Toda la oposición exige a la Junta más control en los contratos del SAS

El control de los contratos menores y de emergencia que firma el Servicio Andaluz de Salud, SAS, ha vuelto a este miércoles al Parlamento sin ningún avance efectivo. O quizás sí. Porque todos los grupos de la oposición al Gobierno andaluz, desde Vox al PSOE pasando por Por Andalucía, han exigido mayor claridad, transparencia y una fiscalización previa en las contrataciones que firma el Servicio Andaluz de Salud, sobre todo en las de pequeña cuantía y en aquellos que se rubricaron bajo el epígrafe legal de emergencia. Unos controles que el PP ha rechazado sistemáticamente defendiendo que se cumple con la legalidad vigente y manteniendo el mismo discurso que llevan defendiendo todos los portavoces del Gobierno andaluz, incluyendo a su presidente, desde que se conoció el asunto, desvelado por Eldiario.es.

Los informes de intervención

Pero sobre la tribuna de la Cámara han estado los 14 informes desfavorables de la intervención del SAS que los considera “en fraude de ley” y el proceso judicial abierto para investigar los 243 millones en contratos de emergencia en los años 2021, 2022 y 2023. Eso y la negativa del PP de que se constituya una comisión de investigación sobre estas contrataciones en el Parlamento de Andalucía. Una comisión que permitiría a sus señorías el acceso a toda la documentación que está en el SAS y a la que ahora no tienen acceso directo.

El PSOE planteaba una moción que pretendía mayor transparencia y control sobre los contratos a dedo con once puntos reclamando fiscalización previa a dichos contratos, que se hagan públicos y se permita mayor publicidad y concurrencia “para parar este modus operandi fraudulento que denunciamos hace un año y medio”, en palabras del portavoz socialista Rafael Márquez. Pero ningún punto se ha aprobado por la negativa del Gobierno andaluz ha hacerlo, haciendo uso de su mayoría absoluta.

Sí que han contado con el apoyo de Por Andalucía y de Vox, que ha dado su voto favorable a siete de los once puntos con los que contaba la moción socialista. El PP se ha opuesto a todos porque considera que son medidas que ya se están poniendo en marcha o que están fuera de lugar.

Los grupos

“Estamos ante el mayor caso de corrupción en la contratación sanitaria. Todo el sistema de contratación del SAS está viciado, contaminado, al margen de la legalidad vigente y dirigido a beneficiar a la sanidad privada”, ha dicho el socialista Rafael Márquez. En similares términos se ha pronunciado la portavoz de Vox, Alejandra Cristina Jiménez, “cambian el control previo de fiscalización por el control financiero permanente, lo que supone relajar las medidas. Y lo hacen en todas las consejerías. La agilidad no debe suponer el menoscabo en el control del gasto”, ha defendido.

Jiménez ha denunciado que este cambio en las medidas de control de los contratos públicos no es una cosa del pasado ya que las últimas se han aprobado los pasados 13 de febrero, 14 de mayo y la última esta misma semana en el Consejo de Gobierno.

Para la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, “esto es corrupción política”. “Se les avisó y quienes debieron rectificar no lo hicieron. No es que hayan hecho muchos contratos, es que han hecho cachitos uno muy grande”.

Sin embargo, desde el PP el portavoz Pablo Venzal ha defendido con vehemencia, siguiendo su estilo, la legalidad de todos los procedimientos de contratación del SAS. Ha reconocido, eso sí, que se hacen “miles, cientos de miles de contratos menores” explicando que la mayoría de ellos son de suministros a proveedores que tienen la patente de un medicamento concreto. “Para los medicamentos genéricos está la plataforma Siglo donde los servicios piden lo que necesitan y se compra la oferta más ventajosa siempre desde el punto de vista económico”.

Para Venzal, la denuncia del PSOE y las acusaciones de fraude o corrupción no son más que demagogia: “Dígame el caso concreto de malversación o prevaricación, pero no hay delito. En los años 2023 y 2024 se ha cumplido la ley escrupulosamente. Y los contratos menores están todos publicados en un registro”.

Tanto el PSOE como el PP han coincidido, eso sí, en dejar al margen las contrataciones durante la pandemia. Una etapa en la que se relajaron los controles por la emergencia en salud y la falta de suministros.