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Las personas sin hogar suponen un problema para cualquier ciudad en varios sentidos. El primero es que es una realidad sin una solución total y eficaz, porque son muchas las cuestiones que entran en juego; el segundo es que hay casos en los que generan un problema ciudadano por la difícil convivencia que se genera entre este determinados asentamientos y los vecinos que viven en el entorno; y el tercero, que este viernes ha sacado a la luz el alcalde de Cádiz, Bruno García, es el servicio que se presta desde el Ayuntamiento, no siempre en las mejores condiciones. Ante esto último, y con voluntad de solucionar también los dos primeros (o parte de ellos), García ha anunciado un frente municipal en relación a las personas sin hogar.
La primera medida, de carácter material se podría considerar, será la reforma integral del albergue municipal de la plaza José Macías Rete, que ha anunciado el alcalde a raíz de una reciente visita realizada a este equipamiento municipal y al centro Fermín Salvochea por él y por el titular de Asuntos Sociales, Pablo Otero, según informó a los medios.
El primer paso para esta reforma lo ha dado la Junta de Gobierno Local encomendando a la oficina de Urbanismo del propio Ayuntamiento la redacción de un proyecto de reforma para este albergue, que según ha dicho García “tiene muchas deficiencias” debido al “tiempo que se lleva sin invertir”.
Y más allá de esta reforma puntual del albergue, García ha anunciado el proceso de diálogo ya iniciado con colectivos y entidades de la ciudad para “sumar soluciones sin demagogia, sin ser ilusos, pero dando mejores servicios, que es lo mínimo que podemos hacer como ayuntamiento”. Ha defendido el alcalde que Cádiz es “una ciudad que cuida a las personas”, y bajo esa premisa se ha iniciado el contacto con esas entidades que trabajan con personas sin hogar y que “tanto están dando a la ciudad”.
Ese proceso que asegura Bruno García que ha iniciado su equipo de gobierno “lo hacemos bajo la reflexión de que esto no se puede hacer con demagogia, porque entonces es un desastre”. “Vamos a ser muy delicados con este asunto, porque hay muchos problemas detrás; pero es algo que vamos a abordar, que vamos a dar una vuelta”, afirmó el alcalde, que tiene claro que la solución a esta realidad social “es compleja”.
“Lo vamos a abordar con mucho cariño” y con “sensibilidad”, avanza el alcalde, que además de los colectivos sociales y las entidades que trabajan con personas sin hogar (como la Asociación Pro Derechos Humanos, con la que ha informado que se reunirá en estos próximos días y que lanzó una serie de orientaciones o reclamaciones tras las elecciones del pasado mes de mayo) “nos guiaremos por los profesionales” que trabajan en Asuntos Sociales y que conocen las limitaciones, las carencias y los problemas del servicio que se presta en la ciudad. “Queremos formar parte de las soluciones”, añadió el alcalde.
En esta línea de actuación integral en materia de personas sin hogar, ha avanzado también García que se está estudiando el uso que se dará a la entreplanta del centro Fermín Salvochea, “un espacio que ha quedado libre” -y que el anterior gobierno quería convertir en una sala polivalente- y para el que próximamente decidirá el Ayuntamiento qué prestación realizará para seguir mejorando la atención a este colectivo cuyas últimas cifras lo sitúan por encima del centenar de personas en Cádiz.
El anuncio de las reformas en el albergue y del análisis sobre la prestación que el Ayuntamiento ofrece a las personas sin hogar ha sido abordada en una Junta de Gobierno Local en la que se ha producido un llamativo aumento de ayudas, y de su inversión, respecto a semanas anteriores. Cada viernes, este órgano de gestión municipal aprueba los expedientes de ayuda y sus variados conceptos; y las correspondientes a las otorgadas en estos últimos siete días superan el centenar, sumando una inversión de 147.192 euros.
En concreto, se concedieron ayer 436 ayudas de emergencia social por 135.527 euros; 11 ayudas económicas familiares por 3.521 euros; 100 ayudas para el pago de la luz por 5.436 euros; 39 para pago de agua por 2.708 euros; y 11 de bonificaciones a pensionistas para la luz y 7 para el agua, además de 8 solicitudes de cobertura energética anual y 9 para suministro mínimo vital de agua.
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