De Castro culpa de lo ocurrido en Rilco a los abogados del Estado

Manuel Rodríguez de Castro dirigió la Zona Franca como delegado del Estado entre los años 1996 y 2001 hasta que dimitió. Al final de ese período fue cuando se creó Rilco, la plataforma electrónica para fomentar el comercio con Iberoamérica que ha acabado en los tribunales con el propio Rodríguez de Castro como acusado por varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, y por los que se le piden 10 años de prisión. Sin embargo, a tenor de lo que declaró parecía que el poder no lo tenía el sino los abogados del Estado que le asesoraban en la toma de decisiones.

Manuel Rodríguez de Castro desarrolló toda su declaración en base a que todo lo que se hacía en la Zona Franca era a instancias de los abogados del Estado, uno de ellos José Aurelio Ruiz Piña, presente en la sala como acusación particular, y el otro Manuel Ponce, que tendrá que declarar más adelante como testigo.

Explicó que él confiaba "ciegamente" en los abogados del Estado, que estos hicieron "el diseño último de las cosas" y que a él no le "quedaba otra" que asumir sus propuestas "porque a veces utilizaban unas fórmulas un poco amenazantes".

De hecho, dijo que había presentado ante el Tribunal de Cuentas un recurso de amparo porque aseguró que lleva 13 años "sufriendo torturas por parte de la Abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia Tributaria, una persecución perversa". El presidente de la sala le llegó a advertir que lo que dijera allí podía tener consecuencias para él en el futuro y le aconsejó que midiera sus palabras.

Ese discurso lo repitió hasta la saciedad y cualquier decisión o paso por el que se le preguntaba, por ejemplo, cuando se le pagó a Miami Free Zone, la empresa que desarrollaba la plataforma informática, dos facturas cuando todavía no se había hecho prácticamente nada, respondía que así se lo habían aconsejado los abogados del Estado.

Esta fue una de las constantes en la declaración. La otra es la de poner en duda la autenticidad de cada uno de los documentos que se le presentaban a modo de prueba: "Esta no es mi firma, señoría". Por ejemplo, cuando se le enseñó el contrato que se firmó con Sainco para el proyecto FAN, es decir, el desarrollo de un prototipo inicial para Rilco, dijo que "dado que no reconozco mi firma, puede que el documento sea falso y se haya añadido lo que se haya querido añadir".

Otro documento, un informe que se pidió para reconocer la solvencia profesional de Sainco. Se le enseña y tampoco lo reconoce: "Me da la impresión que es un documento añadido posteriormente por los abogados del Estado".

Rodríguez de Castro hizo mención a un robo de documentación que se produjo cuando era delegado del Estado en la Zona Franca y que denunció a su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, también imputado en la causa, cuando éste era subdelegado del Gobierno. "Son documentos que vuelven a aparecer ahora manipulados" y entre ellos citó a informes de los abogados del Estado y de viabilidad entre otros.

La declaración siguió la misma línea de acusaciones hacia los letrados estatales. En un momento dado, José Aurelio Ruiz, llegó a sonreír por alguna de las contestaciones del ex delegado del Estado de la Zona Franca. Con un torno firme se dirigió a él preguntándole si se estaba burlando.

Manuel Rodríguez de Castro no entró casi nunca en el fondo de los asuntos, de tal manera que intentaba aparecer como un rehén de los abogados del Estado y prácticamente no aclaró nada, sobre todo cuando le preguntaba el fiscal. Dijo de ellos que "estaban cobrando un dineral todos los meses y se vendían como los mejores abogados para todo. Siempre tirábamos de ellos".

En este sentido dijo que todos los pasos que se dieron "lo hicimos con la tranquilidad de que hacíamos lo correcto. Ellos nos inspiraron confianza hasta el último momento". Y siguió hurgando en lo mismo al decir que a pesar de "sus indicaciones legales" durante todo estos años, "a partir de 2004 se convierten en los peores enemigos de sus asesorados. Yo no sé si los amenazaron o qué pasó".

Dentro de esa misma línea argumental trató de que los presentes tuvieran una idea de cómo eran los abogados, "ya que tenían una cierta soberbia de que lo sabían todo y que los demás éramos unos incompetentes". Encima, para su gusto cree que cobraban demasiado, unos 3.000 euros mensuales, "por una asesoría no muy buena para mi gusto" y que además les daba "libros, regalos, una pata de jamón en Navidad y todo lo que me pedían para que estuvieran contentos".

Pero sobre temas concretos y las preguntas que se le hacían casi siempre desviaba la atención. De lo que se pudo extraer es que asegura que "jamás toqué el dinero", que tampoco nunca redactó un contrato y que esto correspondía a los abogados del Estado y que su actuación administrativa y a la hora de hacer negocios en este tema "fue impecable. El resto lo manejaban estos señores".

Con respecto a los dos primeros pagos que se le hicieron a Miami Free Zone cuando todavía no estaba casi hecho "fue porque nos indicaron que se podían perder las ayudas reembolsables que nos había dado el Ministerio".

También aseguró a lo largo de su declaración que no tuvo negocios directos antes con los Leiva, los dueños de Miami Free Zone, ni posteriormente, cuando se hizo con dos sociedades de los mismos pagando un dólar por cada una de ellas. Sin embargo, según su versión, cuando él entró, los Leiva salían de la misma y nunca coincidieron.

También se le preguntó por su situación personal. Declaró que después de haber trabajado en distintas empresas, como las de los Salinas de Gortari en México, entre otras, salieron en los medios de comunicación noticias que le afectaron "como que estaba en busca y captura por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, cosa que después se demostró que no es cierta". Sin embargo, todo esto le ha llevado a la ruina y ahora, según su versión, se encuentra viviendo en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con sus padres.