El Ayuntamiento de Cádiz recurrirá a la vía judicial para que la Junta le dé solución al colector de Santa María del Mar

El Ayuntamiento de Cádiz y la empresa municipal Aguas de Cádiz iniciarán trámites legales ante la negativa de la Junta de Andalucía a dar solución a la situación del colector de aguas pluviales de Santa María del Mar, una infraestructura en “situación límite” por el importante estado de deterioro en el que se encuentra.

Desde ambas entidades se viene reclamando desde hace casi una década una solución al Gobierno andaluz, sin que ninguno de los requerimientos realizados haya sido atendido. Según el equipo de Gobierno, "es la Junta la que tiene las competencias sobre este emisario, cuyo estado actual podría provocar un grave problema medioambiental y que también supone un riesgo para los usuarios de la playa por posibles desprendimientos".

Cabe recordar que en el año 2011 se acabaron las obras del emisario de pluviales de la zona que se encuentra entre la playa de Santa María del Mar y La Victoria. Esta obra se llevó a cabo merced a un convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento en el año 1994 y por el que se repartían diversas obras de este calado por la ciudad, correspondiendo a la primera administración este emisario.

Sin embargo, casi desde el principio se vio que la solución que se había tomado para poner esta infraestructura no era la más adecuada ya que los temporales hacían que este colector quedara muy expuesto. A pesar de que se pusieron unos bloques de contención y que, posteriormente, Aguas de Cádiz hiciera lo propio, la muralla se encuentra en muy mal estado y muchos de los bloques se encuentran sin tener una buena base, por lo que los peligros de desprendimientos son importantes.

Sin embargo, la Junta en ese escrito dice que los problemas que hay no son a causa de una obra mal hecha y señala que el convenio quedó extinguido en el año 2017, por lo que no le corresponde ya hacer la obra.

La presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, ha asegurado este martes que “a pesar de lo que se dice en prensa ni en el Ayuntamiento ni en Aguas de Cádiz hemos recibido de momento ninguna contestación de la Junta de Andalucía, pero en cualquier caso la información que se traslada desde la Consejería nos parece muy sorprendente por un lado y muy decepcionante por otro”. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, está fechado el 18 de julio y se encuentra firmado por la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana María Bertón Belizón.

“Este equipo de Gobierno ha tratado este tema como uno de ciudad, desde un punto de vista más técnico que político, y en ningún momento hemos intentado hacer sangre sino que hemos mostrado una actitud colaborativa. Una muestra de ello es que Aguas de Cádiz ofreció un anteproyecto para que se trabajara desde las dos instituciones a nivel técnico”, ha añadido.

Fernández ha lamentado que “parece que la Junta no tiene ninguna intención de sentarse e intercambiar esas opiniones técnicas y mucho menos de buscar una solución. Así que en este momento la única opción que nos queda es iniciar trámites a nivel judicial. Nos parece que es un mal comienzo de mandato para una administración que tendría que poner por encima de todo los intereses de la ciudad”.