El perito del caso de las facturas falsas de UGT reclama más documentación

El perito designado en el caso de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que investiga ayudas por valor 100,2 millones de euros en relación las subvenciones recibidas por esta organización sindical en el periodo 2009-2013, ha reclamado más documentación para completar su labor, lo que ha llevado al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha librar un oficio a la Junta para que acceda a facilitar toda la documentación que reclama el experto.

En concreto, el perito Luis Ayala Gallo remitió recientemente un escrito al juzgado, en el que reclama la cuenta justificativa, el informe del auditor -ajustándose a lo dispuesto en el artículo 74 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley general de subvenciones-, la memoria de actuaciones, la memoria económica, y la relación detallada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada.

El perito reclama igualmente los contratos entre el sindicato y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), por los que la organización sindical encarga al instituto, como entidad vinculada, la ejecución de los cursos subvencionados en aquellos expedientes en los que se realizó el encargo.

Esta documentación se solicita para un total de 12 expedientes y el experto argumenta su petición en que el objeto del informe pericial "tiene como base la imputación de gastos a una serie de expedientes de subvenciones" y eso implica que "la única manera de saber que un gasto se ha imputado a un expediente de subvención es a través de la documentación justificativa presentada por la beneficiaria en cada uno de los expedientes de subvención".

En su escrito, Luis Ayala Gallo sostiene que si bien gran parte de la documentación ahora solicitada está entre la documentación disponible, "la misma no es completa. Es decir, en la mayor parte de los expedientes reseñados no está la documentación justificativa completa que rige la normativa que regula dichas subvenciones". Y pone como ejemplo que hay "expedientes en los que faltan parte de las cuentas justificativas, o bien no están los informes de auditor o las memorias económicas, estas últimas relevantes para entender los criterios de imputación".

Por último, el perito informa al juez que a pesar de que entre la documentación hay algunos de esos contratos, también se han solicitado "convenios o contratos firmados entre el sindicato UGT e IFES porque no están todos y se entiende no debe darse por supuesto que el contrato que se firma para la ejecución de los cursos de un expediente debe ser el mismo para todos los demás expedientes", apostilla.

Tras recibir este escrito, el titular del jugado de Instrucción número 9 ha accedido a la petición y ha acordado en una providencia librar oficio a la Consejería de Empleo para que aporte "en formato electrónico" toda la información requerida.

En un informe enviado al juzgado en febrero del año 2017, el perito Luis Ayala Gallo apuntó que en la causa se investigan ayudas por valor de 100,2 millones de euros en relación con las subvenciones recibidas por esta organización sindical en el período 2009-2013.

En un informe, acotó acotado la investigación a sólo 16 de los 32 expedientes de subvenciones concedidas en esos cuatro años, ya que, en su opinión, 15 expedientes -por un importe total de 1,75 millones- no serían objeto de la pericia porque "las cuantías de las subvenciones y los gastos objeto de la investigación son insuficientes" a los efectos de considerar que se ha cometido un delito de fraude de subvenciones tipificado en el Código Penal.

El rapel y el bote

Para el perito, los gastos sujetos de alquiler de aulas para los cursos y de equipos necesarios para su impartición -todos facturados por Soralpe I+D- "son los de más fácil cuantificación contando con las cuentas justificativas", mientras que observa "más dificultades específicas" con respecto al rapel y al denominado bote, puesto que "las cuentas justificativas son insuficientes para la cuantificación de un posible fraude en subvenciones.

En el caso del rapel -descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato-, el perito observa esas dificultades porque el reflejo documental del eventual fraude se manifestaría al margen de la cuenta justificativa, por lo que se necesitaría documentación contable y bancaria de las entidades participantes en dicha práctica para determinar un exceso de imputación de gasto a la subvención.

Sobre el bote -con el que el sindicato encargaba supuestamente la elaboración de facturas simuladas que pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, según la Fiscalía-, el perito entiende que determinar su existencia real "resulta poco menos que imposible, dada la falta de conocimiento de los peritos nombrados en determinar el precio de las cosas y, por tanto, apreciar que en una determinada factura se estuviera ante este mecanismo defraudatorio".