El ministerio plantea cambiar la Dependencia pero sin aportar más dinero hasta que no haya Presupuestos del Estado

La atención a la Dependencia es cuestión de dinero. El Consejo Territorial de Servicios Sociales que se ha celebrado en Madrid este jueves ha terminado con polémica. Porque tanto el Ministerio de Derechos Sociales que preside Pablo Bustinduy como todas las comunidades autónomas, comparten que es necesario un cambio de modelo con el fin de fomentar la autonomía de las personas dependientes para que puedan estar el máximo tiempo posible en sus casas. Pero también que hacen falta más recursos económicos para poder atender a todos los ciudadanos con este derecho, un extremo que Bustinduy ha ligado a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y, mientras tanto, ha instado a las comunidades a aprovechar "el espacio fiscal" que quedará liberado tras la quita del 50% de la deuda autonómica para mejorar el Sistema de la Dependencia.

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha sido muy crítica: "La conclusión es que el Gobierno de España no va a incrementar la financiación de la dependencia. El incremento es de cero euros: ni lo hubo en 2024 ni lo va a haber en 2025", ha dicho para detallar que, según la ley que establece el pago al cincuenta por ciento entre las dos administraciones del coste de la Ley de Dependencia, el Gobierno "le debe a los dependientes andaluces más de 4.500 millones de euros desde 2019". A este respecto, López ha afirmado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto desde 2019 más de 8.000 millones de euros al sistema de la dependencia en Andalucía mientras que Pedro Sánchez apenas ha aportado algo mas de 3.500 millones".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se mostró sorprendido por las palabras de la consejera andaluza "cuando la Junta se opone a una quita de la deuda de más de 18.700 millones de euros que mejoraría sustancialmente los servicios públicos como la dependencia". Fernández ha querido aclarar que el Gobierno de España "aportó en 2024 a la Junta de Andalucía, la cantidad récord de 738 millones de euros para el sistema de dependencia, diez millones más que el año anterior".

Desde el Ministerio de Derechos Sociales defienden han ha incrementado un 150% la financiación en Dependencia desde 2020, ya que en el último año se han destinado 3.411 millones de euros. A esto se suman las dos partidas adicionales procedentes de fondos europeos, una de 1.500 millones de euros para obras de transformación en centros residenciales y su adaptación al nuevo modelo, y que tendrá un impacto en 90.000 plazas; y otros 367 millones de euros para la instalación de dispositivos de la teleasistencia.

Nueva ley de Dependencia

El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado el anteproyecto legislativo de reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que tienen como objetivo fomentar la autonomía de estas personas y el derecho de que puedan decidir si desean permanecer o no en su hogar, y sobre las prestaciones y servicios que reciben, así como personalizar sus cuidados y fomentar la permanencia en los hogares y en recursos cercanos de sus domicilios. Para ello Bustinduy propone reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo además de flexibilizar y agilizar los trámites.También se establecen procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, como son los casos de enfermedades neurodegenerativas, demencias o violencia de género. En el campo de la Discapacidad, el anteproyecto de ley incluye simplificar los procesos, asimilando una discapacidad del 33% a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia. El texto también reconoce derechos fundamentales para personas con discapacidad como la prohibición de cualquier tipo de discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida. La reforma despliega, además, una batería de medidas para asegurar la accesibilidad como un derecho universal y para promover la accesibilidad en las viviendas.

Desde el Gobierno andaluz se ha manifestado en la reunión del Consejo Territorial la necesidad de solucionar el problema de la financiación de las prestaciones actuales antes de abordar la implantación de unas nuevas. Para la consejera, presentar la modificación de la Ley de Dependencia sin llevar aparejada financiación "es irresponsable" porque "si no hay memoria económica, no hay ley y, por tanto, no se crean derechos, se crea frustración". "No puede hablar de futuro quien no es capaz de cumplir con el presente", ha concluido la titular de Inclusión Social.