La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión al gestor cultural y líder del Plan C, Francisco Cano
Ha sido declarado culpable junto a otras personas de un delito de estafa en la empresa piramidal Arte y Naturaleza, dedicada a la inversión en obras de arte
Cádiz/La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de prisión por estafa a Francisco Cano López, líder del Plan C en la capital gaditana y gestor cultural, función con la que ha mantenido líneas de colaboración con el actual Ayuntamiento de Cádiz. Conocido por todo el mundo como Paco Cano, éste era director artístico de la empresa piramidal Arte y Naturaleza.
La peculiaridad del negocio, "netamente financiero", según indica el escrito, consistía en que los bienes que garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte de valor "claramente insuficiente" para cubrir todas las sumas de dinero captadas en forma de depósitos a plazo fijo. De este modo, se compraban obras de arte a las que después se le inflaba claramente su valor. En esta estafa piramidal estaban afectadas 19.360 personas y se habían captado inversiones por 434 millones de euros.
Paco Cano ha mantenido líneas de colaboración con el actual equipo de Gobierno en la gestión cultural como en la plataforma Planeta ECCo que presentó el propio condenado y la actual concejala de Cultura, Eva Tubío.
Asimismo, la Audiencia Nacional ha condenado al ex director general de la empresa de inversión en bienes tangibles Arte y Naturaleza Raúl García López, a 13 años y cinco meses de prisión como "mano derecha" del expresidente Guillermo García del Toro en la estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.
En la sentencia, la sala exime de responsabilidad a García del Toro por su fallecimiento el pasado mes de noviembre, aunque considera acreditados los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad contable, mientras que al resto de responsables les impone penas de entre 7 y 11 años de cárcel.
En concreto, señala a García López como uno de los integrantes del "núcleo de colaboración íntima" también formado por su director financiero entre 2002 y 2006, Fernando Senent, ahora condenado a diez años de cárcel, y el administrador de hecho de Arte y Naturaleza Mario Marina (siete años y medio).
Sobre este último, el fallo asegura que, si bien se presentó en el juicio como una víctima más de la caída de la compañía, en la que invirtió 750.000 euros, ello no resta su vinculación en la trama, en la que actuó como "conocedor del verdadero carácter fraudulento y antieconómico de la empresa".
Para el ex director comercial de Arte y Naturaleza Andrés Macho Henares, al que García del Toro señaló durante el juicio por desarrollar un poder "muy por encima del deseado", ha dictado una pena de once años de prisión.
También castiga a la hija del fallecido, Alba María García, con nueve años de prisión, al no ser una "persona ajena sino directamente responsable de la estafa" dada su "cooperación en la creación y sostenimiento del engaño" piramidal en la medida que sobrevaloraba las obras que después la compañía ofrecía entre los afectados.
Un papel similar al desempeñado por el que fuera director artístico nacional de Arte y Naturaleza, Francisco Miguel Cano, al que impone una pena de siete años de prisión, idéntica a la de la directora, accionista y apoderada de la empresa, Ana Isabel Rodrigo.
Además, los magistrados señalan al auditor Francisco Vives Lluria, condenado a cuatro años de cárcel, como cómplice, por lo que deberá indemnizar de forma solidaria a los perjudicados en los 434 millones de euros estafados, en función del valor de la obra adjudicada a cada uno de los clientes en el caso de que optasen por quedarse con la misma.
En su declaración ante la sección tercera de la sala de lo Penal el pasado mes de junio, García del Toro explicó que la empresa, inicialmente Inversiones en Arte y Naturaleza, cambió su nombre en 2004 para eliminar el "matiz financiero" impropio de una sociedad mercantil.
"En mi casa no nos dedicábamos a operaciones de ahorro, sino a comprar obras a artistas y a venderlas un poco más caras", sostuvo el acusado, para quien el fiscal solicitaba 20 años de cárcel.
Según relataba en su escrito de acusación Anticorrupción, García del Toro aprovechó su experiencia como comercial de Afinsa para constituir una empresa similar en 1996 basada en un negocio piramidal que captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad", superior a la ofrecida por las entidades bancarias.
La peculiaridad del negocio, "netamente financiero", consistía en que los bienes que garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte de valor "claramente insuficiente" para cubrir todas las sumas de dinero captadas en forma de depósitos a plazo fijo.
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