Los mutualistas andaluces de Muface representan un cuarto del total del país

Andalucía y Madrid son las comunidades que deberían acoger en sus sistemas públicos de salud a un mayor número de mutualistas de Muface –unos 260.000 y 170.000 respectivamente– si el modelo no se mantuviera a la espera de lo que ocurra con la nueva licitación del concierto para la prestación sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027. Por el momento, se ha dictado una orden de continuidad para el actual hasta abril.

Según los datos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en diciembre de 2023 daba cobertura sanitaria a 1.537.701 personas, de las que 1.080.360, siete de cada 10, eran atendidas por aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV) y 457.307 por la sanidad pública, según un análisis de Efe.

Ninguna de las tres aseguradoras se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno. A la espera de ver lo que ocurra con la segunda convocatoria, para la que el Gobierno ha elevado la prima un 33,5 %, un escenario sin Muface obligaría a que ese millón largo de personas fuera atendido por las autonomías que gestionan la sanidad pública.

Los 260.845 mutualistas de Muface que en diciembre de 2023 eran atendidos por aseguradoras privadas en Andalucía y que ahora pueden pasar al Servicio Andaluz de Salud representaban el 24,1% del total de todo el país y los 168.287 de Madrid que irían al Sermas el 15,6%.

Preocupación en las comunidades, tranquilidad en Función Pública

Aunque Sanidad concluyó en su informe del pasado mes de noviembre que si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface que acuden a la privada se transfiriera a la pública esta "debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición", la preocupación ha cundido en las comunidades autónomas.

Recientemente, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, avisó de que si la sanidad autonómica tuviera que "absorber" a los funcionarios "se tensionaría" el sistema público de salud, que ya está "en una situación límite" tanto de recursos humanos como económica.

De todos modos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a los funcionarios del Estado que viven en la región que "si finalmente son abandonados" por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico "se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que, hasta ahora, no han tenido o están perdiendo".

Desde el departamento de Función Pública del Gobierno central han venido reiterando un mensaje de "tranquilidad" a los mutualistas y han señalado que existen mecanismos en la ley de contratos públicos para extender el concierto vigente hasta que haya uno nuevo. Hasta abril, como mínimo, hay certeza de la prestación sanitaria por parte de las empresas privadas.