La Junta prepara el recurso ante el Constitucional contra el reparto de menores inmigrantes

Los servicios jurídicos de la Junta ya están estudiando el recurso de anticonstitucionalidad que el Gobierno andaluz puede presentar ante el Tribunal Constitucional contra la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el reparto de 4.400 menores inmigrantes que el PSOE ha pactado con Junts a nivel nacional. Según han explicado fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno, la decisión final de acudir al tribunal de garantías aún no se ha tomado, pero se puede dar por hecha. Pero, además, la Junta también baraja recurrir algunos aspectos de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, ya que el control compartido de las fronteras entre la Guardia Civil y Mossos trascendería a las otras comunidades.

La tesis del Gobierno de Juanma Moreno, el más templado de las comunidades gobernadas por el PP, es que se aceptará la redistribución de los menores inmigrantes porque Andalucía "es una tierra de acogida", pero se opondrá a la modificación de la ley porque se ha realizado sin consultar con las comunidades y porque invade las competencias sobre tutela de la infancia que se recogen en el Estatuto de Autonomía.

En la Junta han contemplado con asombro cómo el Gobierno central se hacía el remolón ante la acogida a la que le ha obligado el Tribunal Supremo de otros 1.008 menores que se encuentra en Canarias y que han solicitado el asilo o han formulado su intención de hacerlo de un modo oficial. Para la Junta es una prueba de que la redistribución no se puede "hacer de la noche a la mañana", que es lo que el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, ha argumentado frente a la imposición del Supremo. De hecho, la Abogacía del Estado estuvo esperando hasta el viernes pasado para presentar un recurso contra esta medida del alto tribunal.

Aunque las competencias en materia de infancia son autonómicas, el Supremo entiende que es el Gobierno el que debe de hacerse cargo de los menores si están en situación de desamparo y han solicitado el asilo. Finalmente, el Ejecutivo central se hará cargo de ellos.

Pero el asunto por el que la Junta irá al Constitucional es distinto. Es el reparto de otros 4.400 menores que se encuentran en Canarias y Ceuta, y la modificación de la Ley de Extranjería que permitirá repartirlos con unos criterios que dejan a Cataluña muy bien parada. Esta modificación tiene forma de real decreto ley, ya pasó por el Consejo de Ministros y este mes se debe aprobar en el Congreso. La reforma del artículo 35 de la ley permitirá al Ejecutivo central llevar a menores migrantes a otras comunidades procedentes de otra si ésta se encuentra en situación crítica.

El criterio de la distribución obedece a varios parámetros técnicos, pero sorprende que, con los primeros cálculos, Andalucía recibirá 796 menores, Madrid, 806, y Cataluña, sólo 27. La clave de estas asimetrías es que se tiene en cuenta los menores que ya están en cada comunidad. Sin embargo, Andalucía ha comunicado esta semana al Gobierno que es la que más menores ha tratado en 2024 por detrás de Canarias, un total de 2.615.

La posición del PP de Andalucía dista mucho de ser la de Vox; de hecho, es uno de los grandes asuntos que separan a ambos partidos. Juanma Moreno ha defendido la acogida, pero ha mostrado en muchas ocasiones a cómo el Gobierno está tratando un asunto que tiene como aliado a Junts, el partido que compite en xenofobia con Alianza Catalana.

Los servicios jurídicos de la Junta han mantenido varias reuniones para analizar la inconstitucionalidad del texto. Las competencias de menores es autonómica. El Gobierno andaluz tiene una red de 6.092 plazas para acoger, tanto a menores nacionales como a migrantes. 2.968 son plazas de residencia y el resto, 3.214, son de acogimiento familiar. Según el dato que Andalucía ha facilitado al Ministerio de Juventud e Infancia, en la comunidad sólo quedan 240 plazas libres, pero son tanto para migrantes como para andaluces. No hay mucho más margen para albergar a los 796 que recibirá mediante la reforma de la ley.

En la Junta sostienen que el mayor problema se producirá en un futuro cercano si siguen llegando menores por las fronteras del sur. Hay que tener en cuenta que cada una de estas personas es tutelada por la administración autonómica hasta que cumple los 18 años, por lo que los residentes irá en aumento si no cesa la entrada. Una de las propuestas que ha hecho el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, es que el Gobierno central se haga cargo de los costes cuando se supere el 100% de la capacidad autonómica.

El real decreto se debe validar este mes en el Congreso. Aragón y Madrid ya han anunciado recursos ante el Constitucional. La Junta puede ir más allá porque según ha sabido este diario también se está analizando recurrir la futura ley orgánica de delegación de competencias de inmigración a la Generalitat.

Esta proposición de ley ha sido registrada en el Congreso por Junts y el PSOE. Aunque la inmigración y el control de fronteras es una competencia del Estado, el Gobierno utiliza el artículo 150.2 de la Constitución para hacer una delegación que permitirá, entre otros, el control compartido de las fronteras por parte de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. La carta magna sostiene que estas delegaciones y transferencias son posibles si "son susceptibles" de ello, y es aquí donde comienzan las dudas constitucionales.

Si una persona entra por una frontera situada en Barcelona, puede viajar, por ejemplo, a Sevilla, por lo que el interés trasciende a otras comunidades autónomas. Éste es uno de los argumentos que se pueden esgrimir ante el Constitucional. El Gobierno andaluz y sus servicios jurídicos están estudiando cada uno de estos casos por separado, pero prepara un bloque de recursos contra las últimas reformas legales relacionadas con la inmigración.