La Junta presenta el recurso en el Constitucional contra la ley de Amnistía

Todos a una. El Gobierno andaluz ha presentado este lunes su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Amnistía que entró en vigor el pasado mes de junio. La ley supone la extinción de todos los delitos cometidos por los independentistas catalanes, a excepción de los de terrorismo, aunque el Tribunal Supremo también considera que la malversación seguiría vigente, a pesar de la literalidad del texto. El Supremo es otra de las instituciones que ha recurrido ante el Constitucional. El recurso andaluz forma parte de la estrategia común de las comunidades gobernadas por el PP contra la amnistía. Este mismo lunes también han confirmado que acuden al Constitucional cinco de los 10 gobiernos regionales populares, aunque se espera que lo hagan todos. El plazo para acudir ante el tribunal de garantías por esta ley termina este miércoles. Una comunidad socialista, la de Castilla-La Mancha, también ha presentado el recurso, en consonancia con lo mantenido por su presidente, Emiliano García-Page.

El Consejo de Gobierno de la Junta se ha reunido de modo extraordinario este lunes para aprobar el documento en un acción cooordinada con el resto de comunidades populares. No obstante, la madrileña Isabel Díaz Ayuso se adelantó al anunciar la medida a primera hora de la mañana en lo que viene siendo una pauta habitual de esta dirigente, que intenta anticiparse a las estrategias acordadas con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Todos a una, que aseguró Feijóo el pasado viernes junto a sus barones, pero una antes que otra. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo confirmó poco antes de media mañana en la inauguración de una sede judicial en Lucena.

El escrito del Gobierno andaluz también solicitá la recusación de tres magistrados: Cándido Conde Pumpido, su presidente, el andaluz Juan Carlos Campo y Laura Díez. Juan Carlos Campo, anterior ministro de Justicia, ya anunció la semana pasada que se abstendría en los debates y resultados del Constitucional sobre la amnistía, debido a que durante su paso por el Gobierno se manifestó en contra de una primera amnistía solicitada por los grupos independentistas en el Congreso. La abstención de Campo no altera la mayoría progresista en el tribunal de garantías. Está previsto que este mismo martes el pleno del Constitucional acepte la petición del ex ministro.

El Gobierno andaluz considera que se vulneran cinco principios constitucionales: el de la igualdad entre los españoles, la separación entre poderes del Estado, la tutela judicial efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y el veto a la arbitrariedad de los poderes públicos. Cita los artículos 14, 117.3, 9.3 y 24. En su escrito, el Ejecutivo de Juanma Moreno entiende que la ley rompe la igualdad entre españoles al quedar inmunes los delitos para quienes participaron en el proceso independentista; que es es una intromisión del poder legislativo sobre l poder judicial, lo que afecta a la seperación entre estos ámbitos; que se quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico al abrir un espacio de inmunidad, y que se pierde la tutela judicial efectiva de quienes han sido víctimas de los delitos amnistiados.

El argumento esgrimido para recusar a Connde-Pumpido es que el Gobierno andaluz entiende que debe ser apartado "para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos". En los casos de los magistrados Campo y Díez, la Junta de Andalucía señala que ambos han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron "los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia ley".

En el caso de Campo fue anterior ministro de Justicia y Díez ocupó un cargo en el gabinete de Presidencia en Moncola. No se prevé que se acepten las recusaciones de Conde-Pumpido ni de Díez, del mismo modo que el último magistrado en entrar, el conservador, José María Macías, no se apartará, a pesar de que realizó varias declaraciones en medios públicos en contra de la amnistía antes de su incorporación.