¿Bono estatal o bono local?: mejor los dos

Cádiz, capital de la rivalidad permanente, de los defensores y detractores acérrimos de lo divino y de lo humano y de las campañas a favor y en contra de lo que sea, se agota en estos días en un enésimo debate que no tendría mayor trascendencia si de él no dependiera, nada más y nada menos, que la vida digna de 6.000 personas. De los hogares de 2.000 familias que mes tras mes no pueden pagar la factura de la luz y que viven siempre al filo del corte del suministro. Mendigando ayudas de institución en institución, mientras pasan más frío en invierno en sus casas que en la calle. A veces, casi a oscuras, condenados a una clase de pobreza que ya se ha cobrado más de una víctima mortal en España. "Los cortes se siguen ejecutando y eso siempre es un drama", recuerda Marisa Campos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5.

Un informe técnico de la federación vecinal elaborado por Jaime Montaner, un ingeniero experto asesor energético que trabaja a nivel internacional y que participó en la construcción del bono social de Eléctrica de Cádiz (EC), bajo el paraguas del 15-M, ha hecho saltar el diferencial del sentido común de manera que algunos, de un lado y de otro, lo han traducido en un falso dilema con automáticas resoluciones: si hay que elegir entre el bono eléctrico estatal y el nuestro, el de EC, nos quedamos con el nuestro, que no sólo es nuestro, sino que es mejor absolutamente en todo y para todos [ver el gráfico difundido por el alcalde, José María González, en su Twitter]. O, desde el lado contrario: quedémonos sólo con el estatal, que es el mejor y el único vigente, que es el que proponen los nuestros, y agarrémonos a todas las dificultades posibles con las que se pueda topar el local [ver el Twitter del presidente de la Fundación EC, José Blas Fernández].

Obviamente, las razones que subyacen bajo estos, digamos que sencillos mensajes de anticipadísima precampaña electoral, son mucho más complejas. Porque tienen que ver, no sólo con la futura viabilidad económica de una empresa mixta con participación mayoritaria municipal hasta ahora solvente -gracias a un monopolio en la práctica, fruto de la falta de información del consumidor, que no sabe todavía cómo cambiar de compañía-, sino que entroncan, sobre todo, con el éxito o fracaso de lo que el actual equipo de Gobierno y sus asesores vendieron, junto con el bono del agua, como su proyecto estrella en política social.

Pero lo verdaderamente cierto es que del entendimiento de unos y de otros depende que se atienda con la necesaria urgencia esta emergencia social energética. Porque la Federación de Vecinos 5 de abril no plantea en su informe que se elija de manera excluyente entre uno u otro sistema de ayudas . No. Lo que pide el colectivo al Ayuntamiento es que, primero, facilite a los abonados a EC el acceso al bono estatal, que es el único en vigor hasta este momento y, además, más ventajoso que el local en varios aspectos [ver la tabla adjunta]. Y segundo, que en tanto se produce esto, sortee el escollo en el que está atrapado el bono local de manera que cubra el periodo de conversión de EC en comercializadora de referencia y que en el futuro, esas ayudas complementen a las estatales. Eso es exactamente lo que proponen en el escrito que entregaron en el Ayuntamiento el 12 de diciembre del año pasado y que, a día de hoy, no ha tenido aún respuesta.

Acceder al bono estatal sería posible en cuanto que EC se convirtiese en comercializadora de referencia, algo que puede hacer al reunir los requisitos establecidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo. El informe de la federación vecinal sostiene que los cumple todos. Y para poner en marcha el bono local bastaría con impulsar la firma de los convenios necesarios entre la suministradora y la Fundación EC y de ésta con la comercializadora, de manera que la primera financie el coste del bono a la última a través de la de enmedio. Eso sí, habría que convencer al presidente de la fundación, que se resiste alegando una cuestión de carácter fiscal seguramente subsanable, siempre que se quiera subsanar.

Pero ¿por qué cambia de opinión un colectivo que participó activamente en la Mesa de Transición Energética, como tantos otros, para construir desde abajo el bono social local? Porque todo cambia: En el momento de elaboración y posterior aprobación del bono local en diciembre de 2016, su contenido y propuestas para erradicar la pobreza energética significaron una mejora sustancial respecto al bono estatal de 2009. Aprobado el nuevo bono estatal, vigente desde octubre de 2017, su contenido supera en derechos al anterior, pero también rebasa "en varios aspectos al de EC", de manera que "supone un avance en el reconocimiento del derecho a la energía", dice textualmente la federación vecinal.

Sin embargo, el colectivo sostiene que la aprobación del nuevo bono estatal "ha provocado una situación discriminatoria y claramente perjudicial para EC, que tiene que financiarlo, pero no puede concederlo a quienes tengan contratada la electricidad con ella". Y esta circunstancia puede conllevar que muchos de sus clientes que quieran acceder al bono estatal contraten con otras empresas, con la consiguiente pérdida de beneficios, un hándicap al que se refirió expresamente hace unos días la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández. Parece claro que eso no sucedería si desde EC se facilitase el acceso al bono estatal.

Tampoco ve admisible el colectivo que el Ayuntamiento deba asumir el coste del 50% de las ayudas concedidas a los consumidores considerados vulnerables severos atendidos por los Servicios Sociales y perceptores del bono estatal. Pero aun así, concluyen que el coste que deberían asumir el Ayuntamiento y EC sería inferior cuando la empresa gaditana pueda conceder el bono estatal.

Por último, la federación vecinal rechaza de pleno que la Fundación de Eléctrica de Cádiz haya impedido la entrada en vigor del bono local, a causa de la negativa de su presidente a firmarlos, según sigue argumentando Fernández, por la posibilidad de incurrir en alguna ilegalidad. Precisamente el convenio propuesto entre la suministradora de EC y la Fundación plantea la complementariedad del bono local respecto al estatal.

En resumen, ¿por qué es mejor el bono estatal que el local y por qué lo óptimo es que ambos sumen, a juicio de 5 de abril? Primero y principal, porque en el estatal -insistimos: el único vigente ahora mismo-, no se contemplan cortes de suministro entre los consumidores vulnerables severos, que sí son posibles con el bono local en el caso de que no se cumplan criterios de eficiencia energética. "Perseguir que se ahorre energía entre las personas que tienen menos recursos en Cádiz, la mayoría habitantes de casas oscuras y precarias en cuanto a condiciones de aislamiento térmico y sin posibilidades de comprar electrodomésticos de máxima eficiencia es muy duro", comentan Campos y Montaner.

Segundo, porque el estatal bonifica un abanico de potencias máximas contratadas que en su término medio contempla los al menos 4,5 kw que requiere una familia de cuatro miembros para vivir dignamente. "Con los 2,3 kw del bono local sólo se podría tener enchufado el frigorífico, poner la lavadora y encender un pequeño calefactor", asegura el ingeniero.

Tercero, porque el estatal "es mejor en todos los casos, salvo en aquellos hogares de cinco personas o más sin menores, ni discapacitados ni víctimas de malos tratos, perfil que sí cubriría el bono local", según explica Montaner. Y cuarto, porque el estatal contempla un 25% de descuento para todas las familias numerosas, sean cuales sean sus condiciones económicas.

"Aquí, en el fondo, lo que hay es un problema de orgullo paternal y de rédito político", concluye Montaner. "Y eso no puede ser porque está en juego la vida digna de miles de familias", remata Campos.