"Cádiz es ya un parque temático para turistas: se cuestiona el derecho de su gente a la ciudad"

Viviendas turísticas

Una decena de colectivos ciudadanos ven insuficiente el freno a las viviendas turísticas que propone el Gobierno local

Vecinos del casco histórico, ecologistas, consumidores, mujeres y activistas de los derechos humanos presentan una batería de alegaciones

Insisten en la necesidad de una moratoria en la aprobación de licencias e incluso la reversión de las ya concedidas en zonas sobresaturadas

Un cartel aparecido recientemente en las calles de la ciudad de Cádiz. / D. C.
J. M.

26 de agosto 2021 - 19:37

Cádiz/Casi una decena de colectivos ciudadanos han presentado una batería de alegaciones a la propuesta de modificación del PGOU que el el Equipo de Gobierno de José María González llevará a un pleno extraordinario para limitar la proliferación de viviendas con fines turísticos.

Mientras que el PSOE aún no se ha pronunciado sobre cuál será su voto y Ciudadanos y PP ya han manifestado ya su oposición, las asociaciones firmantes ven insuficiente la propuesta del Gobierno local y plantean una moratoria de al menos un año en la aprobación de licencias e incluso la reversión de las ya concedidas en zonas sobresaturadas, previa negociación con los beneficiario. No obstante, se posicionan a favor de la medida.

Estas alegaciones las firman Agaden Ecologistas en Acción, la Asociación Andaluza para el Fomento de la Economía del Bien Común, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA; las asociaciones de vecinos de Cádiz Centro, Gades La Viña y Viento de la Caleta; la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía; la Asociación Sociocultural Mujeres de Acero y el Comité Oscar Romero de Cádiz.

En su escrito los colectivos argumentan a modo de primera alegación que "el mecanismo elegido para poder regular el creciente e incontrolado proceso de proliferación de pisos y viviendas con fines turísticos, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz, es insuficiente para ordenar este fenómeno descontrolado. El todavía vigente PGOU es insostenible ambientalmente y excluyente socialmente; postula una ciudad tipo parque temático, más atenta a sus visitantes que a sus habitantes, mantiene la segregación funcional de sus barrios, sin reequilibrio en cuanto a dotaciones y equipamientos, y privatiza suelo para generar rentas a intereses particulares, con el turismo como casi monocultivo".

"El actual equipo de gobierno local e comprometió en su programa -recuerdan- a una 'revisión participativa del Plan General de Ordenación Urbana en el que se tengan en cuenta, entre otras cuestiones estudios sobre el fenómeno turístico y su impacto en la vivienda". "Se trata de un compromiso incumplido, que imposibiIita dar una solución estable y madura a este preocupante problema de la turistificación que ya sufre la ciudad. La negativa a esta revisión del PGOU es más incomprensible si cabe, puesto que Izquierda Unida, formación a la que pertenece el actual concejal de Urbanismo, formó parte activa de la Plataforma por un PGOU alternativo, que defendía esta revisión global. La habitabilidad en suelo residencial está en peligro, desplazada por la avalancha turística, por lo que establecer límites a la implantación de usos turísticos es una exigencia ineludible".

En segundo lugar alegan que "también carecemos de un Plan Turístico y Hotelero que debiera ofrecer pautas y modelos de la oferta turística que ofrece la ciudad, a pesar de que también está contenido como promesa electoral en el programa de Adelante Cádiz, bajo el epígrafe: 'Elaboración de un Plan Director de Turismo con la participación de todos los sectores afectados, realizando un estudio del impacto ambiental de las actividades turísticas”.

Los colectivos aseguran que "la construcción de apartamentos turísticos a lo largo de todo el Casco Histórico, unida a la proliferación de ofertas hoteleras, está agudizando el angustioso y crónico problema de la falta de viviendas asequibles en la ciudad de Cádiz, tensionando a toda la ciudad, que asiste atónita e impotente a esta modificación rampante de su tejido vital y urbano".

A lo anterior añaden que "una paralización y ralentización en las políticas de vivienda que facilitarían el acceso a una vivienda a nuestros vecinos, convirtiendo Cádiz en un portal temático para turistas. Se está poniendo en cuestión el derecho a la ciudad de sus habitantes, el derecho a la vivienda o la priorización de la calidad de vida, a cambio del lucro aplicado a las actuaciones en materia de vivienda. La ciudad ha dejado de ser el espacio social donde se desarrolla la vida para transformarse en el hábitat en el que los gaditanos tienen que acoplarse al lugar que les deja el mercado. La ciudad se puede convertir en un escenario sin complejos de extracción de rentas y plusvalías, poniendo al urbanismo y al suelo como meros instrumentos para obtener beneficios".

