IU sobre la concejala de Vivienda

Hoy hemos dado una rueda de prensa desde Izquierda Unida para poner en conocimiento que hemos entregado una denuncia a la comisión antifraude por un posible conflicto de intereses en la venta de un aprovechamiento público en el solar de ´Casitas Bajas´entre la promotora, la delegada de vivienda Ana San Juan y su marido. Se que es largo de explicar pero creo que merece la pena enterarse del asunto. La cuestión es la siguiente:

En enero de este año, el Ayuntamiento cambia su discurso sobre unos aprovechamientos urbanísticos municipales ubicados en un solar de las ‘Casitas Bajas’ y decide que donde antes iría vivienda pública de alquiler social ahora se pasa a la subasta en beneficio del privado. ¿Quién va a comprar un aprovechamiento urbanístico que sólo puede materializarse poniéndose de acuerdo con el actual propietario? Pues el propio propietario. Una manera de lavarse las manos y ceder a las presiones de la empresa privada. Blanco y en botella.

Es por ello que desde Izquierda Unida empezamos a investigar esa decisión. ¿A qué se debe el cambio de criterio? ¿Por qué decide subastar el suelo público que antes se negaba? Y hemos encontrado que la promotora y propietaria del suelo, tiene en este caso conexiones con la Concejala de Vivienda y presidenta de PROCASA, Ana San Juan, y su marido, en tanto que ambos forman parte de un “holding” o “entramado empresarial” dedicado a la promoción y construcción de vivienda. Por tanto, en esta decisión se mezclan intereses personales y económicos directos entre el marido, el constructor y la representante pública que dirige las políticas de vivienda Ana San Juan.

¿En qué nos basamos para decir que hay sospechas de conflicto de intereses? Acreditado el vínculo empresarial entre la propietaria del suelo de Casitas Bajas, la pareja de Ana San Juan y ella misma, este conflicto de intereses se produce:

Primero, por la evidente influencia que puede ejercer en la toma de decisiones. Ana San Juan forma parte de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, órgano que aprueba o rechaza los instrumentos urbanísticos que presenta la promotora.

Además, el Ayuntamiento ha decidido que no va a “materializar su aprovechamiento construyendo vivienda pública, sino que va a venderlo”, lo cual beneficia directamente a la promotora. ¿Ha influido ella en esta decisión? Esa sospecha está ahí y por eso en una labor de oposición responsable enviamos la denuncia esta denuncia a la comisión antifraude.

Segundo, el propio Concejal de Urbanismo anunció en prensa que ese “aprovechamiento” lo va a transferir el Ayuntamiento a Procasa para que PROCASA sea quien lo saque a subasta. ¿Qué significa esto? Que la propia Ana San Juan, presidenta de PROCASA, va a conocer cada detalle y va a tener la capacidad para influir en el futuro pliego de licitación. Parece que está claro que el conflicto se va a dar.

¿Que queremos con esta denuncia?

Queremos que el suelo público siga siendo público. Que se construya vivienda pública de alquiler asequible y de alquiler social. Con esta actuación lo que estamos demostrando es que la venta y el desmantelamiento del suelo público en nuestra ciudad NO ES UNA CASUALIDAD. Está totalmente planificada para el beneficio de los promotores privados y para seguir asfixiando con alquileres abusivos a nuestros vecinos y vecinas. Tal es la situación que parece que ya sin pudor y con total descaro colocan a un “delfín” de las entidades privadas al frente de las políticas de vivienda de la ciudad. Por tanto, le exigimos a Bruno García que frene la venta del suelo público en la ciudad y que se pronuncie ante lo que suponemos que es un caso clarísimo de “conflicto de intereses” entre su delegada de vivienda, la promotora y el marido.

La Oficina Antifraude determinará si existe un conflicto de interés real en este asunto, pero desde ya Bruno García no puede mirar hacia otro lado mientras sigue teniendo a su lado a alguien cuya única apuesta para fomentar la vivienda pasa por quitarle a los gaditanos y gaditanas su suelo público para entregárselo con papel de regalo a promotoras y constructoras privadas.

Por último advertir tanto a Bruno García como a la delegada de vivienda Ana San Juan que Izquierda Unida va a estar vigilante a cada pliego, a cada subasta, a cada enajenación de suelo público que intenten llevar a cabo. Porque el suelo de Cádiz pertenece a la ciudad a sus habitantes, y a quienes viven en ella, y no está ahí para lucrar a nadie, ni a promotoras privadas ni a la Junta de Andalucía, sino para que sirva a los intereses generales de todos los gaditanos y gaditanas.

Perdón de antemano por un texto tan largo pero creo que es muy necesario explicar e informar de los intereses que seguramente haya detrás de la venta de todos los terrenos públicos que tiene planificado llevar a acabo el Ayuntamiento liderado actualmente por el Partido Popular.