El Ayuntamiento alerta ante el parón de los proyectos de la Junta en Cádiz

Las buenas sensaciones que dejó la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el alcalde de Cádiz, José María González, a los pocos días de alcanzar el primero la presidencia de la Junta, se han diluido de forma abrupta una vez que el gobierno andaluz ha ido poniendo un traba tras otra a buena parte de los proyectos que tenía por desarrollar en la capital.

Desde hace unas semanas, la Junta ha sembrado dudas sobre operaciones de gran calado que dependen de ella y que en muchos casos acumulan más de una década de espera, como el Hospital Regional o la Ciudad de la Justicia, dos equipamientos referentes en el desarrollo urbano. O, ahora, la obligada aportación autonómica para que la UCA pueda transformar el viejo Valcárcel en la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Junto a ella hay otras operaciones vitales, como todas las relacionadas con la vivienda (ahí está la continuidad de la rehabilitación del casco antiguo o la vieja operación de Loreto), junto al futuro del Balneario de La Palma y Náutica. Sí se ha logrado fondos para Plaza de España, aunque este es un plan municipal.

A la vez, la Junta ha tomado decisiones que le han supuesto un importante ahorro en sus inversiones, como el traslado de la Policía Autonómica a la sede de Gobernación en la plaza de España, cuando en su días se llegaron a plantear ubicaciones en San Severiano, el chalé de San Luis y la Zona Franca. Igualmente, espera ingresar unos diez millones de euros con la venta del suelo de la Residencia de Tiempo Libre.

Esta postura afecta de lleno al propio desarrollo de una ciudad que tiene una más que evidente dependencia de las inversiones que llegan, o que no llegan, de la Junta de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento se lamenta que "las palabras del presidente de la Junta (en su primer encuentro con el alcalde) no han sido refrendadas por quienes le representan en Cádiz. El rechazo al proyecto de Valcárcel por el señor (Alberto) Cremades (delegado de Universidades ha sido rubricado por la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz (Ana Mestre), que al intentar corregirlo ha generado aún más dudas diciendo que no había dotación económica".

Considera el gobierno local que "si no tienen dotación económica, pues habrá que buscarla. Y si la apuesta de la Junta es Cádiz, tendrán que luchar por conseguir un presupuesto digno".

En todo caso, la desconfianza en un cambio de postura de la Junta por Cádiz es evidente en el gobierno de la capital.

"Se está dibujando con dolor para la ciudad un modelo de relación de la Junta hacia Cádiz, que no es solo el Ayuntamiento si no toda la ciudadanía, que posterga sine die todos sus compromisos", advierte el gobierno municipal.

Al final se produce una situación de bloqueo pues no se reservan los fondos reales para sacar adelante estas actuaciones, "y a la vez se intenta enredar con vericuetos técnicos y jurídicos el desarrollo de planes como los de la Ciudad de la Justicia y Valcárcel, con un parón que es simplemente político en contra de los intereses de Cádiz", se lamenta.

Ante esta situación, el grupo de Adelante Cádiz ha presentado al próximo pleno municipal, el 25 de octubre, una propuesta en la que se "exige a la Junta de Andalucía que retome el convenio de colaboración patrimonial y urbanística firmado con este Ayuntamiento en 2014 en relación a inmuebles de titularidad autonómica, poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para el cumplimiento íntegro de su contenido".

La propuesta destaca que hay planes en el aire como los de la parcela del Albergue Juvenil, la cesión de la Escuela de Bellas Artes para la ampliación del Museo de Cádiz, o la permuta del anexo de La Martona con el solar de la plaza de la Reina, donde el Ayuntamiento quiere construir una plaza pública esencial para un barrio con escasos espacios abiertos.

Junto a ello recuerda actuaciones donde se generarán unas 200 viviendas y que acumula también un importa retraso en su ejecución.