Los sindicatos y la patronal tendrán voz en la gestión del Gobierno andaluz

Cuatro años más tarde de lo anunciado oficialmente por el presidente andaluz pero con el acuerdo entre el PP y el PSOE en el Parlamento de Andalucía se ha aprobado definitivamente este miércoles la primera Ley de Participación Institucional de Andalucía que consolida a los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, como interlocutores del Gobierno andaluz para la concertación social, lo que significa que podrán participar en la toma de decisiones de los sucesivos ejecutivos autonómicos y deberán ser consultados de los anteproyectos de las leyes que les afectan.

Una norma que ha contado con el voto en contra de los dos grupos extremos de la Cámara, Adelante Andalucía y Vox, y la abstención de Por Andalucía. La norma es el fruto de años de trabajo, y de pelea por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que pedían un reconocimiento institucional que recoge el ordenamiento jurídico pero que no estaba contemplado en Andalucía. Ha sido un gobierno del PP quien lo ha llevado adelante en lo que defienden como "una manera de hacer política desde el consenso y buscando lo mejor para los andaluces", según ha dicho la diputada popular Jessica Trujillo durante su intervención en el Pleno. Un tono muy conciliador, el mismo que ha empleado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando ha defendido esta norma desde que se reunió en el año 2020 con el secretario general de UTG, Óskar Martín.

Vox ha planteado un debate muy agresivo contra los sindicatos mayoritarios, palabras que han provocado el rechazo de Adelante Andalucía cuyo portavoz, José Ignacio García, ha intentando, sin éxito, que se retiren las "palabras ofensivas" que ha proferido el portavoz de Vox, Benito Morillo. quien ha dicho que esta norma "es una ley cosmética que blanquea a estos sindicatos corruptos. Una nueva humillación. A pagar por ley lo que previamente estos sindicatos les robaron y están condenados a devolver. Esos impuestos que les cuesta tanto pagar se van a ir dirigidos a comprar esa supuesta paz social de la que están tan necesitados pero son organizaciones criminales que se dedican a saquear las arcas públicas".

Todo lo contrario de lo defendido por la socialista Irene García, quien ha pedido a las organizaciones sociales "que ejerzan su papel que es defender con la máxima exigencia la necesidad de blindar los servicios públicos que igualan a todos los ciudadanos", además de agradecer el trabajo que llevan años desarrollando las entidades y organizaciones sociales. En el mismo sentido se ha pronunciado Jessica Trujillo quien entiende que el Gobierno andaluz salda "una deuda histórica" con los sindicatos y la patronal y "y también con el ordenamiento jurídico".El Gobierno andaluz no ha admitido ninguna de las enmiendas que quedaban vivas en este último trámite de la norma.

Los fondos

Uno de los artículos de esta ley recoge específicamente que las organizaciones sindicales y empresariales recibirán una "compensación anual en concepto de indemnización por la participación institucional" que tendrá que solictarse cada año a la Consejería de Empleo antes del 1 de marzo y que deberá estar recogida en los créditos iniciales del Presupuesto de la Junta de Andalucía, "garantizándose" que la cuantía que recibirán las organizaciones empresariales serán iguales que las de las sindicales.

Estas subvenciones se abonarán con periodicidad trimestral y son incompatibles con otras que puedan percibirse con la misma finalidad.