La quiniela de los ERE

Conocer cuándo se resolverán por parte del Tribunal Supremo los recursos contra la sentencia del caso de los ERE sigue siendo una absoluta incógnita casi dos años después de que la Audiencia de Sevilla dictará el histórico fallo que condenó a los gobiernos socialistas de una década.

Esta semana además se ha producido un incidente que ha sembrado más incertidumbre, si cabe, en esta particular quiniela de los ERE, en la que se trata no sólo de averiguar por dónde puede ir la posible decisión de los magistrados que tienen que resolver sobre el futuro de los 19 ex altos cargos que fueron condenados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de 680 millones de euros, sino sobre todo y lo que no es menos importante, cuándo se dictará esta sentencia.

El Tribunal Supremo notificó el pasado miércoles una diligencia de ordenación de la secretaria de la Sala Segunda en la que, escuetamente, se informaba a las partes de que se había dado traslado de la causa al magistrado ponente, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, para su “estudio”.

Sin embargo, tan sólo un día después de este anuncio, la misma secretaria dictó una nueva diligencia de ordenación rectificando la anterior y poniendo de manifiesto que, debido a un “error informático” en la anterior resolución, se dejaba sin efecto la misma, “quedando las actuaciones pendientes de dictar la oportuna resolución, cuando por turno corresponda”. La resolución suponía la vuelta a la casilla de salida, es decir, que el magistrado ponente ni siquiera ha recibido la causa para comenzar a analizarla y, por tanto, estudiarla. Al menos eso es lo que asegura explícitamente la secretaria del Alto Tribunal.

Este error del Supremo puede trastocar las previsiones más optimistas que apuntaban a que la sentencia de los ERE podía conocerse antes de que acabara este año, cuando se habrían cumplido poco más de dos años desde que la Audiencia de Sevilla dictara su sentencia, el 19 de noviembre de 2019. No debe olvidarse que la complejidad del asunto y el número de imputados, así como la voluminosa documentación de esta macrocausa, ya de por sí podría retrasar el fallo más allá de los pronósticos y de los cálculos sobre los tiempos de resolución habituales del Alto Tribunal.

Los tiempos en el dictado de sentencia en otros macroprocesos pueden arrojar algo de luz. Así, por ejemplo, la sentencia de la denominada época I de la trama Gürtel –que abarca el periodo 1999-2005–, fue dictada por la Sala Segunda del Supremo el 14 de octubre de 2020, dos años y cinco meses después de que la Audiencia Nacional dictara su sentencia sobre este mismo asunto, el 17 de mayo de 2018, una sentencia que en líneas generales fue ratificada, con pequeños ajustes respecto a las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular.

De esta forma, los magistrados del Supremo podrían emplear un tiempo similar en resolver los recursos de los ERE, lo que situaría el fallo en un escenario próximo a la primavera o el verano de 2022. El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña, ponente de la sentencia recurrida, empleó 11 meses en la redacción de los 1.821 folios que integran el fallo que ahora debe revisar el Supremo, lo que da cuenta de la complejidad de un asunto cuyo juicio se desarrolló igualmente durante todo un año.

Hay abogados defensores de algunos de los ex altos cargos condenados, como Alfonso Martínez del Hoyo, que consideran que “cualquier aproximación a fechas concretas sería una pura especulación”. El letrado señala que se ha acumulado ya una “sustancial demora en la mera tramitación del recurso, pero es que la fase decisoria del mismo ni se atisba, no se ha producido siquiera un señalamiento de fecha bien para la vista oral solicitada por las defensas, o bien para deliberación y fallo del recurso”. “Para mí lo fundamental sería que la Sala cuando decida, lo haga con auténtico conocimiento de causa, y para ello a mi juicio sería indispensable que se nos escuchara en vista pública a los defensores, porque no es realista pensar que la Sala al completo pueda estudiar los cientos de miles folios que integran el procedimiento, la sentencia y los recursos”, añade el defensor.

A esta vista para la exposición de los recursos se ha opuesto ya la Fiscalía del Tribunal Supremo, que la considera “innecesaria”, puesto que entiende que las “múltiples cuestiones que los recurrentes han entendido conveniente introducir en defensa de sus pretensiones aparecen tratadas con intensidad y amplitud en los respectivos escritos de formalización” de los recursos.

El abogado Adolfo Cuéllar coincide en que tratar de averiguar cuándo se conocerá la sentencia es como jugar a las quinielas futbolísticas, y apunta que antes del caso de los ERE, el Supremo tiene pendiente todavía de resolver el recurso contra la sentencia del caso de los denominados “contratos fantasma” de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con la consultora Umax, en el que la ponencia ha correspondido al mismo magistrado de los ERE y ni si quiera se ha dictado aún el auto de admisión sobre aquellos recursos. “Supongo que en el primer semestre del año próximo, entre marzo y mayo de 2022, habrá sentencia de los ERE”, apuntó Adolfo Cuéllar.

Otro de los abogados defensores de los ERE, Juan Carlos Alférez, hace hincapié en que todo indica que no habrá sentencia hasta bien entrado el próximo año. “De seguir literalmente la última resolución notificada en el procedimiento, el magistrado ponente aún no habría podido comenzar siquiera el estudio de los recursos. Teniendo en cuenta la hercúlea tarea que tiene ante sí, pues sólo la lectura de la sentencia, las decenas de motivos de recursos y el extenso escrito de oposición del fiscal, determinan miles y miles de folios, podríamos estar a meses vistas de atisbar sentencia. Me atrevo a vaticinar que en el mejor de los escenarios, hasta bien entrada la primavera no vislumbraríamos la posibilidad de ir pensando en tener sentencia”, expresó Alférez.

Parece que la Justicia también puede esperar en el caso de los ERE. O no. Porque si es verdad que la sentencia estará en 2022, no debe olvidarse que la misma llegará, en el mejor de los supuestos, once años después de que se iniciara la investigación judicial y la friolera de 22 años después de que ocurrieran los hechos presuntamente delictivos.