La Junta pone 21 millones para los complementos de los docentes y técnicos en las universidades

La Junta de Andalucía y los rectores de las universidades han llegado a un acuerdo para la financiación extraordinaria del sistema público universitario para 2025 tras meses de un duro conflicto que podía haber terminado en los tribunales. Este jueves, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, anunciaba la firma del acuerdo al tiempo que también lo hacían públicos los rectores respectivos.

En términos generales, el conflicto se cierra con 21 millones de euros que la Junta pone a disposición del sistema público universitario andaluz para abonar los complementos de los profesores y del personal técnico durante este año 2025. De hecho, el primer pago se realizará en este mes de marzo, y el segundo se abonará en octubre. Los complementos que se adeudan del año 2024 se irán abonando en los años sucesivos según ha anunciado el consejero, "porque así lo han decidido los rectores". El acuerdo incluye que esta cantidad se mantendrá estable durante los años que dure el actual modelo de financiación, firmado hasta 2027, y que en todo caso podría subir si se estima necesario.

Gómez Villamandos ha detallado también que se trata de una cuantía variable ya que hay que sumar los trienos de los profesores, la salida de quienes se jubilan y también los que van adquiriendo nuevos derechos. El acuerdo cumple lo convenido en materia de personal en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, celebrada en junio de 2024 y donde se respaldó el pago tanto de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) como de los compromisos adquiridos con el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). El cálculo definitivo de esta financiación será auditado y verificado por las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Investigación e Innovación en base al ya acordado para determinar el crecimiento vegetativo de la plantilla universitaria de carácter público.

En lo que respecta al resto de cuestiones pendientes planteadas por los rectores y que afectan al sistema universitario, el acuerdo establece que deberán ser tratadas en una comisión técnica de trabajo creada a tal efecto. Dicho órgano tendrá que constituirse y alcanzar un acuerdo durante este primer semestre del año con el objetivo de que esos aspectos queden solventados para el periodo que resta de aplicaciónn del modelo de financiación universitaria, que estará vigente hasta 2027. Por otro lado, se convocará de forma inminente la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, en la que además de los representantes de las instituciones académicas también están representadas las organizaciones sindicales, para explicar los pormenores del acuerdo.