Archivada la denuncia contra ‘Kichi’ por izar la bandera LGTBIQ+ en el Ayuntamiento
Cádiz
La Asociación de Abogados Cristianos llegó a presentar otra querella por desobediencia, tras una orden judicial de retirada
La Fiscalía y el Juzgado entienden que "defender la libertad y la igualdad no puede ser jamás un delito"
Cádiz/El Juzgado de Instrucción número 2 ha archivado la denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, por haber permitido que se izase en la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBIQ+ y otros símbolos de este colectivo el Día del Orgullo.
El juzgado atiende así a la petición tanto la Fiscalía como del propio Ayuntamiento que habían pedido el archivo de la causa al entender que no había indicio de delitos ante la denuncia presentada por la asociación.
Desde el Equipo de Gobierno señalan que “tanto desde la Fiscalía como desde el Juzgado entienden que bajo ningún concepto defender la libertad y defender la igualdad no puede ser jamás un delito”.
El Equipo de Gobierno espera que “tanto la asociación como sus voceros Vox y Hazte Oír hayan tomado conciencia de que la libertad se les queda demasiado grande para interponer denuncias falsas e infundadas”.
En el mes de junio pasado, la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó una querella contra el alcalde de Cádiz, en la que le acusaban de un supuesto delito de prevaricación por izar en la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI, en contra de la doctrina del Tribunal Supremo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, argumentó que una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos. La asociación puso otra querella por el mismo motivo contra el presidente de la Diputación de Valladolid.
Abogados Cristianos solicitó que se dictasen “medidas cautelarísimas para obligar a las dos administraciones a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible”.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz ordenó su retirada, al considerar que este acto iba en contra de la doctrina del TS, pero el Equipo de Gobierno la mantuvo y la asociación interpuso otra querella por un supuesto delito de desobediencia.
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