La Justicia suspende las normas andaluzas sobre la repetición de cursos con suspensos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado las tres normas aprobadas por la Junta de Andalucía que pretendían complementar la ley orgánica de educación (Lomloe), unos cambios adoptados por la administración educativa andaluza para la ley estatal que modificó el criterio sobre la promoción de curso de los alumnos con suspensos.

Según ha adelantado este miércoles la cadena SER y que ha recogido la agencia Efe, el alto tribunal andaluz ha dictado una sentencia contra la que cabe recurso y que dejaría sin efecto las normas redactadas por la Junta de Andalucía para modificar los dictámenes de la Lomloe, que es la ley actualmente en vigor.

El fallo del TSJA anula las tres órdenes aprobadas por el Gobierno andaluz para pedir una "mayoría reforzada" de dos tercios entre los profesores para que un alumno pase de curso u obtenga el título teniendo suspensos y una vez cumplidas las dos repeticiones de curso máximas en primaria y secundaria que establece la nueva ley.

La medida la anunció en febrero de 2023 la que era en ese momento consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, fijó esa mayoría reforzada en los casos en los que no se diera un acuerdo mayoritario entre los profesores.

La ley estatal dice que la decisión sobre la promoción de un estudiante con varias materias suspensas debe ser una "decisión colegiada" del profesorado en función de la situación de cada alumno.

Según ha informado la SER, el TSJA anula las órdenes para educación Primaria, Secundaria y el Bachillerato por considerar que esta regulación es competencia exclusiva del Gobierno central y que las normas aprobadas por la Junta de Andalucía quiebran el principio de igualdad en el país.

La respuesta de Educación

La Consejería de Educación ha subrayado este miércoles que la sentencia del TSJA sobre las Órdenes de currículo de Andalucía solo anula los "preceptos impugnados" que se refieren a la forma en la que deben adoptarse las decisiones del equipo docente para la evaluación final.

En un comunicado, Educación aclara que esta sentencia "no anula" las Órdenes de 30 de mayo de 2023, de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, sino los "preceptos impugnados".

Éstos tienen que ver con una valoración técnico-jurídica sobre si se ajusta a Derecho que la normativa autonómica contemple la exigencia de que las decisiones que ha de adoptar el equipo docente para la evaluación final, la promoción y la titulación del alumnado sea adoptada por una "mayoría cualificada de dos tercios", frente a la normativa estatal que dispone que "las decisiones serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna".

La introducción en la normativa andaluza de que las decisiones de evaluación, promoción y titulación del alumnado deben adoptarse por una mayoría cualificada de dos tercios respondió a una demanda de los centros educativos, que de esta forma disponían de mayores garantías jurídicas y criterios más objetivos, por tanto también de igualdad para el alumnado independientemente del centro en el que desarrolle sus estudios, subraya el comunicado.

El Gobierno andaluz ha defendido que la LOMLOE, "la ley orgánica aprobada sin consenso por el Gobierno de España en diciembre de 2020, menosprecia la cultura del esfuerzo, enviando un mensaje muy negativo al alumnado" con la posibilidad de promoción sin límites de suspensos, una circunstancia que no significa que el alumno apruebe y mucho menos que adquiera las competencias necesarias, que es realmente lo trascendente.

Argumentos

Recuerda que Andalucía ha logrado incrementar en diez puntos la tasa de titulación en la ESO con una normativa que determina de forma más clara y precisa las condiciones para el desarrollo de las sesiones de evaluación del esfuerzo del alumnado, con un marco para garantizar que los estudiantes han alcanzado realmente las competencias que se requieren.

La Junta lamenta que el Gobierno de España no ha atendido ninguna de las solicitudes de convocatoria de la Conferencia Sectorial que ha hecho Andalucía, se ha negado a flexibilizar los fondos europeos para beneficiar a las familias andaluzas con la gratuidad del primer ciclo de Infantil conforme al modelo andaluz y no ha atendido la petición de financiar la gestión de becas como sí hace con Cataluña, ha denunciado.