Costas intuye fraude de ley en la gestión del uso de los chiringuitos

Cádiz/Falta de información, fraude de ley, vulneración normativa, cambios de titularidad nulas de pleno derecho, incumplimiento del PGOU o inexistencia de documentación. Éstas son algunas de las irregularidades que enumera en un informe al que ha tenido acceso este Diario la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, en la gestión, por parte de Junta y Ayuntamiento, de la concesión de los diez chiringuitos de las tres playas de Cádiz que cuentan con estos establecimientos. Este análisis es una intuición, ya que reconocen carecer de todos los documentos pese a haberlos solicitado en numerosas ocasiones.

Los técnicos de este departamento abarcan un periodo que arranca en el año 2013 y llega hasta la actualidad. Esta es la fecha en la que el Ayuntamiento obtiene la concesión de dominio público para los chiringuitos y el inicio de una complicadísima maraña legal que mantiene a estos empresarios en vilo sobre la seguridad jurídica de sus negocios. Precisamente, durante todo este proceso, lo que han pretendido es adecuarse al nuevo Reglamento de Costas, algo que a día de hoy aún no parece que lo hayan conseguido.

En este informe Costas analiza los pasos administrativos que se han dado y que, en un plano paralelo, han acabado con la presentación de una denuncia por parte del grupo municipal Ciudadanos contra el mismo alcalde José María González por prevaricación. Según Ciudadanos, el alcalde se habría saltado el obligado concurso público a sabiendas en las concesiones. El informe de Costas ni mucho menos va tan lejos, pero sí analiza las circunstancias de un proceso que ha generado polémica al haber convertido algunos establecimientos efímeros y playeros en, de facto, restaurantes permanentes de costa.

Costas hace constar a lo largo del informe que, pese a que lo demanda, no consigue que se le dé la información solicitada. Es el caso de la petición en 2016, que se trata de una modificación por ampliación para la ocupación con terrazas anexas de ocho de los diez chiringuitos, que funcionan no como concesiones, sino como terceros, ya que la concesión propiamente es del Ayuntamiento. En dos años Costas nunca tuvo los expedientes sobre estas ampliaciones y el año pasado por estas fechas, en plena temporada de verano, se tuvo que dirigir a la Junta para recordarle que las competencias de los chiringuitos eran suyas.

En esa ocasión se le pidió a Costas que se pronunciase sobre el Plan de Explotación de Servicios de Playa. En este plan se contemplaba una ampliación con la inclusión de terrazas desmontables destinadas a uso hotelero anexas a los chiringuitos de playa. Ya advirtió Costas que se podía estar cometiendo un fraude de ley y la vulneración de, al menos, dos artículos del Reglamento General de Costas.

Lo que estaba sucediendo era que los empresarios de los chiringuitos, con el cambio de la Ley de Costas de 2013 que modifica la del 88 y que admite ampliación en playa urbana de 150 a 270 metros, pretendían la permanencia durante todo el año. Es el origen de todo. Los empresarios sondearon al Ayuntamiento, que consideró que esto suponía una modificación de las condiciones de la concesión, por lo que habría que sacarlo de nuevo a licitación. Para evitarlo, solicitaron terrazas anexas a los chiringuitos, lo que, según Costas, no dejaba de ser una ampliación encubierta, pero lo cierto es que es autorizado por el plan de playas de la Junta. Es cuando Costas avisa de que es un posible fraude de ley y es cuando Costas le pide a la Junta que no se ponga de perfil.

Lo que sigue a continuación es una serie de conversaciones entre Junta y Ayuntamiento para cambiar la titularidad de los adjudicatarios, de tal modo que la concesión pase del Ayuntamiento a nombre directamente del empresario que vaya a llevar la explotación del chiringuito. Costas vuelve a advertir en su informe que se están saltando varias fases del procedimiento, que se están tomando atajos.

Ese 'atajo' supone que al estar la concesión a nombre del adjudicatario no sería necesario sacarlo a subasta o licitación de nuevo porque el trámite sería solicitar una modificación de la concesión por ampliación y permanencia. El Ayuntamiento, de entrada, acepta el procedimiento para cambiar la titularidad, pero a día de hoy, pese a esa aceptación tácita, Costas no tiene constancia de la existencia de un documento que acredite esa transmisión, pese a que la Junta sí que la da por buena. Dos meses después, las transmisiones se encuentran en ese limbo sin que, por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente (hoy Transición Ecológica) haya interpuesto recurso.

Los técnicos de Costas consideran que todo este follón, complicado de entender incluso para los implicados en este proceso, se podría haber evitado de una forma bastante más sencilla, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Chiclana. Según ellos, se debería haber dado por finiquitada la concesión original y haber sacado una nueva para todo el año. Esto hubiera supuesto que el Ayuntamiento de Cádiz tendría que haber vuelto a sentarse ante la Junta, que en su día ya se enzarzó con el poder local hasta el punto que tímidamente amenazó con revertir la concesión y recuperar las competencias. Pero a partir de entonces, al menos según se desprende del informe de Costas, la Junta ha ido dejando hacer. En cualquier caso, el camino tomado ha llevado a estas transmisiones no documentadas que la Junta acepta y que el Ayuntamiento no acaba de culminar. De hecho, lo admite: no lo ha hecho.

Costas considera que formalmente esa transmisión no se llevará a cabo al no haberse cumplido el trámite de petición de informe a Medio Ambiente y, además, se habría dejado al Ministerio fuera sin que pudiera ejercer su derecho a a tanteo y retracto, por lo que las modificaciones en beneficio de terceros no podrían llevarse a cabo, concluye el documento, que, además, advierte de que se está incumpliendo el PGOU.

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