El Ayuntamiento asegura que la decisión sobre la Aduana responde a intereses políticos

Cádiz/El concejal del Ayuntamiento de Cádiz Juan José Ortiz (PP) manifestó hoy que la inclusión en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea del edificio de la Aduana ubicado en la plaza de Sevilla «no es evidentemente una decisión técnica» y sí «política», que «nadie sabe a qué responde».

En un comunicado, Ortiz señaló que si la Junta hace firme su decisión actuaría «en contra de sus propios actos administrativos», ya que recordó que es la propia Junta de Andalucía la que, de manera definitiva, aprobó la modificación puntual del PGOU que contemplaba el derribo del citado edificio el 30 de julio de 2008.

Indicó que si la Junta eleva a firme esta decisión «se echa la pelota en su propio tejado, porque serán ellos los que determinen el proceso a seguir y cuál es el primer paso en esta nueva situación en la que se anula una ordenación urbanística aprobada por ellos mismos, hace ahora cinco meses, en la que se da el visto bueno al derribo de la Aduana».

En cuanto a las declaraciones de la responsable de Cultura de la Junta en la provincia y del propio representante del gobierno andaluz en Cádiz, Yolanda Peinado y José Antonio Gómez Periñán, respectivamente, indicando que la decisión tomada es técnica, Ortiz manifestó que la aprobación definitiva de la modificación del PGOU en la que se contemplaba el derribo incluye en su expediente un informe preceptivo y vinculante de los técnicos de Cultura de la Junta firmado por la delegada de Cultura de la Junta en 2004, la ahora ministra Bibiana Aido, en el que la Aduana «se incluye entre los elementos que invaden el entorno de la muralla (el elemento BIC a proteger en teoría) y da por tanto aprobación a su derribo, e incluso lo alienta para despejar el entorno de la muralla».

A juicio de Ortiz, con esta decisión de la Junta de Andalucía «se crea un peligroso precedente, ya que es la propia Junta la que deja tirado a sus técnicos al anular y despreciar el informe preceptivo de los técnicos que son funcionarios y valoran el de dos historiadores externos contratados a dedo».

Según el edil, «ahora todos los gaditanos entenderán que la validez de los informes de los técnicos de la Junta queda en cuarentena aunque sean vinculantes y no son válidos ni siquiera para la propia Junta».

Asimismo, se preguntó «por qué la Junta no usó el informe de los historiadores externos antes de aprobar definitivamente la modificación del PGOU en julio de 2008, si lo tenía desde abril de ese año, y sí lo hace ahora». Además, se cuestionó si no es una «decisión política», ya que «no es evidentemente una decisión técnica», porque la la Junta «disponía del informe externo incluso antes de que se sentaran a negociar con ADIF y Ayuntamiento el Plan de la Estación en el pasado año 2008 y en ningún momento se sacó este informe».

Finalmente, Ortiz anunció que se solicitará a la Junta que informe ahora sobre el proceso a seguir con la «esperanza de que la decisión no sea definitiva y que quepa algún tipo de recurso», ya que según dijo, «ni la ciudad puede soportar una parón más en el proceso de remodelación de la plaza de Sevilla, como de tantos otros proyectos que dependen de la Junta, ni los gaditanos entenderían que en un año de crisis como este 2009 en el que todos hablan de las obras públicas como paliativo para el desempleo se pare una obra de estas dimensiones, con el empleo que generaría, por una decisión política que nadie sabe a qué responde».