Bajar de los 100.000 habitantes puede llevar a Cádiz a la quiebra económica

El inicio del proceso de matriculación en los cursos de educación infantil en Cádiz vuelve a dejar en evidencia la acentuada pérdida de población de la ciudad.

El nuevo año académico comenzará en la ciudad con apenas unos 600 niños y niñas de 3 años que inician su educación en centros públicos y concertados. Serán cien menos que hace apenas doce meses. Un dato extremadamente preocupante que nos lleva a corto plazo a alcanzar cifras irrisorias para este grupo de edad. Sólo entre 0 y 3 años estaban empadronados en la capital, a 1 de enero de 2023, 1.559 menores.

A este descenso de la natalidad se le une un incremento, leve pero constante, de la mortalidad, a lo que se le une la marcha de vecinos a otras ciudades, fundamentalmente a poblaciones cercanas, a la búsqueda sobre todo de una vivienda a precios más asequibles a los que se encuentran en Cádiz.

Teniendo en cuenta que la llegada de extranjeros (el único grupo que aumenta desde hace cuatro décadas) y de otros nacionales a la ciudad no supera la cifra de los que se marchan ni del crecimiento vegetativo negativo (diferencia entre nacimientos y muertes), el padrón de Cádiz sigue bajando año tras año. Así lo hace desde 1995, con una media en los últimos ejercicios de unas 1.200 personas, hasta quedarse en 111.811 vecinos.

Como en 1950

Si se mantuviese este ritmo, Cádiz bajaría de los 100.000 habitantes en apenas una década. Esta cifra la superó la ciudad en 1950, cuando llegó a 100.249 residentes. Un viaje de ida y vuelta en cerca de un siglo.

Bajar de los 100.000 habitantes supondrá una debacle económica para Cádiz. No sólo por el lógico efecto que produce en la economía del día a día de una ciudad contar con menos habitantes (especialmente en el comercio muy local), que no se ve compensado con el aumento contante en el número de turistas (siempre usuarios de un comercio muy específico, y más en determinadas fechas del año). Bajar de los 100.000 vecinos tocará de lleno a la situación financiera del Ayuntamiento gaditano. Y en una ciudad con un nivel de empresas tan limitado, el empuje de la administración local es muy importante.

En 2003, tras la presión de la entonces alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el apoyo del que era vicepresidente Rodrigo Rato, el Gobierno central concedió a la ciudad un "tratamiento especial" en materia de financiación. Se asumía entonces que el limitado término municipal (12 kilómetros cuadrados, de los que solo 4,5 kilómetros son residenciales), y la eterna crisis socioeconómica, imposibilitaba un desarrollo de la capital similar a las del resto del país.

El Estado, a través de los Presupuestos Generales, aporta fondos a las poblaciones del país atendiendo a su número de habitantes. De esta forma, Cádiz debería de estar en el grupo entre 100.000 y 500.000 habitantes. Sin embargo, el "tratamiento especial" (del que también se benefició, gracias a las gestiones gaditanas, una localidad catalana), nos integraba en el grupo de más de medio millón de habitantes.

Estos fondos extras han permitido al Ayuntamiento de Cádiz ingresar en dos décadas unos 600 millones de euros, que han sido esenciales para plantear proyectos urbanos y mantener en pie todos los servicios municipales. Sin este dinero se habría mermado buena parte de la actividad municipal.

Sin embargo, esta posición ventajosa de Cádiz respecto a los fondos estatales, acabará cuando la ciudad baje de los 100.000 habitantes (si antes no se ha revertido esta tendencia).

En todo caso, el batacazo será más suave gracias al "tratamiento especial", pues aún entonces estaremos por encima del grupo que nos corresponde, quedándonos entre los municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes, y no en el que nos tocaría de localidades entre 20.000 y 100.000 habitantes.

Con todo, el recorte de la financiación a cargo de los Presupuestos del Estado sería extremadamente importante. La mitad del dinero que nos llega cada ejercicio se perdería.

Pérdida millonaria de ingresos

Los cálculos realizados por este diario sitúan actualmente en unos 78 millones de euros anuales esta aportación del Estado. Si se pierde el 50%, Cádiz dejaría de ingresar unos 40 millones de euros.

Esta brutal pérdida afectará a la línea de flotación de la gestión económica municipal. El Presupuesto actual, pendiente de aprobarse, es de 178 millones de euros. Es decir, se perdería más del 20% de este dinero.

De esta forma, todas las áreas municipales se verían afectada, con una reducción de ingresos y la consiguiente capacidad de gasto. Habría que ajustar al límite todas las partidas, especialmente para no ver tan afectadas áreas tan importantes como las de Servicios Sociales y Vivienda. ¿Qué pasaría entonces con Turismo, Cultura, Patrimonio, Fiestas, Mantenimiento Urbano? Y sin duda se verían afectadas todas las ayudas que aporta el municipio a colectivos municipales.

Desde que llegó a la Alcaldía hace cerca de un año, uno de los objetivos marcados por Bruno García es contener la sangría de población de la capital, y así evitar bajar de esta cifra tan vital.

Esta claro que para mantener la población en la ciudad hay que construir más viviendas. Hoy la ciudad tiene un déficit que oscila entre las 7.000 y 9.000 viviendas, de todo tipo de categorías, atendiendo a las familias que están incluidas en el registro municipal de demandantes y quienes buscan un piso de renta libre en la ciudad.

El problema es que Cádiz cada vez tiene menos huecos para levantar nuevas promociones. Hoy el suelo disponible apenas da para unas 4.000 viviendas. Aquí se incluyen promociones ya planteadas como las previstas en Loreto o Navalips, que en su conjunto se llega al millar de pisos.

Operaciones de calado también pendientes y con un elevado número de viviendas, dependen de otras operaciones, como los 600 pisos previstos en el solar del actual Hospital Puerta del Mar, cuando quede libre tras la construcción del futuro complejo sanitario. Este proyecto, en todo caso, va para largo. Tal vez demasiado tiempo de espera para la urgencia residencial que tiene la ciudad.

La ciudad podría rascar viviendas en una futura y necesaria reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, un debate aún abierto entre el Ayuntamiento y el Consorcio.

Con todo, sumando los pisos que aún se pueden levantar con los terrenos que quedan (solares, rehabilitación de fincas en el casco antiguo y derribo de chalés en Puerta Tierra), con el hipotético uso residencial de una parte del polígono exterior de la Zona Franca, el nuevo parque inmobiliario podría contener algo el descenso de la población en Cádiz, pero solo a corto plazo.

Será entonces el momento de negociar con el Estado otro tratamiento especial con la ciudad de Cádiz.