“6 de 10 euros de gasto en un piso turístico de Cádiz van a comercios, bares y restaurantes"

Cádiz/“No entendemos cómo una administración pública como el Ayuntamiento de Cádiz puede plantear una limitación del turismo en medio de una pandemia como en la que estamos y después del año 2020 que pasamos, cuando en Andalucía tenemos la dependencia que tenemos de este sector, que supone riqueza para nuestra comunidad”. Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) asegura que “seis de cada diez euros de gasto de un turista de vivienda turística van para el comercio de proximidad, restauración, alquiler de coches y otros servicios locales”.

“Las viviendas con fines turísticos (VFT) son ahora uno de los factores dinamizadores claves para sacar a Andalucía de esta crisis que sufrimos a raíz de la pandemia”, afirma el portavoz de este tipo de alojamiento cuyo crecimiento ha derivado en una propuesta de limitación por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz vía modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Las viviendas turísticas son un complemento excelente al modelo de turismo de ciudad que tenemos en Andalucía”, añade Carlos Pérez-Lanzac.

La propuesta que pretende sacar adelante el Gobierno local de José María González, con Martín Vila al frente de la Concejalía de Urbanismo, acumula alegaciones, tanto a favor de unas medidas más restrictivas como frontalmente en contra, la mayoría. El documento se encuentra en fase de consulta pública previa a su traslado a un Pleno extraordinario que se prevé se convoque a primeros de septiembre, una vez retomada la actividad política municipal.

Como no podía ser de otra manera, en contra de la medida que defiende el equipo de Gobierno se ha manifestado a través de sus alegaciones la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Desde la AVVA argumentan que la propuesta no sólo “no es necesaria, ni proporcional, ni brinda seguridad jurídica, bajo los principios de transparencia y eficacia”, sino que “no está justificada” y contempla actuaciones que consideran “ilegales” y, por lo tanto, sería revocable por los tribunales en caso de salir adelante.

“Los datos que está aportando el Ayuntamiento están completamente desactualizados; en Cádiz, en medio de la pandemia, estamos muy lejos de estar en una situación de saturación turística; hay más un problema de viviendas vacías que de viviendas turísticas y parece que el Ayuntamiento esté más buscando una cabeza de turco que asumir la responsabilidad que le corresponde en política de vivienda”, añade Pérez-Lanzac.

“No hay una justificación jurídica para una modificación del PGOU de Cádiz para limitar las viviendas turísticas porque no se cumple con los criterios de proporcionalidad, necesidad ni de interés general”, opina el presidente de AVVA.

En las alegaciones de AVVA, a las que ha tenido acceso este periódico, la asociación defiende que “no hay circunstancias de especial urgencia” para la limitación de las VFT, en tanto que “la pandemia redujo en un 75,3% el turismo en la comunidad autónoma en el cuarto trimestre de 2020”, provocando “una pérdida trimestral desde finales del mes de marzo de 8 millones de turistas y de 5.000 millones de euros, poniendo en riesgo 55.000 puestos de trabajo”. Las dos primeras cifras aseguran que representan una caída del 25% tanto del número de visitantes y como del volumen de negocio por cada tres meses.

Además, desde la asociación piden un estudio pormenorizado “que deberá arrojar datos concretos que relacionen de manera inequívoca la necesidad de esta modificación, con información contrastada del efecto que las VFT tienen sobre el precio de la vivienda o del alquiler en el municipio, así como del porcentaje de VFT realmente activas y durante qué plazos lo están”. Y es que advierten de que “gran parte de la oferta de VFT se ha ido desplazando al alquiler de larga temporada”.

El colectivo andaluz de propietarios de estos pisos va más allá y solicita a la Concejalía de Urbanismo que “deje sin efecto” la suspensión cautelar de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas durante un año que se propone “por ser contraria a Derecho y no estar justificada ni circunscrita a áreas concretas” ya que se plantea “para la totalidad del término municipal”.

“Tampoco se estudia detenidamente (con datos) si realmente hay zonas donde este uso es mayor –alegan desde la AVVA– Entendemos que a la vista de métricas actualizadas sería posible considerar –por ejemplo– medidas específicas única y exclusivamente en esos ámbitos eventualmente más saturados”.

A todo lo anterior añaden que el expediente de la modificación del PGOU propuesto “no hace referencia a las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias que podrían ser tomadas en consideración para abordar los problemas de acceso a la vivienda que dice pretende resolver”.

Desde la AVVA explican que el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece con carácter obligatorio “un nuevo trámite de consulta pública previa” que “debe ser anterior a la redacción de cualquier normativa y en el que deberá recabarse la opinión de todos los sujetos y organizaciones más representativos y potencialmente afectados por la futura regulación”. Y que es en esta fase donde se deben analizar esas soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. “Nos parece que es especialmente grave que la propuesta de modificación del PGOU no tome en consideración la hipótesis de que adoptar una medida no regulatoria”, recalcan.

Los propietarios insisten en que la propuesta municipal se dirige a “limitar de manera global el uso de las VFT, sin hacer distingo por zonas. Se propone considerar que toda la oferta de VFT tendrá la consideración de hospedaje y, acto seguido, se restringe de manera indiscriminada este uso en todo el término municipal”.

Precisamente las dos últimas de sus alegaciones se refieren a este cambio en la consideración de las VFT. Desde la AVVA se oponen a que estos pisos se contemplen como hospedaje. “La vivienda que se destina a alojamiento turístico temporal no pierde por ese hecho su carácter residencial, de igual modo que una vivienda no pierde el carácter de residencial habitual del propietario porque en la misma se alojen transitoriamente familiares o amigos, o porque se ausenten los residentes en periodos vacacionales o de trabajo”, argumentan. Y añaden que “en la Comunidad Autónoma de Andalucía no cabe aceptar la exclusión del alojamiento turístico de la consideración de uso residencial so pretexto de ‘ser similar’ al alojamiento hotelero, pues según la normativa autonómica, resultan distintas situaciones jurídicas ya reguladas”.

A juicio de los asociados de la AVVA, “los límites que se proponen no tienen razón de ser, pues ya se reguló desde otro ámbito en 2019. Concretamente desde el de la Ley de Propiedad Horizontal, para permitir que con una mayoría de 3/5 partes de las cuotas de participación en una comunidad de propietarios se pueda limitar o condicionar la actividad de los pisos turísticos”.

Por último, en sus alegaciones citan una sentencia del Tribunal Supremo en la que establece que “cualquier posible limitación impuesta por un Ayuntamiento habrá de ser sometida a un escrutinio estricto desde la perspectiva de la garantía del mercado y la competencia”, de manera que “debe estar justificada por una razón imperiosa de interés general”. Un criterio que en la AVVA entienden que no se cumple en Cádiz.