El Tribunal Constitucional no impedirá la consulta de la Audiencia de Sevilla al TJUE sobre los ERE: "Respetamos su autonomía"

El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, precisa que "nunca" antes se había planteado consultar al TJUE después de una sentencia firme y de que incluso se pronunciara el Constitucional

Claro que la Audiencia puede ir al TJUE por los ERE, otra cosa es que deba hacerlo

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid
El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid / Daniel González / Efe
J. I. / Redacción Andalucía

07 de abril 2025 - 11:31

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado este lunes que la corte de garantías no impedirá que la Audiencia de Sevilla presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el caso de los ERE y ha avisado de que el TC se pronunciará sobre la ley de amnistía antes del verano.

Así se ha pronunciado en el marco de un acto en el Ateneo de Madrid, donde ha manifestado que como presidente del Constitucional ha planteado el "debate" sobre la consulta de la Audiencia de Sevilla al TJUE como "una cosa interna". En este sentido, ha lamentado que se haya "trasladado" el asunto al debate público en una especie de "juicio paralelo" en medios de comunicación y redes sociales.

Conde-Pumpido ha explicado que desde el TC no tienen intención de interferir en lo que decida la Audiencia de Sevilla: "Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional". El magistrado ha incidido en que lo que ha hecho es convocar un debate interno en el tribunal que preside porque la consulta en cuestión es un "asunto novedoso", por lo que entiende que "el TC tiene la obligación de reflexionar sobre ello".

Sobre este extremo, ha precisado que en los 40 años que España lleva dentro de la Unión Europea "siempre" se han presentando las cuestiones prejudiciales al TJUE como "asuntos primarios"; es decir, "antes de dictar sentencia" para que el tribunal Luxemburgo establezca la interpretación correcta del Derecho de la Unión. Así, ha incidido en que "nunca" antes se había planteado consultar al TJUE después de una sentencia firme y de que incluso se pronunciara el Constitucional.

Con todo, Conde-Pumpido ha asegurado que el hecho de que el debate en el TC se plantee como una reflexión interna "sin propuesta de resolución" pone de manifiesto que no pretende impedir la consulta de la Audiencia de Sevilla.

No obstante, el presidente del Constitucional ha recordado que la Ley Orgánica del propio tribunal establece que debe "velar por la ejecución de sus resoluciones".

Legitimidad

Además, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha dicho que le preocupa "muchísimo" que desde ámbitos políticos y desde el Tribunal Supremo "se cuestione la legitimidad del tribunal" porque hacerlo es "cuestionar" a la propia corte de garantías pero también "el sistema democrático.

El presidente de la corte de garantías ha respondido así al ser preguntado sobre si le preocupa que la clase política e incluso el alto tribunal cuestione la legitimidad del Tribunal Constitucional.

"Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del TC para dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es cuestionar el sistema democrático y eso me preocupa", ha asegurado Conde-Pumpido.

Ha dicho que "todos los poderes públicos responden hoy ante el Tribunal Constitucional", algo de lo que no escapan "ni el legislador ni el Gobierno ni el Supremo" y, por tanto, "deben actuar sometidos a la Constitución".

Por eso, le ha parecido "sorprendente" que se formulen "amenazas de utilizar la vía penal" citando que en la actualidad "cualquier organización extremista puede presentar querellas".

Así, que "se actúe penalmente contra el TC" no solo es "una advertencia" sino también "una realidad" al constatar las querellas presentadas que, si bien "son desechadas por el Supremo", se vuelven a presentar después.

Conde-Pumpido ha reconocido que "la crítica jurídica es bien recibida" y que "las sentencias están sometidas a la crítica de los medios" pero "el problema es cuando uno se encuentra con amenazas penales en los medios".

Y eso, ha precisado, "es algo que no sería comprensible en ningún país europeo", que "los más altos magistrados del tribunal sean amenazados con la vía peal contra ellos".

Además, Ahora bien, sí que ha explicado que el Supremo "con buen criterio" ha dicho que el delito de prevaricación no puede ser utilizado contra ellos, porque "la ley orgánica del TC establece que ningún resolución puede ser examinada por ningún órgano jurisdiccional español" y porque fija "una inmunidad a los magistrados del TC que no pueden ser perseguidos por lo que digan en sus resoluciones".

Pero, además, ha añadido que este delito está dirigido contra personal de la administración de Justicia y ellos no son poder judicial.

El presidente de la corte de garantías ha querido dejar claro que "la imparcialidad del tribunal está absolutamente garantizada" si bien ha admitido que hay "cierto desconocimiento de lo que es el TC".

Y aunque ha reconocido que la actuación del tribunal genera "críticas y descalificaciones", la corte de garantías "no puede esperar aplausos ni acobardarse ante la crítica porque toda decisión conlleva críticas y aplausos".

30 asuntos de la amnistía

Preguntado sobre cuándo se pronunciará el TC sobre la ley de amnistía, el magistrado ha recordado la corte de garantías no tiene solo un caso que resolver, sino 30: el recurso de los diputados del PP, 15 recursos de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, y ocho recursos de amparo.

Según ha manifestado Conde-Pumpido, se ha elegido un procedimiento de cabecera -el recurso del PP-- para resolver la constitucionalidad o no de la norma. La ponencia de dicha sentencia ha recaído en la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán.

"No es un solo problema, son muchos. El recurso del primer partido de la oposición, es un buen recurso, buen argumentado. Tenemos que responder bien", ha apuntado. Con todo, ha señalado que la intención es que el tribunal pueda contestar a los recursos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley; es decir, antes del verano. "Pero tampoco puedo precisar más", ha dicho.

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