Bofetada sin manos a Zahara

La ADEAC retira en pleno agosto la bandera azul a la playa zahareña por diversas deficiencias

Malestar en el gobierno de Barbate, que vincula la medida al proceso judicial abierto por el controvertido emisario submarino

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, presidió en junio en la playa de El Carmen de Zahara de los Atunes el acto de izado de la bandera azul, que fue retirada de improviso el pasado jueves. / Manuel Aragón Pina
Fco. Sánchez Zambrano

07 de agosto 2018 - 01:33

Cádiz/La playa de Zahara de los Atunes, una de las indiscutibles joyas turísticas del litoral gaditano, se acaba de llevar una bofetada sin manos de esas que hacen daño. Y esa bofetada se la ha propinado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que hace escasas fechas ordenó la retirada inmediata en esta playa de El Carmen de la misma bandera azul que concedió hace escasos meses.

Fue el pasado jueves cuando en cumplimiento de este requerimiento el gobierno de Barbate se vio obligado a mandar a empleados municipales a Zahara para arriar este distintivo de calidad ante la sorpresa de los zahareños y de los miles de turistas que estos días disfrutan de unos días de descanso en este idílico enclave.

El presidente de la ADEAC es citado a declarar como testigo en el caso del emisario

El delegado municipal de Desarrollo Turístico de Barbate, el andalucista Javier Rodríguez, mostraba ayer su malestar por la orden de retirada de una bandera azul que apenas ha podido ondear un mes y medio en la playa de El Carmen de Zahara. Según su opinión la ADEAC -entidad sin ánimo de lucro que otorga estos distintitivos medioambientales en toda España- ha argumentado su orden de retirada de esta bandera azul en unas supuestas deficiencias (no publicar los resultados de análisis de las aguas, mal funcionamiento de algunos servicios, etc.) que el gobierno barbateño no sólo no admite sino que entiende que están hechas con cierto ánimo de revancha.

En este sentido, el referido concejal andalucista explica que esta reacción de la ADEAC se produce al poco de conocerse que el presidente de esta entidad, José Ramón Sánchez Moro, ha sido citado a declarar en calidad de testigo en los Juzgados barbateños que instruye la causa por un supuesto delito medioambiental que habrían cometido el actual y el anterior gobierno municipal de Barbate al autorizar primero y mantener después la entrada en funcionamiento de un emisario submarino que todos los veranos vierte directamente al océano Atlántico las aguas residuales provenientes de los núcleos urbanios de Barbate y de Zahara.

Este procedimiento judicial, que suma numerosos retrasos, tiene su origen en la querella presentada hace ya más de dos años por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza), que lleva tiempo insistiendo en que su único objetivo al judicializar este asunto es que la Justicia ordene el cierre del referido emisario submarino, que vierte al océano desde la zona de El Botero, ubicada a mitad de camino en la carretera que une Barbate con Zahara.

Las escasas prestaciones que tiene la actual depuradora de Barbate motivó que en el verano de 2014 el Ayuntamiento ordenara la entrada en funcionamiento de este emisario que, según los comerciantes de Zahara, origina malos olores en el pueblo, sobre todo cuando sopla viento de poniente. Este argumento es rechazado por la empresa Aqualia, encargada del saneamiento y abasteciiento de agua en todo el municipio barbateño, que defiende que es científicamente imposible que lo que se vierte a través de esa conducción submarina -ellos se niegan a calificarlo de emisario- pueda acarrear malos olores, ya que lo que arroja al Atlántico es agua tratada a la que previamente se le ha retirado buena parte de sus inmundicias en la depuradora.

Este procedimiento judicial seguirá al menos un año y medio más en fase de instrucción, al decretar la jueza que lleva el caso, de acuerdo con la Fiscalía, que pase a ser considerada como una causa compleja que precisará por tanto de más pruebas. Una de ellas será la declaración como testigos no sólo del presidente de la ADEAC sino también de Agustín Conejo y José Matías Guerrero, los últimos presidentes de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Zahara de los Atunes. Estas tres declaraciones fueron propuestas por la parte denunciante (Acoza) y se llevarán a cabo en los Juzgados barbateños los días 16, 17 y 20 de este mes de agosto.

Hasta la fecha la jueza instructora mantiene como investigados (antes imputados) al actual alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA); a su predecesor, el socialista Rafael Quirós; y a las ex delegadas municipales María José Corrales y María Dolores Varo, esta última diputada provincial de Turismo. Lo que no ha admitido hasta ahora la jueza es que se prohíba que entre en funcionamiento el emisario submarino, rechazando así las medidas cautelares que reclama Acoza con insistencia.

Mientras tanto los grandes damnificados en toda esta historia siguen siendo los vecinos de Zahara de los Atunes, que el año pasado vieron con sorpresa como la ADEAC les otorgaba la bandera azul tras muchos años de castigo, y que ahora han visto que de golpe y porrazo le han quitado este caramelo de la boca. De momento la nueva presidenta de la ELA zahareña, María Isabel Romero (del partido Gente de Zahara), calificó ayer de "gravísimo" lo sucedido en estos días. Romero criticó que Zahara "lleva toda la vida" con estos problemas de saneamiento. Por ello repartió sus críticas entre el Gobierno y la Junta por no construir ya la nueva deuradora pero también hacia el gobierno de Barbate "que no pone en servicio en Zahara los buenos accesos y servicios que sí disponen otras playas de Barbate", dijo.

La retirada de esta bandera azul no hace sino poner la guinda a un verano ajetreado en el litoral barbateño. Y es que a mediados de julio esta misma playa zahareña de El Carmen tuvo que ser cerrada al baño tras llegar a sus aguas lodos del río Cachón mezclados con los vertidos procedentes de la obra de construcción de unas viviendas. Y apenas diez días después se conocía que el deficiente funcionamiento de la depuradora de Barbate era una de las causas por las que la Unión Europea había multado a España con 12 millones de euros por incumplir las normas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

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