Cero en vivienda

"Si no se construyen pisos protegidos será imposible atender a las necesidades de los ciudadanos con menos ingresos, por lo que la vivienda seguirá siendo uno de los grandes problemas de Cádiz". La reflexión, cargada de lógica, la realiza un experto en el sector inmobiliario de la capital que ve con preocupación la situación que atraviesa una ciudad donde el histórico déficit de viviendas se ha agravado ahora por una crisis económica que ha tocado de lleno a quienes hasta ahora podían afrontar el pago de alquileres que han pasado a ser inasumibles por los recortes salariales sufridos o por el paso al desempleo de los cabezas de familia.

"Desde hace años no se visan en la Demarcación de Cádiz del Colegio de Arquitectos proyectos de vivienda protegida en la capital. Y por el momento no hay voluntad de cambiar esta situación. Por parte de la iniciativa privada llevamos al menos tres años sin visar nada, y peor va con la inversión pública, donde no se han promovido nuevos expedientes que no hayan obtenido el visto bueno hace años y que estaban paralizados", se lamenta a su vez el decano de este Colegio, Víctor Gómez.

A lo largo de las últimas semanas, las páginas de Diario de Cádiz se han llenado de informaciones relacionadas con desahucios y desalojos, con denuncias por la continuidad de la lacra de la infravivienda en el casco antiguo, con enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Junta sobre las políticas de vivienda que se hacen, o no se hacen, en la ciudad. Un debate hasta en el que ha participado el Defensor de Pueblo Andaluz. Es la realidad más acuciante de la capital. De difícil solución, por lo menos a corto plazo, que es lo que se demanda desde los sectores más afectados.

Entre ellos, los cerca de 4.000 demandantes de viviendas protegidas de alquiler que están inscritos en el Registro Público Municipal, que incluye a todos los que necesitan con urgencia una casa en condiciones donde vivir. O por lo menos así debería de ser pues algunos de los vecinos que han trasladado a la opinión pública su situación, en algunos casos con amenazas de quemarse a lo bonzo, han optado por no apuntarse en una lista que es fundamental para conseguir un piso público.

Estas cuatro mil familias son las que más necesitan esta residencia. Hay otros, algo más de dos mil, que están apuntados a operaciones de alquiler con opción a compra o en venta, pues aún disponen de ingresos para afrontar estos gastos. Aunque es cierto que en este listado hay residentes en otras localidades de la Bahía (el demandante se puede apuntar en tres localidades a la vez), llama la atención que en Sevilla, con 6 veces más de habitantes que Cádiz, hay 12.000 apuntados en su listado, apenas tres veces más que aquí.

Los analistas consultados, y una visión de la propia realidad de los últimos años, dejan claro que la ausencia de nuevas construcciones en estos años ha provocado una situación insostenible. Entre el Ayuntamiento y la Junta se gestiona un parque público de algo más de 3.000 viviendas en alquiler (que hasta hace mucho fue superior, antes de que una parte del mismo se vendiese a sus inquilinos). Los precios que pagan los vecinos son ínfimos. En algunos casos, incluso, no se llega al euro al mes, lo que no impide que exista una cierta picaresca entre algunos residentes, que acumulan años y años sin pagar, aún contando con propiedades como embarcaciones de recreo, como se constata desde la Junta de Andalucía.

Todas estas casas de titularidad públicas están ocupadas y cuando quedan libres, por el fallecimiento o la marcha del inquilino rápidamente se ocupan siguiendo el orden del listado del Registro Público (que utiliza también los promotores privados si construyen viviendas protegidas).

La ecuación es sencilla: si no hay pisos libres en el parque actual y hay una necesidad perentoria de ellos, la solución sería construir más. Pero el sector de la construcción pública se ha parado de forma abrupta. Hemos pasado de contar con numerosos proyectos en marcha, tanto en el casco antiguo como en extramuros (ahí está la agilidad con la que se urbanizó el barrio de Astilleros), tanto de la Junta como del Ayuntamiento, a una sequía casi absoluta, hasta el punto que actuaciones que hoy están en marcha, como la de San Juan, fueron diseñadas y aprobadas hace cerca de una década.