Turistas en Cádiz, en una imagen de hace unos días. / Miguel Gómez

En tercer lugar recuerdan que "el estudio sobre las viviendas con fines turísticos, encargado por el Ayuntamiento de Cádiz a Ibermad y Fernando Visedo, fue publicado en julio de 2019, emplazando al Ayuntamiento a iniciar sin falta esta necesaria regulación. Pues bien, han transcurrido dos años sin que el equipo de gobierno local haya sido capaz de conseguir un compromiso mínimo de limitación en esta oferta desbocada, sobre todo en el Casco Histórico, que concentra más del 75 % de las viviendas con fines turísticos, una tendencia ya incontrolada".

"Los limites que este estudio fijaba para que la presión turística no incidiera de forma negativa en la habitabilidad y en el acceso a la vivienda -argumentan los colectivos- un máximo de un 4% de compatibilidad de usos turísticos en suelo residencial en el cómputo global de ciudad, un máximo de un 8% de compatibilidad de usos turísticos en suelo residencial en el cómputo de cada barrio/distrito, nos parecen no demasiado estrictos, aunque en algunos barrios estén ya sobrepasados".

Expulsión de residentes en favor de visitantes transeúntes

Además, advierten de que "la proliferación, sin una norma de regulación y control de los apartamentos turísticos ya está generando efectos perniciosos para la calidad de vida de la ciudad de Cádiz como son: Un aumento desaforado en los precios del alquiler de vivienda, la expulsión de residentes del Casco Histórico, reemplazados por visitantes transeúntes, la reducción de la oferta para viviendas en alquiler mínimamente asequibles y la desnaturalización de los barrios del Casco Histórico de Cádiz".

"Cádiz, con escaso suelo edificable y sin espacio para crecer, -sostienen- padece el problema de la regularización de las viviendas turísticas con una trascendencia mucho mayor que en otras ciudades, por lo que es perentorio solucionarlo para que el daño no llegue a ser irreversible".

En cuarto lugar, las asociaciones firmantes alegan no estar "en contra de la actividad turística ordenada en nuestra ciudad, pero mientras no contemos con la imprescindible Ordenanza que la regule, necesitamos poner freno a este movimiento especulativo. La paralización en la concesión de licencias para viviendas con fines turísticos es una medida que debe adoptar el Ayuntamiento gaditano con carácter de urgencia".

Pintada en protesta por la proliferación de viviendas con fines turísticos. / Jesús Marín

Tarifas más altas por impacto ambiental

"Mientras no contemos con herramientas vinculantes de limitación y regulación

turísticas, la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de una moratoria en la aprobación de licencias, son respuestas inaplazables". Pero aclaran: "La moratoria no es la prohibición de las viviendas turísticas, sino una medida temporal para poner freno a este movimiento especulativo en tanto no se apruebe la modificación del PGOU y se cuente con una Ordenanza que regule las VFT. En este sentido, aplicar una Ordenanza Reguladora de las Tarifas por servicios de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas de la ciudad de Cádiz a las viviendas con fines turísticos, de forma mucho más gravosa, tiene que ser otra herramienta de control y limitación.

Además, proponen que "en la obligada Evaluación del Impacto sobre la Salud de esta oferta de hospedaje, en cumplimiento del Decreto 169/2014, la Ordenanza ha de estudiar y valorar la incidencia de estos usos turísticos sobre la calidad ambiental y sobre la salubridad de la zona afectada, teniendo en cuenta sobre todo los impactos debidos a ruidos, sobreconsumo de agua y de energía eléctrica, generación de basuras y alteración de la convivencia.

Moratoria y reversión de licencias

Por último, plantean que "al carecer de las herramientas de planificación y gestión ya señaladas, los colectivos abajo firmantes apoyamos la suspensión de la transformación y compatibilidad del uso hospedaje en el suelo residencial, mediante una Modificación Puntual del PGOU, afectando a las licencias urbanísticas que necesiten de la aplicación de los artículos 3.3.10.1, 3.4.30, 4.2.27 apartados 1d) y 4d), 4.2.36 apartados 1d) y 3e), 7.2.10.d), 7.2.13.e), 7.3.9.d), 7.3.11.d), 7.4.9.d) y 7.6.2.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Cádiz vigente, que quedarían suspendidas. El plazo mínimo de suspensión ha de ser un año y el ámbito de actuación el Casco Histórico".

Y añaden que "en el caso de las licencias urbanísticas de ocupación y utilización sobre inmuebles que ya tienen licencia de obra previa, el Ayuntamiento debería negociar con los promotores la reversión de las licencias concedidas en los casos de mayor sobresaturación, buscando alternativas razonables". Además, proponen que "para las licencias urbanísticas en fincas de Grado 0 y Grado 1, las de mayor valor patrimonial y monumental, hay que velar por que esas autorizaciones no pongan en riesgo su valor artístico y cultural".

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