La Ciudad de la Justicia de Cádiz ya cuenta con una propuesta privada para su construcción

La Junta de Andalucía ya cuenta con una propuesta para hacer viable la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. La operación público-privada que anunció el consejero José Antonio Nieto hace meses se ha plasmado con un proyecto presentado por las empresas Iridium, Martín Casillas y Carmocon, que supondría un coste de 175,5 millones de euros que la Junta pagaría durante los próximos 27 años, a razón de 6,5 millones de euros anuales; a lo que se sumará la rehabilitación de las actuales edificaciones.

La propia administración andaluza ha avanzado la propuesta que ya están estudiando los técnicos de la Consejería de Justicia y que propone "un emblemático edificio de nueva planta compuesto por tres torres de ocho plantas, más una bajo rasante, conectados pero independientes y cuyo diseño permite liberar espacio para crear una plaza pública que facilitará la conexión con la zona, abriendo así el complejo a la ciudad".

El planteamiento que estudia la Junta es, por tanto, utilizar las edificaciones ya previstas en el antiguo espacio de Tabacalera (esto es, algunas de las naves, el edificio de los antiguos almacenes, que ahora han denominado 'Depósitos 1961' y las casas de los ingenieros), sumando este edificio de nueva construcción que se levantaría sobre la parcela de 7.802 metros cuadrados que se incluía dentro de esos más de 20.000 metros cuadrados de superficie destinada al equipamiento judicial.

Según explica la Junta, la propuesta recibida permitiría "una sucesión de zonas libres desde la Plaza Campo de la Aviación hasta los jardines de las naves históricas, con lo que se ganará en continuidad visual y un espacio abierto". De este modo, la Ciudad de la Justicia serviría también de conexión entre los barrios de La Laguna, Loreto y Puntales, "pues persigue ser un espacio que se integre en la ciudad".

6,5 millones de euros anuales

La fórmula que plantea la Junta es aplicar la figura jurídica de "concesión de obra pública" a la construcción de este nuevo edificio. Y en el resto de edificaciones ya existentes, que tienen que ser rehabilitadas, se usarán fondos europeos.

Este contrato que presumiblemente firmará la Junta con esas tres empresas que se han unido para construir la Ciudad de la Justicia "comprendería la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio, su construcción y puesta en servicio y la explotación de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación del inmueble, la recogida de residuos, tratamientos de desinfección y desratización, la monitorización del consumo energético, así como las reposiciones de elementos de la infraestructura durante el tiempo de la concesión".

A cambio, la Junta abonará un canon propuesto de 6,5 millones de euros durante 27 años. Es decir, que la construcción del edificio se elevaría hasta los 175,5 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de la rehabilitación de las edificaciones ya existentes así como del correspondiente mobiliario que se habilite para el nuevo uso judicial.

En ese canon anual estaría incluido la construcción, explotación, financiación y seguros de este nuevo edificio, que transcurridos esos 27 años desde su primer uso revertirá a manos de la administración andaluza.

Desde la Junta se valora positivamente esta fórmula, ya que permite reducir los plazos de una tramitación ordinaria, "lo que lo convierte en la fórmula idónea para que este tipo de grandes equipamientos, prometido desde hace décadas, salga adelante" y, además, permite desarrollar este proyecto "sin generar deuda pública".

El proceso a seguir

Una vez recibida esta propuesta por parte de inversores privados, el primer paso es el análisis técnico de este Estudio de Viabilidad que ya está realizando el personal de la Consejería. Una vez sea revisado, desde la Junta se informa que será publicado en el BOJA para su exposición pública y presentación de posibles alegaciones al proyecto, que en última instancia tendrá que ser aprobado por la Oficina de Evaluación Financiera de la Consejería de Hacienda para constituir una sociedad concesionaria que será la titular del contrato que suscriba la Consejería de Justicia y que permitirá, al fin, desbloquear este proyecto urbanístico.

No se marca la Junta, por ahora, plazo alguno en el que toda esta tramitación pudiera estar terminada, limitándose a incluir la Ciudad de la Justicia de Cádiz en el Plan de Infraestructuras Judiciales que tiene diseñado para el período 2023-2030 y que cuenta con "una movilización de más de 1.500 millones de euros".