Carpa del Carnaval de Cádiz: El ruido contra el descanso; la fiesta sobre la salud

Cádiz/"Es triste que en un país la idea de fiesta incluya con tanta regularidad la ocupación vandálica de los espacios comunes, el ruido intolerable, las toneladas de basura, el maltrato a los animales, el desprecio agresivo por quienes no participan en el jolgorio: mucho más triste es que la autoridad democrática haya organizado y financiado esa barbarie, la haya vuelto respetable, incluso haya alentado la intolerancia hacia cualquier actitud crítica. Cualquier objeción es una injuria contra la comunidad entera. Y quién se atreverá a disentir desde dentro, a actuar como renegado o traidor y aceptar el ostracismo”.

Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, (Seix Barral, 2013)

Cuando se acercan los segundos Carnavales de un año completamente atípico por el aplazamiento municipal de la fiesta grande gaditana al próximo mes de junio decidido a causa de la pandemia de Covid-19. Cuando ya se celebraron en febrero los auténticos, los callejeros, o rebeldes, como prefieran, sin conflictos y casi sin bajas. Cuando hace algo más de un mes que trompetas y tambores se guardaron hasta la próxima Semana Santa. Cuando no cesan las manifestaciones de uno u otro colectivo maltratado en el entorno de la Plaza de San Juan de Dios. Y cuando las terrazas de bares y restaurantes vuelven a llenarse de residentes y turistas, resucita en Cádiz la polémica sobre la ubicación de la carpa de Carnaval.

Se trata de una edición más de una especie de Día de la Marmota, con versiones locales en otros muchos puntos del país, que viene a consistir en lo siguiente: la autoridad municipal, promotora de esa macrodiscoteca al aire libre que atronará las noches y las madrugadas de buena parte de la ciudad durante diez días seguidos con música ajena a la fiesta grande gaditana, unilateralmente y sin consulta previa a los vecinos que la sufrirán más de cerca, decide dónde la instalará y lo publica junto al anuncio de licitación de la explotación, sin que quepa posibilidad alguna de alegación.

La suerte va por barrios y este año a los vecinos del apacible distrito histórico de Santa María, con una importante población de mayores entre ellos, ha vuelto a tocarles el premio gordo. Esta vez con la bonificación de un acercamiento de más de cien metros a sus casas respecto a la ubicación anterior, de manera que el edificio de la antigua estación de tren ya no servirá de barrera acústica. Con la agravante, además, de que en esta ocasión la carpa, con una superficie de unos 1.800 metros cuadrados, dispondrá de una terraza de otros 1.200. Entre 8.000 y 9.000 personas podrán disfrutar de ella a diario entre el 3 y el 12 de junio hasta el amanecer sin que salten las alarmas de un exceso de aforo. Y con el inconveniente añadido de que las previsibles altas temperaturas obligarán a los residentes a mantener ventanas y balcones abiertos.

Los representantes vecinales del barrio, apoyados por los del centro histórico, no tardaron en manifestar su lógica indignación. Por la decisión, claro, pero sobre todo por la falta de comunicación previa y de consulta de esa decisión. Y como dicta el guión, a renglón seguido, la concejala de Fiestas no se demoró en confirmar que no cabe rectificación municipal alguna. Lola Cazalilla explicó por qué no se volvía a montar en el mismo lugar que en 2020: nos sale 40.000 euros más barato porque este año Adif nos cobra el alquiler, el solar está en obras, obligaban al Ayuntamiento a explotarla y no nos permitían la terraza, dijo. La edil terminó llamando a la imposible calma vecinal respondiendo que la macrodiscoteca municipal no generará más ruido que otros años. Obviando, claro está, el acercamiento en más de cien metros y la nueva terraza, y asegurando que se tomarán medidas para que “el sonido de los altavoces se lance al mar”. Como si el ruido fuese un arma arrojadiza que se pudiese esconder bajo el agua. En esa supuesta trayectoria, si soplase levante, antes tendría que pasar por la Avenida del Puerto, alcanzando también a los vecinos de San Juan de Dios, de Canalejas y la Avenida 4 de diciembre de 1977 (ya muy castigados en años anteriores), de la plaza de las Tres Carabelas y hasta de Diputación y Plaza de España. Eso sin contar con que en esos días también sople poniente y los segundos más damnificados sean los residentes de Bahía Blanca, Astilleros o San Severiano.

