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El Ayuntamiento de Cádiz prepara una “política de empadronamiento”

El alcalde, Bruno García, avanza las herramientas que ya emplea el gobierno local para frenar la caída de población y aumentar el parque residencial de la ciudad

El reto de la Vivienda para no bajar de los 100.000 habitantes en Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, durante su intervención en las jornadas sobre Vivienda. / Julio González

El Ayuntamiento va a poner en marcha próximamente una “política de empadronamiento”. Un paquete de medidas que beneficiará a aquellas personas que decidan empadronarse en Cádiz. La realidad actual, los hábitos de vida o de trabajo, abren la puerta a la posible entrada en el censo gaditano de personas que pasan en la ciudad parte del año, o varios años de su vida. Personas que adquieren un piso como segunda residencia, en la que viven varias épocas del año; que se vienen en alquiler para aprovechar las bondades de la ciudad mientras trabajan a distancia; que en su día se marcharon y regresan con motivo de la jubilación…

Para todos ellos está ideando el gobierno de Bruno García una suerte de campaña que tiene un objetivo final, frenar el descenso de población que se repite cada año y que ya amenaza con bajar de la barrera de los 100.000 habitantes, con las trágicas consecuencias que tendría para el Ayuntamiento desde el punto de visto económico.

Esta arma que está preparando el PP para no seguir perdiendo población se une a las dos que el alcalde considera fundamentales, el empleo y la vivienda. A esto último destacó García haber destinado en estos primeros meses de gobierno “más de diez millones de euros” para la construcción de más de un centenar de nuevas viviendas y para realizar reformas y rehabilitaciones en el propio parque municipal, a lo que unió la intención de volver a expropiar solares (como se hizo hasta el año 2015) en los que poder construir nuevas viviendas.

Todo ello enfocado hacia una política de vivienda que el alcalde calificó de “diversa”. Es decir, para renta libre, la protección oficial en alquiler social y para la venta en régimen de protección oficial. Para esto último se apoyó Bruno García en los datos “de ayer por la tarde” (por el lunes): 2.673 personas del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda quieren comprar una VPO. “Eso es el 50% del Registro, por eso nuestra política diversa”, defendió el alcalde en contra de la postura del anterior gobierno local, que rechazaba la venta de vivienda pública.

También mencionó Bruno García como recurso la unión entre administraciones para sacar adelante proyectos y promociones. “Vamos a ir de la mano con el Gobierno de España y con la Junta”, como ya ocurre en operaciones como Matadero, Puntales, Cerro del Moro o Navalips. “Nuestro compromiso es absoluto”, reafirmó el alcalde, convencido de la importancia que tiene la vivienda para el crecimiento de la población gaditana. “Y el Ayuntamiento va a hacer su parte”, concluyó.

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