La Junta reconocerá que la vivienda turística es una actividad económica y no residencial

Son años, lustros ya, en los que numerosas viviendas han dejado de ser lugares para vivir para convertirse en inmuebles para hacer negocio. Lejos queda el tiempo en que una familia ofrecía una habitación de su casa para que el ocasional turista pasara unos días empapándose de la cultura local. De aquella llamada economía colaborativa se ha pasado a un fenómeno industrial, cada vez más acentuado, en el que las empresas, los fondos de inversión y también ciertos particulares se dedican a invertir en lo que una vez fueron plazas de vivienda para residentes y transformarlas en hostales enfocados al turista. Años después, lustros después, la Consejería de Turismo de la Junta reconocerá en una ley lo evidente, que la vivienda de uso turístico es una actividad económica y no residencial.

Esta nueva calificación permitirá a los ayuntamientos, en base a lo establecido en los planes de urbanismo y en las ordenanzas, restringir los usos no residenciales conforme a lo que consideren un equilibrio social y económico en los municipios. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, estima que la nueva ley de turismo, que empieza a tramitarse como proyecto de ley desde este martes, no llegue al Parlamento andaluz hasta el último cuatrimestre de este año. La ley, por tanto, no entrará en vigor hasta 2026. Hasta entonces tendrán tiempo las empresas y los fondos de inversión para aumentar el volumen de viviendas pensadas para los turistas en detrimento de plazas para la población, con las repercusiones que tiene sobre las necesidades de residencia de la población joven.

La Consejería de Turismo busca con la nueva norma controlar los flujos de turistas para mitigar las "molestias puntuales" que son percibidas en algunos puntos turísticos de Andalucía, principalmente en las grandes capitales, y ha anunciado que "reforzará" los planes turísticos en áreas rurales, un "turismo de interior para dinamizar la economía local". Bernal ha hablado en repetidas ocasiones de la "sostenibilidad" de la actividad turística, un concepto que ha reconocido "manoseado", y ha insistido en materias en las que ha abundado en anteriores ocasiones. La redistribución de los flujos turísticos, así como el crecimiento de las visitas de turistas en la temporada baja, ha sido mencionada por el consejero.

También ha destacado Bernal en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la próxima ley contempla una elevación significativa de las sanciones por infracciones, que incluirá por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o "clandestinos". Las multas "graves" pasarán de los 2.000 euros a los 18.000 euros y en el caso de las "muy graves", las cuantías será de entre 100.000 hasta los 600.000 euros, en las que figurarán infracciones como la grave desconsideración con el turista o el incumplimiento del deber de comunicaciones. Para ello, ha asegurado el consejero, habrá un "refuerzo" de la inspección, refiriéndose a los recursos humanos y al uso de tecnología y Big Data.