Para colmo, desde el Ayuntamiento tampoco tardaron en dejar claro que durante los días que se prolongue la fiesta y esté la carpa instalada se suspenderán todas las limitaciones de ruidos vigentes porque así se lo permite el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que las regula. O sea, que los vecinos no tendrán más alternativas que aguantarse o gastarse los cuartos en el alquiler de un apartamento o un campito en Chiclana o en Puerto Real.

Esta respuesta municipal supone, en definitiva, que la administración que debe controlar y regular el ruido para garantizar el derecho al descanso de los vecinos y su salud en sus propios domicilios promueve y legitima, de manera irrecurrible, el ruido producido en un espacio público urbano y céntrico durante diez noches seguidas en favor de las ganas de juerga no carnavalesca, es decir, no ligada a la fiesta tradicional, de 8.000 o 9.000 personas diarias. En este punto conviene recordar que la carpa generó en 2020 nada menos que 250.000 euros de beneficio al Ayuntamiento. No disponemos del dato de los ingresos que obtuvo la empresa adjudicataria, que más que probablemente volverá a concursar en la licitación, ofertando, presumiblemente, la misma calidad en infraestructuras, servicios, bebidas con y sin alcohol, otros productos y volumen musical que brinda todos los años...

Este periódico ha intentado recabar del Ayuntamiento el momento exacto de la licitación de la explotación de la carpa, que requiere la presentación de un plan acústico previo, así como de la actualización de la normativa municipal sobre el ruido.

Pero, más allá de este episodio recurrente ¿vivimos en ciudades acústicamente sanas? ¿disponen los ciudadanos de suficientes garantías de que se respete su derecho al descanso y a la inviolabilidad del domicilio? ¿Cuáles son las consecuencias nocivas para la salud de una exposición prolongada a demasiados decibelios? ¿Qué hacer cuando el ciudadano se ve agredido?

España es uno de los países más ruidosos del mundo, aunque no el segundo tras Japón, tal y como se sigue difundiendo erróneamente desde hace unos años. Nuestro país supera en 10 decibelios las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según denunció el mes pasado la Sociedad Española de Acústica (SEA), promotora del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido el pasado 27 de abril. Por eso la sociedad llamó a las Administraciones públicas a que revisen sus legislaciones sobre el ruido. La SEA alertó de que que el ruido, no sólo afecta nocivamente a la salud de las personas, sino que causa cada año 12.000 muertes prematuras en Europa –según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente– y contribuye anualmente a 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica. Se trata de una enfermedad producida cuando se obstruyen las arterias que llevan sangre con oxígeno y nutrientes al corazón. Es la afección cardiovascular más frecuente y supone la causa principal de muerte en España, a excepción de las provocadas por el Covid-19 en los dos últimos años.

Las recomendaciones recogidas en el Libro Verde de la Comisión Europa de 1996, amparadas en la Ley del Ruido de 2003, “aconsejan para las áreas de uso residencial un límite de 65 decibelios durante el día y de 55 durante la noche, valores que están basados en el conocimiento sobre el tema de hace casi 30 años y que no se han revisado desde entonces”, advierten desde la SEA.

Alrededor de 9 millones de españoles (3.150.000 hogares) sufren niveles medios de 65 decibelios, mientras la OMS sitúa el umbral saludable por debajo de los 53 de día y de los 45 por la noche, insisten desde esta sociedad científica. Y es que en España, un 68% de las viviendas han sido construidas sin exigencias acústicas. Un porcentaje que se eleva al 93% en las levantadas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.