No hay perspectivas de cambios. El Ayuntamiento afronta ahora la operación en el solar de la Guardia Civil, pero la mayor parte de los pisos servirán para el realojo de los afectados por la construcción de la avenida transversal y otros saldrán en venta. Tiene una promoción de pequeño calado en Abárzuza que está pendiente de la urbanización exterior, pero nada más. La Junta, por su parte, más allá de San Juan anuncia ahora, frente a lo previsto en un principio, que intentan recuperar la construcción de nuevas promociones.

Más allá de prioridades en el gasto público, lo cierto es que la mayor parte de las normas legales relacionadas con la viviendas hoy vigentes no favorecen las promociones de pisos protegidos. El mismo Ayuntamiento de Cádiz pedía hace unos días, cuando anunciaba su intención de asumir con sus fondos la construcción de la segunda fase del Matadero (102 pisos), que para ello necesitaba contar con subvenciones de las administración regional y estatal. Lo cierto es que el Gobierno Central, en su Plan de Viviendas no favorece el desarrollo de esta modalidad de casas, como se denuncia desde el Colegio de Arquitectos. Como fichas de dominó, el problema pasa a la Junta, cuyo último Plan terminó su periodo de vigencia en 2012 y tiene el nuevo aún en fase de borrador y donde la nueva filosofía es centrarse en el mantenimiento de lo ya existente y en favorecer la relaciones entre vecinos. Y como última pieza, el Ayuntamiento, sin capacidad financiera ni ayudas procedentes de las dos administraciones que están sobre ellas y dedicando el gasto a atender a los problemas sociales de la ciudad, muy necesarios, y a algunos proyectos urbanísticos que no son tan prioritarios.

A falta de dinero público la respuesta sería acceder a la financiación bancaria. Un milagro para muchos. La misma alcaldesa, Teófila Martínez, recordaba hace unos días cómo el Ayuntamiento había invertido dos años en las negociaciones mantenidas con una entidad bancaria para obtener financiación para la operación de la Guardia Civil. Y eso que el gobierno de la capital tiene fama de buen pagador por lo que respecta a las deudas bancarias. En la otra punta, el mismo delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, también reconocía esta misma semana lo difícil que estaban conseguir dinero de los bancos para poder reactivar proyectos en intramuros.

Además de la prudencia bancaria para soltar dinero ante la delicada situación financiera de las administraciones, algunos apuntan también a la necesidad de los bancos de sacar al mercado con éxito el importante stock de pisos que han acumulado en estos años de crisis, aunque lo cierto es que esta situación apenas se da en la ciudad de Cádiz.

En todo caso, aún cuando hoy mismo se reactivasen algunas operaciones, incluso en algunas donde ya se cuenta con un proyecto previo, los nuevos edificios no estarían terminados hasta al menos dos años, lejos de ser una solución a un problema de urgencia.

La otra pata sería la salida al mercado de varios miles de viviendas que, según el INE, están vacías. Son algo más de 6.000, pero fuentes municipales consideran que más de 2.000 pertenecen a vecinos de otras ciudades de todo el país que la tienen como segunda residencia en nuestra capital. En el resto se incluyen también varios centenares de pisos que se encuentran en muy mal estado de conservación aunque no impide que estén en el mercado de alquiler con precios abusivos.

No existe hoy día un marco legal que obligue a los propietarios a poner en el mercado todos estos pisos con alquileres asumibles. Las inmobiliarias consultadas reconocen que los precios en Cádiz están entre los más altos de las capitales españolas. El recurso municipal de requerir obras de mantenimiento (fue una de las primeras ciudades en poner en marcha la ITE) no parece que funcione en casos como los denunciados recientemente.

Con todo ello, salvo que la situación económica mejore de forma rápida a corto plazo y la cifra de desempleo en la ciudad, más de 17.000 parados, baje también de forma notable, permitiendo a cientos de familias gaditanas salir del pozo en el que viven, nada hace indicar que la vivienda en Cádiz deje de ser un problema a corto o medio plazo.