Bruno García ofreció quedarse con el suelo para el Hospital de Cádiz y dejar a Zona Franca un terreno para viviendas y dotacional

La sorpresiva apertura de la Caja de Pandora por parte de la consejera de Salud, Catalina García, sobre el futuro del Hospital Regional de Cádiz, y la posterior intervención del alcalde de la capital Bruno García, ha revuelto el ambiente político de la ciudad, especialmente en un tema tan delicado y polémico como es el del complejo médico, la gran promesa del PSOE en 2004, después incumplida, y cuyo testigo cogió el PP andaluz en 2019, y que aún no ha resuelto.

En estos últimos años, todo se movía sobre cómo cerrar el acuerdo entre Junta y Zona Franca para que la primera fuese propietaria del suelo donde se pretende construir el hospital. Sin embargo, como ya adelantó este diario, en esta ecuación ha entrado el Ayuntamiento de Cádiz, trastocando todo lo dicho hasta ahora.

Todo empezó, aunque entonces buena parte de los actores de esta historia desconocían cómo iba a acabar el proceso, cuando el alcalde de Cádiz, Bruno García, planteó el pasado diciembre al delegado del Estado de la Zona Franca, Fran González, una propuesta para reactivar el proyecto del Hospital Regional.

Hasta ese momento, y aún hasta ahora, la Junta no había atendido las demandas del Consorcio a la hora de cerrar un acuerdo para permutar el suelo previsto para el centro médico, en Puntales, con propiedades de la administración regional en la Bahía de Algeciras, lo que hubiera solventado todos los problemas que inicialmente paran el desarrollo de este equipamiento.

La propuesta que en ese momento planteó el alcalde al Fran González, en un encuentro en el que no se indicó que fuese la opción única y excluyente para el cambio de propiedad del suelo, fue descartada desde el primer momento por la Zona Franca, al considerarla inviable.

La intención del Ayuntamiento era quedarse con la propiedad de los 32.852 metros cuadrados de la antigua CASA. El coste de este terreno, en manos del Consorcio desde hace más de dos décadas pero sin poder darle uso alguno, fue de 9,5 millones de euros, cantidad que se eleva en 2 millones más si se suma los costes de mantenimiento y del pago del IBI en este periodo de tiempo. Estos 11,5 millones de euros se disparan hasta algo más de 19 millones de euros si atendemos a la tasación con precios de mercado.

Esta sería la cifra que, inicialmente, debería de pagar el Ayuntamiento para hacerse con el suelo y, después, cederlo de forma gratuita a la Junta de Andalucía. Evidentemente es una cifra inviable para la hacienda local, y más cuando ha destinado buena parte del remanente de tesorería a recortar deuda bancaria.

Así, la propuesta que trasladó Bruno García al delegado de la Zona Franca consistía en asumir la propiedad de una parte del terreno, dejando una pastilla del mismo en manos del Consorcio, para su desarrollo inmobiliario.

Hay que tener en cuenta que de los 32.852 metros cuadrados de suelo, entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados de destinan a viario y a espacios públicos, por lo que el terreno hospitalario quedaría más limitado. Y más aún, si se dejase en manos del Consorcio una parte del mismo, como forma de pago.

El Plan Funcional del Hospital, sobre el que se basará el proyecto urbanístico del centro médico si este se ejecuta, maneja una ocupación de 200.000 metros cuadrados de uso asistencial (no de parcela). Es decir, que la parcela sin el trozo para la Zona Franca podría ser insuficiente para las necesidades del SAS.

Este es uno de los aspectos que el Consorcio puso en duda tras la propuesta presentada por Bruno García. El temor de que la Junta pusiese como excusa este recorte en el suelo, por el terreno en manos de la Zona Franca, para justificar que no se ejecutase el proyecto del Hospital Regional de Cádiz.

En este encuentro entre Ayuntamiento y Consorcio, este último organismo dejó claro que en un posible acuerdo debía de estar presente la administración regional, para que garantizase la construcción del complejo médico.

La otra cuestión, del plan municipal, que alertó a la Zona Franca fue la edificabilidad que sería necesaria en la pastilla que, según el mismo, seguiría en manos del organismo estatal, para darle viabilidad y así recuperar la inversión realizada en estos años. Serían auténticos rascacielos, por los propios límites del terreno, con la propia duda que genera ver la evolución del mercado inmobiliario en los próximos años. Hay que tener en cuenta que desarrollar un acuerdo de estas características supondrían varios años de gestión administrativa, además de la necesidad de modificar el PG