El reparto de los niños migrantes abre otra grave brecha política
Juanma Moreno y Alfonso Rueda juntos en San Telmo critican el “enésimo chantaje” de Puigdemont
Junts aprobará el nuevo reparto tras el pacto por las competencias de inmigración para Cataluña con el Gobierno central
Juanma Moreno y Alfonso Rueda se rebelan contra el "enésimo chantaje" de Puigdemont
El pacto alcanzado entre el Gobierno de España y Junts para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña ya ha tenido sus frutos políticos. Porque los siete diputados del partido independentista votarán en el Congreso de los Diputados a favor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que establece la distribución de 4.400 menores migrantes que están en Canarias en una situación grave. Un reparto que se hará conforme a “criterios objetivos” según el ministro Ángel Víctor Torres pero que se resume en pocos datos.
Porque según los parámetros hechos públicos por el Gobierno, y en datos que todavía no son oficiales, las comunidades que deberán recibir más menores serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que Cataluña acogerá a 27 menores, Baleares a 59 y el País Vasco a 88, un reparto desigual que ha provocado una auténtica tormenta política.
Sobre todo porque es la segunda vez que el Gobierno central trata de llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer este reparto. Una propuesta que no salió adelante porque contó con el rechazo de PP, Vox y Junts, este último el partido que ahora ha cambiado de opinión, a cambio de la cesión de las competencias. La noticia se conocía justo durante el encuentro bilateral que ayer celebraban en el Palacio de San Telmo los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que salieron indignados contra lo que entienden que es “el enésimo chantaje” de Puigdemont a Pedro Sánchez. Una postura que ayer repetían todas las voces del PP.
Moreno había citado a Alfonso Rueda en San Telmo dentro de una agenda de reuniones bilaterales entre los barones populares. El objetivo era mostrar la cooperación y cercanía entre los gobiernos de Andalucía y Galicia en un asunto tan importante como la Educación y la mejora de la Formación Profesional.
Pero la realidad política se coló sobre todo porque desde Junts se habían encargado de dejar claro que eran ellos los que habían impuesto las condiciones de distribución de estos niños de los que no se había hablado este lunes en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En este contexto, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, criticaban la “falta de información” del Gobierno central a las comunidades autónomas.
“Estamos ante la enésima cesión a Junts de Pedro Sánchez a Puigdemont y, por tanto, al independentismo”, decía Juanma Moreno, quien ha alertado de que ahora quien decide la política migratoria de este país sea un dirigente político que “vive a más de dos mil kilómetros de España”. “Por una cuestión de dignidad institucional y de sentido común, no podemos aceptar el chantaje permanente”.
El presidente andaluz criticaba que el Gobierno central “no dijera nada” a los representantes de las comunidades sobre ese acuerdo con Junts: “¿Qué manera de gobernar es esta donde se reúnen las consejerías de los distintos territorios y no se le dice nada sobre este acuerdo?; en fin, esto es un desastre”. Y, en este sentido, Moreno y Rueda debajban claro que no “aceptarán imposiciones” de Puigdemont.
Díaz Ayuso, por su parte, anunció su intención de llevar a los tribunales el real decreto.
Las claves de la distribución por autonomías
El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una norma que ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación y efectiva entrada en vigor. Según esta norma, las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El ministro ha explicado que “no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación”. Asimismo, ha dicho que es “el momento” de que se sepa “con claridad” el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?”, cuestionaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar “por unanimidad” los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.
Se van a establecer criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). El ministro explicó que la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.
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