Asuntos Sociales costeó unas jornadas del colegio profesional de Trabajo Social

Una de las consecuencias derivadas de la situación que viene padeciendo la gestión municipal, con numerosas facturas reparadas por Intervención, es que hay servicios y prestaciones que de algún modo se han hecho al Ayuntamiento y que a día de hoy están impagados (en aquellos casos en los que el alcalde no decide levantar el reparo mediante decreto). Uno de estos ejemplos es el del controvertido expediente relacionado con las jornadas provinciales que el colegio profesional de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Cádiz celebró el pasado mes de mayo y que han dejado en el Palacio de Congresos una factura pendiente de pago que asciende a los 6.250,87 euros.

Estas jornadas contaron con la colaboración del Ayuntamiento, por medio de la delegación de Asuntos Sociales. Pero la tramitación de esa colaboración dio lugar a un reparo de Intervención que resultó muy llamativo por las numerosas objeciones e irregularidades que señalaba el informe contrario a abonar la cuantía económica aportada; siendo lo más llamativo la propuesta de contrato menor con el colegio profesional como fórmula, algo rechazado por Intervención y posteriormente por la presidenta del colegio de Trabajadores Sociales, Pilar Tubío, que aseguraba ser ajena a esta cuestión y no esperar ni demandar “ni un sólo euro del Ayuntamiento” por esas jornadas provinciales.

En un intento de plasmar la relación de hechos, en base a la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la tramitación que a nivel interno comienza en el Ayuntamiento en el mes de marzo, cuando por primera vez la delegación de Asuntos Sociales solicita una reserva de crédito (en esa ocasión de 5.004,56 euros) para la celebración de esas jornadas de Trabajo Social; solicitud que rechazó Intervención.

A finales de abril es cuando Intervención emite informe de reparo al contrato menor supuestamente suscrito con el colegio de Trabajadores Sociales –algo que la presidenta del colegio profesional rechazó tras conocerse estos datos– para el desarrollo de las jornadas (para lo que se pide esos 5.004,56 euros), al que posteriormente –el 1 de junio– responde el director técnico de Asuntos Sociales con un informe explicativo.

Entre ese reparo de Intervención al contrato menor y el informe de respuesta de Asuntos Sociales, se elevó a principios de mayo una segunda solicitud de reserva de crédito (en esa ocasión de 5.972,56 euros) para “disponer de un espacio grande y dinámico para celebrar las jornadas de Trabajo Social”; solicitud igualmente rechazada.

Dos días después de ese segundo intento, la sociedad municipal Cádiz 2000 emite factura de 6.250,87 euros a la delegación municipal de Servicios Sociales por el alquiler del Palacio de Congresos para esas jornadas provinciales organizadas por el colegio profesional de Trabajo Social.

El último expediente del que hay constancia hasta el momento, con fecha 25 de julio, corresponde a un último intento de Servicios Sociales por obtener esa partida económica, solicitando reserva de crédito (en esta tercera ocasión por esos 6.250,87 euros exactos que están pendientes de pago en el Palacio de Congresos) para esas jornadas; recibiendo por cuarta vez la negativa de Intervención.

Entre otros argumentos expuestos en estos rechazos, conviene recordar que Intervención señala que el convenio suscrito en su día con este colegio profesional “indica de forma expresa que los supuestos de cesión de espacios que puedan desarrollarse no pueden suponer coste alguno para el Ayuntamiento”.

En contra de esta factura pendiente, el Palacio de Congresos sí ha recibido los pagos pertinentes del colegio de Trabajo Social y Asistentes Sociales por el alquiler de otras salas que fueron necesarias para el desarrollo de las jornadas provinciales objeto de esta extraña y polémica situación, como hace unos días aseguró su presidenta, Pilar Tubío.