PSOE y Junta asumen la complejidad del derribo del Algarrobico en cinco meses

Que el derribo del hotel de la playa del Algarrobico se iba a convertir en un tema de confrontación entre PP y PSOE y entre Gobierno y Junta de Andalucía, estaba claro desde el 10 de febrero. En esa fecha, la secretaria general de los socialistas andaluces y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que comenzaba un proceso de expropiación del 40% del suelo sobre los que se asienta el edificio para proceder a su demolición. La portavoz del los socialistas en el Parlamento y número dos del partido en la comunidad autónoma, María Márquez, puntualizó ayer que la parte que será expropiada por el Gobierno central se derribará “con María Jesús Montero como vicepresidenta del Gobierno, mientras que el 60% restante, lo será cuando ésta sea presidenta de la Junta”, no antes del año que viene. Mientras, la portavoz del Consejo de Gobierno, Carolina España, saldó con un “ojalá”, cuando se le cuestionó sobre si creía posible el cumplimiento del plazo anunciado por Montero.

La declaración de utilidad pública de la mitad de los terrenos sobre los que se asienta el hotel, cambia poco desde un punto de vista práctico. A pesar de que en su justificación se apunta a la existencia de sentencias que modifican el anterior intento de expropiación iniciado y paralizado por el Gobierno de Zapatero en el año 2009, lo cierto es que desde entonces, judicialmente han cambiado poco las cosas. Sí que destaca el hecho de que se obvia una de esa sentencias, como es la que reconoce que los terrenos son de la Junta de Andalucía y no de Azata del Sol, un fallo del Supremo que reconoce el derecho de retracto y que hace complicado hacerse con unos terrenos que son propiedad de la Junta, a pesar de que todavía no ha tomado posesión de los mismos. Se sigue a la espera de que el Gobierno autonómico presente un pleito civil contra la promotora para que le entregue las escrituras de propiedad, tal y como le señaló el tribunal de lo contencioso ante el que presentó el requerimiento para que lo hiciera.

Así, la batalla vuelve al Parlamento. La portavoz socialista volvió a pedir a la Junta que “colabore para hacer efectivo el derribo del hotel” y recordó cómo “el PP se opuso a que fuera el TSJA el que anulara de oficio la licencia de obras”, algo que efectivamente se produjo tres días antes del anuncio de Montero. Para Márquez, la actitud del Gobierno andaluz es la del “perro del hortelano” y le animó a “dejar clara su postura”, al mismo tiempo que le acusaba de “mentir” y de “esconder algo”. Ese “algo” es la intención de que no se derribe el hotel”.

Desde el PSOE se pidió “colaboración” y “diálogo sincero al gobierno de Juanma Moreno” para que desarrolle al máximo sus competencias y acelere los plazos para que el hotel desaparezca de las costas almerienses.

Por su parte, la portavoz de la Junta, recordó a Montero que “empieza la cuenta atrás del plazo de cinco meses que se impuso para proceder a su derribo”, mediante un método que, a su juicio “levanta sus dudas”, toda vez que “se ha elegido el procedimiento ordinario y no el de urgencia para llevarlo a cabo”. En este caso, comienza un proceso que sigue con la necesidad de ocupación del terreno, la declaración del justiprecio, su pago y la toma de posesión, según los plazos marcados por la Ley de Expropiación Forzosa que incluye los correspondientes recursos a las decisiones adoptadas en cada una de las fases. Eso conllevaría una nueva “judicialización” de un asunto que lleva en los tribunales, más de medio centenar de sentencias y fallos desde hace más de veinte años.

“No hemos cambiado de opinión, siempre hemos dicho lo mismo”, sentenció la portavoz al recordar que “en 2007, se desestimó continuar con la expropiación, ya que entendieron que el procedimiento más rápido era la nulidad de la licencia de obras”. Hay que recordar que ésta depende de un Ayuntamiento de Carboneras que aún no ha comenzado con el proceso, al esgrimir falta de personal, a pesar de los constantes requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le ha ordenado repetidas veces que lo hiciera, las mismas que le ha sancionado por no hacerlo.