Como es lógico, las ciudades más grandes son en las que las personas sufren más las consecuencias de la contaminación acústica. Pero sorprende que municipios gaditanos figuren también en puestos de cabeza en estudios sobre núcleos urbanos con mayor porcentaje de población bajo niveles perjudiciales de ruido. Así consta en uno elaborado por ISGlobal, el Instituto de Salud Globalde Barcelona. Algeciras aparece en el puesto 13 de un total de 749 ciudades europeas y Cádiz, en el 25, con un porcentaje del 97% y del 94,6% de ciudadanos en esa situación, respectivamente. A nivel nacional, la capital gaditana sería la séptima, pero también constan en la lista con porcentajes muy altos San Fernando (88,4%), La Línea (86,7%), El Puerto (70,6%), Sanlúcar (67,9%), Chiclana (63%) y Jerez (61%). En el caso de Cádiz, los autores estiman en un 16,6% la población que se declara muy molesta con ese exceso de decibelios y cifran en cuatro las muertes que podrían prevenirse si se corrigiera.

Las administraciones, principalmente los Ayuntamientos, no terminan de conceder al control del ruido la importancia que se merece: siguen considerándolo una molestia, sin asociarlo directamente con la salud, concluyen desde las dos organizaciones antes citadas. Entre las mayores fuentes de ruido está el tráfico que colapsa la ciudad, las obras sucesivas e interminables obras en la calle; el camión de la basura, la máquina de baldear y los autobuses obsoletos, los ruidos domésticos de los vecinos, algunos bares, algunas terrazas y desde hace algún tiempo, una legión de maletas rodantes, de esas que llaman trolleys... sumen y sigan.

Si bien es cierto que en los últimos años se han acometido en Cádiz varias actuaciones municipales que redundan en ciertas mejoras de la calidad acústica del entorno urbano (declaración de zonas acústicamente saturadas, como la calle Muñoz Arenillas; la instalación de bandas de rodadura en el perímetro del casco histórico; peatonalización, semipeatonalización y calmado del tráfico), las ordenanzas que regulan los niveles máximos de ruido siguen estando completamente desfasadas, tal y como advierte la SEA. De hecho, en enero de 2021, el Pleno aprobó por unanimidad la actualización de dicha normativa. Según se indica en la moción, las ordenanzas que regulan hoy la contaminación acústica en la ciudad datan de 2001, por lo que “ambas están completamente desactualizadas y necesitadas de una adaptación a la normativa actual”. Una de ellas es la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente Acústico y la otra, la Ordenanza sobre Ruidos de Vehículos a Motor y Ciclomotores.

Lucrecia Valverde, la edil que presentó la moción, también hizo hincapié en la necesidad de actualizar el Mapa Estratégico de Ruidos y los mecanismos que permiten su continua revisión para determinar las zonas que están acústicamente saturadas.

Hace ya diez años, en 2012, el Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz (UCA) elaboró un Mapa estratégico de ruido del municipio de Cádiz. Según este documento, entonces la población expuesta a entre 65 y 69 decibelios de media durante el día, la tarde y la noche (Lden) era de 25.200 personas y 14.700 soportaban entre 70 y 74 decibelios (dB). Estamos hablando de casi 40.000 personas, más de un tercio de la población total fuera de la ordenación vigente. Si sumamos las personas que en aquel momento sufrirían niveles de ruido superiores a los 55 dB, sumarían 90.400, casi un 73% de la población. Curiosamente el estudio no detectaba ninguna población sometida a más de 75dB y la fuente del ruido era casi exclusivamente el tráfico rodado.

El Plan General de Ordenación Urbana contiene una prolija Memoria de Zonificación Acústica que recoge Zonas de Protección Acústica Especial, Zonas de situación acústica Especial, y Zonas Acústicamente saturadas. En él se describen hasta 22 Zonas de conflicto, si bien se especifica que ese conflicto no es permanente.