La Junta impulsa una ley de ciencia para incentivar la inversión privada

El objetivo es incrementar la inversión privada en ciencia y tecnología y fomentar la conexión entre las universidades andaluzas y las empresas. Y para facilitar esa colaboración público-privada en financiación y mecenazgo, se van a aprobar reducciones fiscales. Todo esto está incluido en el anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), que este martes ha aprobado el Consejo de Gobierno y que podría estar aprobada a finales de 2025, una vez que finalice su tramitación parlamentaria.

 Así lo ha explicado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos quien no ha detallado en qué van a consistir esas reducciones fiscales pero que buscarán "hacer interesantes las inversiones científicas" a fin de que la investigación se traduzca en innovaciones y éstas, "en riqueza". Una de las principales novedades que aporta este texto y que sustituye a la actual ley de Ciencia que es de 2007, es que va a permitir la movilidad de científicos desde el sector público al privado sin que tengan que "desvincularse" de lo público pidiendo excedencias para ejercer otra actividad, tal y como sucede hasta ahora. El Gobierno andaluz entiende que esta situación supone la descapitalización de las universidades.

Excelencia ha sido la palabra más utilizada por el consejero de Universidad durante la explicación de la nueva ley. En este sentido, la norma va a activar el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica regional mediante una certificación oficial basada en indicadores "objetivos y homologables". Dicho sistema estará integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada, las unidades de Investigación Competitivas y las unidades de Excelencia de Investigación, así como aquellos agentes del sistema del conocimiento que hayan obtenido el certificado correspondiente. Este instituto será una entidad diseñada para "captar y retener" el talento científico nacional e internacional, y según ha explicado el consejero será un "puente" entre la investigación básica y la aplicada, promoviendo proyectos en áreas estratégicas y tendrá la capacidad de atraer a investigadores de renombre mundial para "fortalecer a Andalucía como polo de investigación internacional".

 Por su parte, las unidades de Excelencia y las de Investigación Competitiva tienen por finalidad fomentar la investigación excelente mediante estructuras, "fundamentalmente de las universidades", que potencien y mejoren la colaboración multi e interdisciplinar entre investigadores que trabajen en una temática de las recogidas en la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación u otras herramientas de planificación estratégica vigentes.

 Su reconocimiento se llevará a cabo a través de un sistema de acreditación que se concederá tras un proceso competitivo y estará avalado por comités científicos formados por expertos internacionales y nacionales e independientes. Estas estructuras tendrán una consideración de alto nivel y gozarán de una financiación exclusiva para desplegar un plan estratégico que les posibilite "situarse a la vanguardia" y acceder a medio plazo a ayudas estatales de prestigio como las María de Maeztu o las Severo Ochoa.

Los tecnólogos

 Se configuran además dos nuevas figuras. La primera hace referencia al denominado personal tecnólogo, con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación; y la segunda define al colaborador científico de la Junta. En este último caso, podrá serlo cualquier investigador que pueda adscribirse "temporalmente" a la administración autonómica o a sus entidades dependientes o vinculadas con funciones de planificación, soporte o financiación de la investigación, para colaborar en tareas de elaboración, dirección, gestión o evaluación de los planes y programas de I+D+I.

 De igual modo, la Ley propone mejorar la gobernanza del sistema con la creación de tres órganos. La Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía; el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía será un órgano consultivo de reflexión, debate y asesoramiento; y el Comité para la Integridad Científica de Andalucía.

Oficina asesora en el Parlamento

 La norma también creará la Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en la que estará integrado el personal investigador que ejerce sus labores fuera de España, todo ello, en estrecha colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex). En este campo, se fomentará la participación de la región en proyectos europeos como Horizonte Europa y se reforzará la presencia en grandes infraestructuras internacionales, como el proyecto Ifmif-Dones en Granada.

 La divulgación científica es otro de los aspectos en los que profundiza la norma, que plantea un plan específico de ciencia abierta y la puesta en marcha de la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento de Andalucía para propiciar el diálogo y el conocimiento de la actividad que en I+D+I se lleva a cabo en Andalucía entre los distintos grupos políticos. Se encargará de ofrecerles informes con rigor científico que les facilite tomar decisiones y el Gobierno lo va a encargar a la Fundación Descubre.