Mujer médico y enfermera en un centro de salud es el perfil de la víctima de agresión en Andalucía

Las agresiones sanitarias en Andalucía se ceban con las mujeres que ejercen la medicina o la enfermería en un centro de Atención Primaria. Ése es el perfil de las víctimas que se extrae de los datos proporcionados por un informe publicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) correspondiente a 2024. El anális del SAS ha registrado un total de 1.886 agresiones, una cifra que supone un incremento del 21% en comparación a los 1.564 percances notificados en 2023. Los sindicatos sanitarios andaluces critican las cifras crecientes y reclaman un verdadero plan para combatir el fenómeno de las agresiones.

Los detalles de las cifras que ha ofrecido el SAS en relación al informe anual de 2024 pueden resumirse en varias estadísticas. De las 1.886 totales, 1.504 fueron agresiones no físicas. En más del 80% de los percances no se llegó por tanto a las manos. Más del 52% de las agresiones tuvieron lugar en los centros de salud o ambulatorios (Atención Primaria) y casi un 48% ocurrieron en los centros hospitalarios (Atención Especializada). Por sexos, son las mujeres las personas más agredidas (72% del total) y el perfil del profesional corresponde a profesionales de medicina y enfermería, que acapara casi el 80% de las agresiones.

Personas con problemas de salud mental, autores de la mayoría de las agresiones físicas

En el informe presentado por la Consejería de Salud y Consumo a la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, figura también el patrón de los agresores. Según el estudio del SAS, desglosado por Europa Press, el 20,3% de las agresiones fueron cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de las agresiones físicas.

El sindicato UGT ha criticado la alusión a este perfil, pues hace un "flaco favor al colectivo de ciudadanos con problemas mentales", "tratando de esconder los problemas reales que padecen los profesionales de la sanidad pública". El sindicato andaluz lamenta "el desamparo al que condena" al personal sanitario "una administración que ayuda poco o nada a solucionar el grave problema que padecen".

Para CCOO, los datos de agresiones a profesionales reflejan un incremento desproporcionado". "No podemos seguir así", ha manifestado Daniel Gutiérrez, responsable del Gabinete de Análisis y Estudios de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía. "Estos datos muestran que las medidas tomadas hasta ahora por el SAS están siendo insuficientes porque las agresiones no se pueden ver como un hecho aislado del deterioro de la sanidad pública andaluza Cada vez tenemos más personas listas de espera, cuesta más conseguir una cita en atención primaria y como vemos, cada vez tenemos más agresiones Desde comisiones obreras volvemos a exigir un verdadero plan de choque y no medidas", afirma Gutiérrez.

Más de 4.000 cámaras de seguridad

La Consejería de Salud, por su parte, se escuda en "la importante apuesta por la formación y la capacitación" que ayude a mitigar el aumento de las agresiones en el ámbito sanitario y ha subrayado el "gran número de medidas de seguridad" que la administración está implantando en los centros sanitarios públicos. La Junta de Andalucía destaca más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que "parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad".

Salud habla de un plan que habilita "canales ágiles y rápidos" para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física no esté sola cuando sufre la agresión. La administración pública "facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar".

Recuerda la Consejería que la agresión física y la intimidación grave contra los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia. Ha habido sentencias con penas que oscilan entre los doce meses y los tres años de prisión.