El fiscal reclama una fianza de 296.000 euros para el ex secretario general de UGT-A

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y la misma cantidad para el ex secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero, quienes se han acogido a su derecho a no declarar tras haber sido imputados por un delito de malversación de causales públicos en el caso de los ERE fraudulentos en relación con el ERE de Altadis.

Fernández Sevilla ha explicado a los periodistas que su intención era prestar declaración y "aclarar" los extremos que la juez considerase oportunos, pero ha alegado la falta de documentación –en alusión a la ausencia del atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, entre otros- para acogerse a su derecho a no declarar.

"No tengo nada que ocultar, firmé un acuerdo base que ustedes conocen y ustedes pueden valorar", ha aseverado Fernández Sevilla.

Su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya se ha prolongado por una media hora aproximadamente, tiempo en el que el ex responsable del sindicato le ha dicho a la juez que en principio quería prestar declaración. "Le he dicho a su señoría que me atengo a mi derecho a declarar y aclarar" lo que la instructora considerase conveniente, ha destacado el ex líder de UGT-A, quien no obstante ha dicho que la Justicia es uno de los tres poderes que hay en nuestro ordenamiento y ha recordado que él tiene "derecho a que se garanticen" sus derechos.

Francisco Fernández Sevilla ha indicado a este respecto que tiene derecho a que "se clarifiquen los hechos" que se le imputan –que la juez ha concretado en un delito de malversación de caudales públicos- y a que se aporte la documentación necesaria para ejercer su defensa. Una vez que disponga de la documentación –Fernández Sevilla no lo ha dicho pero aún no se ha incorporado a la causa el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis-, estudiará con su abogado si pide a la instructora comparecer para prestar declaración.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción le ha reclamado una medida cautelar real, consistente en una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros –de la que ha pedido que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de UGT a nivel estatal y autonómico-, mientras que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía no ha solicitado ninguna medida.

Tras la comparecencia de Fernández Sevilla, la juez ha llamado a declarar al sindicalista de CCOO Antonio Perianes, quien también se ha acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía le ha pedido la misma fianza civil de 296.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de la Federación Agroalimentaria de este sindicato.

Otros dos imputados que estaban citados hoy a declarar, el ex secretario general de Empleo Rafael Herrera Gil y la ex gerente de Promi Cristina Ruiz Castillo, no han comparecido finalmente ante la instructora.

En un auto dictado a principios de julio pasado, pero que a Francisco Fernández le ha sido notificado este mismo miércoles a las 11:00 horas, la juez imputó en la causa al ex secretario general de UGT-A, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCCO y al director de recursos humanos de la tabaquera Altadis, en relación con el ERE de esta empresa por el que la Junta abonó más de 22 millones para financiar la prejubilación de 173 trabajadores en el año 2005.

Alaya sostuvo en ese auto, que tiene fecha del 27 de junio, que el acuerdo que firmaron los sindicalistas con esta compañía suponía un auténtico "cheque en blanco" de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados "discrecionalmente y sin control".

Además de Fernández Sevilla, la juez imputó a Blanca Uruñuela Aguado, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; al que fuera secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; a Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; y a José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis.

La magistrada explicaba en la resolución que cinco meses antes de que se solicitara el ERE de Altadis, en 2005, se firmó un acuerdo entre la tabaquera, los sindicatos y la dirección general de Trabajo y Seguridad Social por el que ésta última se comprometía a pagar una parte de las prejubilaciones de los trabajadores de Sevilla y Cádiz, en concreto, 26 millones de euros, un compromiso que "no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

Las ayudas se materializaron en un convenio de febrero de 2008 entre la dirección general de Trabajo e Idea para el abono de las tres pólizas. Ese convenio no recogía el importe de la ayuda, por lo que, según explica la instructora, "supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta de Andalucía". Al final del compromiso inicial de abonar 26 millones se pasó a 34,4 millones, según los cálculos realizados por la propia juez.

Alaya acordó asimismo ampliar la imputación por estos hechos a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, y a los ex directores generales de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y Antonio Valverde Ramos. Todos estos imputados se acogieron a su derecho a no declarar sobre la ampliación de las pesquisas al ERE de Altadis.