Carranza se le vuelve en contra al Ayuntamiento

La ley incumplida por querer hacer cumplir la ley. El intento del equipo de gobierno de cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza en base a la Ley de Memoria Histórica se le puede volver en contra con otra ley en la mano, la de Protección de Datos. Y es que al Ayuntamiento se le han abierto varios frentes en este sentido.

En primer lugar, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento un informe sobre el procedimiento seguido para esa votación ciudadana que debía elegir el nuevo nombre del estadio (que hace ya tres semanas que concluyó sin que hasta la fecha haya noticias sobre el resultado). Quiere saber esta ‘filial’ de la Agencia Española de la Protección de Datos qué tiene que decir el Consistorio sobre “las circunstancias expuestas y las medidas, que en su caso, se hayan podido adoptar”.

Conviene recordar en este punto que el procedimiento anunciado por el Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a comprobar en el padrón municipal los datos aportados por los participantes a través de una web de Onda Cádiz, fue denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos al considerar que la administración local no puede realizar esa incursión en el padrón. Y esta agencia ha dado traslado de la denuncia al consejo andaluz, responsable de estas cuestiones en el ámbito de la región.

Tiene el Ayuntamiento ahora que enviar informe a ese consejo andaluz relativo al procedimiento seguido en esa votación ciudadana para que, a raíz de esa respuesta municipal, el organismo autonómico tome alguna determinación a este respecto.

En segundo lugar, este procedimiento ha sacado a la luz una carencia en el organigrama del propio Ayuntamiento que ayer mismo denunciaba Ciudadanos. En concreto, se trata de la ausencia de la figura de un delegado de Protección de Datos en el Ayuntamiento, creada en 2016 y aplicable desde 2018 para todas las administraciones y también para entidades y empresas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Cádiz carece de técnico que cumpla esta función; “y, por tanto, los datos personales de los gaditanos no están protegidos”, denuncia la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, advirtiendo de una posible sanción por esta carencia. Asegura la concejal que el proceso del Carranza no ha estado acompañado de un informe jurídico que avale esa consulta al padrón anunciada por el equipo de gobierno, lo que considera una “osadía” y que deja a los ciudadanos empadronados “sin garantías jurídicas”. Por tanto, “el procedimiento empleado por Adelante Cádiz para cambiar el nombre del estadio ha servido para visibilizar que los datos de los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz no están protegidos”, denuncia Ciudadanos.

“La situación es grave y muy preocupante, y el equipo de gobierno debe dar una explicación pública a todas y cada una de las personas empadronadas, además de al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con el que se muestra esquivo”, ha trasladado Lucrecia Valverde, que ha exigido “la inmediata incorporación de la figura legal del Delegado de Protección de Datos que controle y proteja los datos personales de los gaditanos”.