertenezcan al sector público andaluz y se hayan quedado obsoletos, estén deteriorados o en desuso, o sean antieconómicos, en consonancia con la Ley andaluza de Economía Circular.

En ese sentido, se apuesta por la reutilización interna, con mecanismos como la bolsa de segunda oportunidad, que permite extender la vida útil de los bienes que ya no son aptos para cumplir su función ordinaria, como por ejemplo un vehículo que tras quedar no apto para su circulación, sea destinado a usos educativos; el restablecimiento del rendimiento y funcionalidad de los bienes y sus componentes; la oferta pública permanente o la cesión gratuita a otras administraciones para su reutilización o, en su defecto, a entidades gestoras de residuos que se comprometan a su tratamiento para la reutilización, reciclado o valorización de sus componentes o, depósito y destrucción.

La nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.