El CGPJ investiga al titular del Juzgado número 3 de lo Social

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra investigando al titular del Juzgado número 3 de lo Social de Cádiz, Francisco de Borja Derqui-Togores, a raíz de una denuncia presentada por la secretaria judicial del mismo en el que le acusa, entre otras cuestiones, de desconsideraciones, de tener un alto nivel de absentismo y de suspensiones por providencia "sin motivación jurídica".

El servicio de inspección del CGPJ visitó ayer el Juzgado y volverá a hacerlo hoy donde está tomando declaraciones y está viendo in situ los problemas de los que se habla en la denuncia.

Por un lado la secretaria judicial se refiere a un "alto nivel de absentismo" . En este sentido afirma que los días no previstos como de vistas, es decir, los martes y los jueves, "de todas las semanas del año 2013, el magistrado no comparece al órgano judicial en horario de mañana". También se le acusa en la denuncia de falta el día de un juicio "sin dejar ni tan siquiera un teléfono de contacto para su localización por parte de esta secretaria ni dar previo aviso de índole alguna". Asimismo afirma que no tiene fijado un horario de audiencia pública "lo que dificulta la normal tramitación de los asuntos, al no conocer si acudirá o no ese día al Juzgado, ya que no lo hace con asiduidad, desatendiendo sus funciones".

En cuanto a las desconsideraciones se habla de un suceso en el que el magistrado llama "mentirosa" a la secretaria judicial y pone en cuestión su competencia profesional. Esto es sólo uno de los hechos que afirma que de manera continuada viene sufriendo y que supuso una baja médica.

"A ésta le voy a meter un paquete, le estoy preparando una que se va a enterar". Esa frase viene entrecomillada en la denuncia y añade que "ha estado difundiendo informes falsos y nocivos sobre mí por todo el partido judicial". A ello se le une que "ya en el pasado me amenazó con denunciarme si no rompía las citaciones que el conjunto de la Oficina Judicial cursó durante sus vacaciones sin darme motivación razonable para ello". Tiene "un odio irracional y visceral contra mí en el que intuyo algo más subyacente que sinceramente se me escapa".

El tercero de los puntos es el de las suspensiones por providencia sin motivación jurídica. Así, afirma que Derqui-Togores "ha llegado a entorpecer el funcionamiento normal del juzgado, "habiendo suspendido unilateralmente juicios ya señalados por providencia, con todas las partes presentes, por una supuesta falta de tiempo material que a esta secretaria no le consta en absoluto".

El Colegio de Graduados Sociales también ha enviado un escrito a la unidad inspectora del CGPJ, en la que ratifica alguna de las cuestiones planteadas por la secretaria como que "sólo se encuentra presente en sede judicial cuando existen vistas orales" y añade que algunas resoluciones judiciales "adolecen de unos conocimientos fundamentales de la jurisdicción del orden social". Para ello pone como ejemplo el número de sentencias que han sido revocadas a este juzgado en el TSJA y en el Tribunal Supremo.

El Colegio de Graduados Sociales también pone de manifiesto "la falta de entendimiento y comunicación entre la secretaria judicial y el magistrado, algo que está perjudicando al funcionamiento del Juzgado".

Asimismo se pide a a inspección que verifique el trato que el titular del Juzgado le viene dando a la prueba testifical y documental "y lo que es peor, el trato autoritario y peyorativo que ofrece a algunos operadores jurídicos".

Se da la circunstancia de ya en el año 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió un expediente al mismo magistrado cuando este estaba al frente del Juzgado número 4 de lo Penal, cuyo instructor consideró que podía haber incurrido en una "posible falta grave" tras conocer que varios funcionarios y abogados habían expresado sus quejas a causa del modo en el que eran tratados por ese juez. Entonces le atribuían un trato "despótico" y "vejatorio".

En ese momento se consideró que el que el TSJA no era competente en los casos en lo que había indicios de que un juez pudiera haber cometido una irregularidad considerada como grave, por lo que el asunto se remitió al Consejo General del Poder Judicial, que es de nuevo el que tiene que instruir el expediente.