Cuando miles de emigrantes andaluces eran deportados desde Barcelona y Madrid

La historia es poco conocida en Andalucía, pero sí en Barcelona, donde estos días ha vuelto a ser recordada con motivo del éxito de la película El 47, la ganadora del Goya que relata la vida mísera de los emigrantes recién llegados desde el sur a la capital catalana. Miles de personas fueron expulsadas de Madrid y Barcelona durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, devueltas en trenes a sus lugares de origen después de pasar un proceso de clasificación y reclusión en pabellones habilitados para ello en Mataderos, en la capital del país, y en Montjuic.

Sin permisos para viajar entre provincias, sin cartilla de racionamiento, sin acceso a la vivienda y sin poder inscribirse como trabajadores, muchos de ellos caían en la mendicidad. Algunos eran detenidos en las estaciones de tren por brigadas especializadas; otros, cuando deambulaban por las calles. Llegaban a miles después de la Guerra Civil desde de toda España, aunque la mayor parte provenía de Andalucía, se trataba de una emigración perseguida y olvidada que estableció muchas de las redes que ayudaron a la siguiente oleada, la de los sesenta, ya permitida y aconsejada por el Banco Mundial en el informe que elaboró para la apertura económica del país.

El historiador Miguel Díaz Sánchez, autor de Fronteras de papel (PUV, 2024), calcula que entre 1939 y 1957 se devolvieron desde Barcelona a 70.000 emigrantes, a los que habría que añadir los de Madrid. De los 8.811 registros nominales que ha logrado consultar entre 1952 y 1957, casi la mitad correspondían a andaluces, lo que da una idea de cómo el sur concentró buena parte de la emigración reprimida durante el franquismo en estas décadas posteriores a la Guerra Civil. La expedición de los llamados billetes de la miseria, con los que se pagaba la devolución, ha permitido a este historiador dar cuenta de la magnitud de una operación que se mantuvo durante dos décadas.

Pero tal como ocurre en la actualidad en Europa y Estados Unidos, las barreras y las devoluciones apenas consiguieron sus objetivos, miles de personas lograron viajar y asentarse mientras a la administración se le agotaban los fondos para sufragar aquellas devoluciones masivas, a lo que hay que añadir que muchas autoridades de los lugares de origen, allí donde la miseria económica era máxima, hicieron la vista gorda.

A partir de finales de los años cincuenta, cuando se aprobaron los planes de estabilización económica y los acuerdos con Estados Unidos, el régimen propició tanto la emigración interior como la exterior a países como Alemania, Francia, Suiza y Bélgica, pero lo que ha documentado la tesis de Miguel Díaz Sánchez es que en las dos décadas anteriores, desde 1939 hasta 1957, los gobiernos franquistas reprimieron la llegada de trabajadores a los grandes centros industriales. España fue concebido como un país agrario donde su población estaba bajo un estricto control político de las autoridades, tanto que al acabar la Guerra Civil se emitió una orden a todos los gobernadores civiles para que impidiesen la salida o la llegada de la población a lugares distintos a los de su residencia.

Miguel Díaz Sánchez sitúa el punto de partida en una circular del Ministerio de Gobernación del 11 de septiembre de 1939, que tuvo bastantes recordatorios posteriores y por la que se prohibían los desplazamientos de la población hacia las grandes ciudades y los principales centros industriales del país. "Las Comisarías respectivas, Alcaldías y Puestos de la Guardia Civil -se escribe en una orden posterior de la Dirección General de Seguridad- realizarán una labor intensa de fiscalización, obligando a todos los individuos que no tengan una manera de vivir perfecta, definida y honrada, a que abandonen su domicilio y se trasladen al de procedencia". Y se añade lo siguiente en el caso de que no baste "una simple indicación" para la expulsión: "Si tal sucede, las personas que deben marchar serán detenidas y puestas a disposición de esta Dirección General para ordenar su inmediata conducción a los puntos de anterior destino".

La orden original también subraya que, además de las grandes ciudades, habrá que tener un especial celo en el puerto de la ciudad de Cádiz para evitar el embarque de personas "de mala o dudosa conducta o simplemente desocupadas" hacia las Canarias y el Marruecos español.

