El nuevo Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Cádiz, un caramelo envenenado para la nueva Corporación

El Acuerdo Regulador aprobado este lunes por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz no tendrá, ni mucho menos, entrada en vigor inmediata. El documento que ha recibido ya luz verde necesita ahora de una confirmación que, en cualquier caso, llegará después de las elecciones. Será, por tanto, la futura Corporación Municipal la que presumiblemente tome la última decisión respecto a la propuesta laboral; y, sobre todo, la que ponga en marcha su aplicación, con todo lo que ello conlleva.

El documento acordado entre equipo de gobierno y un 80% de la representación sindical de la plantilla municipal tendrá ahora que ser sometido al preceptivo período de consulta pública y alegaciones, que según la normativa no puede ser inferior a 30 días y que empezará a contar una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Así, teniendo en cuenta que las elecciones tendrán lugar dentro de 19 días, es ya claro que el período de exposición pública finalizará con otros concejales electos, dinstitos a los que han aprobado este acuerdo (que ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno y del PSOE y la abstención del resto de grupos).

La situación se agrava si en este tiempo de exposición pública se interpone alguna alegación, lo que obligaría a elevar de nuevo el documento –previa resolución de esas reclamaciones– a Pleno. Trámite que tendría que esperar a la toma de posesión del nuevo alcalde y la Corporación (a mediados de junio) y el posterior Pleno de Organización que acuerde el funcionamiento político del Ayuntamiento para los próximos cuatro años. Es decir, que no sería hasta final de verano o principio del próximo curso cuando el Acuerdo Regulador fuera abordado en segunda instancia, y puede que con un gobierno distinto al que ha tramitado el documento.

Será esa nueva Corporación que resulte de las elecciones del 28 de mayo, en cualquier caso, quien ponga en marcha el Acuerdo Regulador, que para 2023 ha necesitado un suplemento de crédito en el capítulo de personal de 3,3 millones de euros. Una considerable cifra que para los ejercicios de 2024 y 2025 (el acuerdo nace con vigencia 2022–2025) tendrá que ser nuevamente incrementada.

Respecto a este punto, cobra importancia lo reflejado en el informe de Intervención que plasma nítidamente las partidas económicas vinculadas al Acuerdo Regulador y las mejoras laborales en él contenidas. Así, el Ayuntamiento necesita este año 3.364.125,64 euros que se sumarán a los 53.255.698,91 euros que para el pago de nóminas ya recoge el presupuesto, para hacer frente a la subida estatal contemplada en la Ley de Presupuestos Generales (2.080.319,76 euros) y para las mejoras contempladas en el acuerdo (otros 2.961.310,35 euros).

El problema para los dos próximos años radica en una partida económica de 1.677.504,47 euros que este ejercicio sí empleará el equipo de gobierno y que ya no estará disponible en 2024 ni 2025. Partida económica que procede “de las vacantes que no se van a cubrir en este ejercicio, de la eliminación de los premios de jubilación anticipadas presupuestados y de importes de productividades que no se van a abonar en 2023 y que se encuentran presupuestadas en el actual Presupuesto 2022 prorrogado para 2023”, tal y como explica el informe de Intervención.

Y eso significa que el nuevo gobierno que esté al frente del Ayuntamiento necesitará complementar la partida de 53.255.698,91 euros que de momento está reservada a la plantilla municipal con otros 5.041.630,11 euros con los que se encarece este primer capítulo de gastos del Ayuntamiento.

Todo ello siempre y cuando los complementos y retribuciones fijadas en el Acuerdo Regulador puedan ser satisfechos cuando llegue el momento, tal y como advierte ese informe de Intervención que el Pleno ha obviado. “En todo caso, la aplicación de complementos y de las adecuaciones retributivas previstos en la propuesta de acuerdo regulador, sólo podrá efectuarse tras la pertinente resolución administrativa, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, y el respeto de los límites establecidos en cada momento por la legislación básica del Estado”, dice taxativamente el texto, que puede dar lugar a futuros conflictos laborales. Pero eso será cosa de una Corporación distinta a la que ayer aprobó el Acuerdo Regulador de los funcionarios municipales.