Montero da por casi perdido el pacto por el nuevo modelo de financiación

“Esto es como el día de la marmota, si cada comunidad autónoma mantiene el 100% de sus peticiones, esto no saldrá porque no hay ninguna comunidad autónoma estándar”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró ayer en el Senado muy pesimista sobre la aprobación de un nuevo modelo del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). La razón que argumentó en la Cámara es que cada comunidad gobernada por el PP defiende su propio modelo, no hay una posición única por parte de los populares, que son quienes gobiernan la mayor parte de los territorios.

“Seguimos sin resolver -se refirió Montero al PP- que lo que Andalucía defiende no es lo mismo que Galicia, y ésta no es lo mismo que Valencia o que Madrid”. El actual SFA está caducado desde 2014. Es decir, lleva once años desfasado.

Como prueba de ello ha puesto el ejemplo de lo que ha sucedido con el cálculo de la población ajustada, que es la base sobre la que se debe asentar el nuevo modelo de SFA. Hubo una reunión el 12 de febrero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y del conjunto de las peticiones, el Ministerio de Hacienda elaboró una síntesis. “Estos días -indicó Montero a este respecto- estamos recibiendo las alegaciones, y ni con el resumen se está de acuerdo”.

La visión pesimista de Montero coincide, aunque por razones diametralmente opuestas, con la de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. La opinión de su titular, Carolina España, es que esta legislatura tampoco habrá modelo de financiación autonómica, pero porque el Gobierno central no tiene interés y porque debe solventar cómo encaja en el conjunto su compromiso sobre la financiación singular de Cataluña.

Montero también defendió ayer en la comisión del Senado la bondad de la quita de la deuda, de la condonación de 83.252 millones de euros a las comunidades por parte del Gobierno central. “Cualquiera con voluntad autonomista aceptaría la quita”, señaló la ministra. A Andalucía le corresponderían 18.791 millones de euros, lo que supondría una cifra cercana a la mitad de su deuda total.

El Gobierno andaluz rechaza acogerse a esa quita, que necesita para ser aprobada de una ley orgánica y de un convenio voluntario entre Hacienda y cada comunidad. Montero defendió que el ahorro de los intereses que eso conlleva, de 1.400 millones de euros en el caso andaluz a lo largo de los años, y la mejora de la solvencia ante los mercados financieros sí supone poder gastar más dinero para los servicios públicos.

“Menos deuda es más Estado del bienestar, porque con menos pasivo se tienen más recursos para la sanidad o la educación”, indicó. Sin embargo, hay dudas sobre si el ahorro concreto de cada año, 140 millones de euros, se puede considerar un gasto añadido para políticas públicas, ya que todos los presupuestos de las administraciones están sometidos a la regla de gasto.

La regla de gasto es una brida para que los gastos no aumenten sin un respaldo continuado. El conjunto del gasto computable no puede superar el incremento del PIB previsto a medio plazo.

Por ello, Montero llamó ayer al PP a cambiar de actitud para poder acordar entre los dos grandes partidos un nuevo sistema de financiación que no puede ser un “traje a medida” para ninguna comunidad.