Al acabar la Guerra se implantó un control de salvoconducto para salir del municipio y de la provincia de origen. Para obtener ese documento, era necesario que lo avalasen dos personas afectas a régimen, debía ser expedido por el ayuntamiento y validado por el Gobierno Civil. Sin este pasaporte interior, no era posible desplazarse a las grandes capitales, aunque ese sólo era el primero de los obstáculos, ya que tampoco se tenía acceso a la cartilla de racionamiento y, por tanto, a la alimentación. Lo mismo ocurría con la vivienda y el trabajo reglado.

Los movimientos internos estaban prohibidos en todo el país, tanto por motivos económicos -escasez de alimentos, de vivienda y de trabajo- como políticos. Sevilla y Cádiz fueron ciudades que habían recibido mucha migración en las primeras décadas del siglo, y lo seguirían haciendo después de la Guerra Civil. Un documento de la dirección sevillana de la Falange enviado a la central nacional da cuenta de la devolución de 10.000 personas entre octubre de 1939 y 1940, la mayor parte de ellas de la provincia de Jaén. El centro de clasificación y reclusión estaba en La Algaba, en las Arenas, que también se utilizó como prisión para perseguidos políticos como tiene, ampliamente, estudiado la historiadora María Victoria Fernández Luceño.

Pabellón de las misiones

En la ciudad de Barcelona se habilitaron dos pabellones para llevar a los emigrantes sin permiso, desinfectarlos, clasificarlos y retornarlos en trenes mediante la entrega de los billetes de caridad. Los pabellones de Rumanía y de las Misiones, que fueron construidos para la Exposición de 1929, se dedicaron a esto. En Madrid hubo uno en Mataderos y otro en el Albergue San Isidro Labrador, aunque también se enviaron a muchas personas a un campo de trabajo en Nanclares de la Oca, donde se les entregaba el billete después de varios meses de reclusión.

Miguel Díaz lo explica así a este diario: "En las estaciones de trenes se montaban dispositivos y, si se veía a alguien que no era de la ciudad de Barcelona, se les pedía el salvoconducto y, si no los tenían, eran llevados al pabellón y luego devueltos cuando se agrupaba un contingente". Tal como él mismo explica, algunos de estos emigrantes lograban salir de los recintos gracias a la ayuda que le prestaban familiares residentes autorizados, que se comprometían a darle un domicilio y un trabajo legalizados. Miquel Molina cita en La Vanguardia a un policía de Jaén que había dado el aviso para que le llamasen cada vez que se detuvieran a personas de su provincia, los sacaba y les daba alojo en una casa del barrio de Gracia.

El paralelismo con las migraciones actuales es pleno. Miles de personas dejaban sus pueblos y ciudades para huir de la miseria agravada en España por la Guerra Civil y la autarquía posterior; las autoridades trataban de impedirlo mediante el control policial y la expedición restrictiva de papeles, lo que situaba a los inmigrantes en una situación de ilegalidad y precariedad que llevaba a muchos de ellos a la mendicidad. Una vez convertidos en pobres de solemnidad, caían sobre ellos los exaltadores de la opinión pública que establecían el binomio inmigración y delincuencia. El arzobispo de Barcelona Gregorio Modrego se lamentaba, por ejemplo, de que “lo que más nos duele es que el número excesivo de esos inmigrados da lugar, en parte, a la inmoralidad de nuestras urbes”.

En una carta que Alejandro Magallón Montaña escribe a Franco, y que ha sido documentada por Miguel Díaz, da cuenta de que en el Pabellón de las Misiones se mezclan los que "vagabundean con toda clase de personas, ancianos, jóvenes y niños de las más diversas clases sociales y algunos incluso bien vestidos, que llevan bastante dinero encima y que fueron detenidos al llegar de su pueblo en busca de trabajo, algún negocio o, simplemente, para divertirse". Y añade: "Hasta se da el caso de que detuvieron a una pareja de recién casado en viajes de novios y fueron llevados a la antedicha prisión a pasar su luna de miel".

En términos generales, la represión de la inmigración fue un desastre sin paliativos, ya que los flujos no se detuvieron durante esas dos décadas ni las ciudades de Madrid y Barcelona dejaron de crecer gracias a saldos positivos y abundantes. Con motivo de la liberalización económica de finales de los cincuenta, la migración comenzó a considerarse como una cuestión, estrictamente, económica, con lo que se abriría el período del gran éxodo rural que sí está presente aún en la memoria de muchas familias andaluzas.